Detenidos cuatro policías salvadoreños acusados de “exterminar” delincuentes

SAN SALVADOR - Cuatro agentes de la policía salvadoreña, todos pertenecientes a las Unidades de Investigaciones Criminales (UDIN), fueron detenidos el lunes por la noche (hora local) bajo la acusación de formar parte de una estructura clandestina que opera en el seno de ese órgano de seguridad para dedicarse a la eliminación física de delincuentes en la zona oriental de El Salvador.
En esta región, las pandillas de jóvenes delincuentes conocidas como maras atenazan duramente con extorsiones a empresarios del transporte y a comerciantes de diferentes sectores.
Los capturados, al parecer, participaban en una estructura o “grupo de exterminio” que supuestamente dirigía un sargento policial llamado Nelson Arriaza, que está procesado desde principios de este mes junto a otras dos personas acusadas de varios homicidios “por encargo”.
Este escuadrón de la muerte desarrollaba sus actividades delictivas en las provincias orientales de San Miguel, Morazán y La Unión, todas vecinas y cercanas entre sí.

Trama mafiosa

Los detenidos el lunes fueron los agentes Henry Vladimir Hernández Salmerón, Andy Shefick Cruz Vásquez, Edilberto Paiz Morales y Roberto Carlos Chévez; estos tres últimos formaban parte de la Unidad de Investigaciones (UDIN) de la provincia de La Unión, la más oriental de El Salvador. Hernández Salmerón estaba destacado en San Miguel y se le acusa directamente del asesinato colectivo de tres personas ocurrido en la población de Jocoro, en la provincia oriental de Morazán, el 21 de julio pasado.
En dicha masacre también pudo haber participado el sargento Arriaza, así como el ex agente policial Carlos Chévez (procesado desde principios de agosto por múltiples homicidios). En las investigaciones de dicha masacre se dice que el jefe del escuadrón dejó abandonado su teléfono celular en la escena del crimen, lo que sirvió de punto de partida para iniciar las pesquisas en su contra.
Investigaciones judiciales a las que han tenido acceso medios de prensa revelan nexos existentes entre esta estructura de policías, ex policías y civiles con grupos de empresarios que supuestamente les pagaban para cometer asesinatos. En el expediente abierto a Arriaza se indica que existen pruebas de que constantemente se reunía con grupos de empresarios de San Miguel en restaurantes y bares de lujo, donde supuestamente se planificaban los homicidios. Incluso se revela que el grupo empresarial tenía tanta influencia en los mandos policiales de la región oriental que en una ocasión, en 2006, se impidió el traslado de Arriaza hacia otra dependencia de la Policía Nacional Civil (PNC).
Por otra parte, se ha conocido que los investigadores de la División contra el Crimen Organizado (DICO) que capturaron a los integrantes de este grupo de exterminio han recibido amenazas telefónicas por parte del denominado Comando XGN Maximiliano Hernández Martínez, nombre de un dictador salvadoreño del siglo pasado. Antes de la guerra civil (1980-1992) actuó un escuadrón de la muerte denominado Brigada Anticomunista General Maximiliano Hernández Martínez, que se responsabilizó del asesinato colectivo, en noviembre de 1980, de los líderes del Frente Democrático Revolucionario (FDR), entre ellos el empresario Enrique Álvarez y el campesino Juan Chacón.

Grupos de exterminio

Hace un año aparecieron, en el oeste de El Salvador, varios presuntos pandilleros de las maras asesinados y con comunicados del referido Comando XGN Maximiliano Hernández Martínez. De estas acciones, como la ocurrida el 21 de agosto de 2006 en el caserío La Cuesta, de San Miguel, se responsabiliza al ex agente Carlos Chévez, al parecer mano derecha de Arriaza en la cadena criminal.
En 1996 fue desmantelado, también en el oriente de El Salvador, un escuadrón de la muerte denominado Sombra Negra, que supuestamente asesinó a más de 30 pandilleros y que estaba integrado por agentes policiales. En el proceso judicial se les absolvió por falta de pruebas.
En otras regiones de El Salvador, como en las provincias occidentales de Sonsonate y Santa Ana, también se han denunciado acciones de grupos de exterminio por parte de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), pero la policía nunca respondió a las peticiones de actuación, según la ex procuradora Beatrice de Carrillo. (Publicado en El País, de España).

Autor: Juan Jose Dalton

Fecha: 28 de Agosto de 2007.

Violencia de guerra en El Salvador

El Salvador es el país más pequeño de la América continental, razón por la que la poetisa chilena Gabriel Mistral, premio Nobel de Literatura de 1945, lo bautizó con el apodo de Pulgarcito. Orgullosos, los católicos locales presumen de que su tierra es la única en el planeta que lleva el nombre de Dios. Pero la realidad de esta pequeña nación centroamericana no es en absoluto idílica: las cifras demuestran que se ha convertido en la más violenta y peligrosa de Latinoamérica, con tasas de homicidios que sólo se comparan con las de las situaciones de guerra.

Un informe sobre los homicidios durante el mes de julio ofrece datos reveladores: fueron asesinadas 341 personas, según un análisis conjunto de la Fiscalía General, la policía y el Instituto de Medicina Legal, con lo que el promedio de homicidios diarios se situó en 11. En junio pasado, las autoridades se habían mostrado “satisfechas” porque el promedio había bajado a 8,7 homicidios diarios; hicieron “cuentas alegres” y auguraban una tendencia a la baja debido a lo que denominaban “eficiencia policial”. Durante todo el año 2006 se cometieron 3.928 homicidios, lo que supone un promedio de 10,7 diarios; más del 80% de los homicidios se cometen con armas de fuego.

“Desde mediados de 2003, cuando se inició la etapa de los llamados Manos Duras, los planes con los que se quiso exterminar a las pandillas llamadas maras, las tasas de homicidios comenzaron a incrementarse. En 2003 la tasa era de 34 homicidios por cada 100.000 habitantes —que ya era alta—, pero ha escalado a 55 o más en la actualidad”, explica Miguel Cruz, especialista en violencia de la Universidad Centroamericana (UCA), quien considera que, además del alto número de homicidios, también se registran masacres, ejecuciones extrajudiciales precedidas de tortura, desapariciones y asesinatos con ensañamiento. Como los ocurridos durante la guerra civil (1980-1992).

En 2006, se creía que El Salvador contaba con 7,1 millones de habitantes. En tal caso, con 3.928 homicidios, la tasa se situaba en 55 por cada 100.000 habitantes. Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), las tasas mayores de 10 constituyen epidemias. Es decir, El Salvador no ha salido de una situación “epidémica” en lo referido a homicidios desde 1980, cuando comenzó la guerra civil, durante la cual se cometían hasta 17 homicidios diarios.

"Tasa de guerra"

Sin embargo, a mediados del presente año, el Gobierno de Elías Antonio Saca realizó un censo nacional de población y vivienda. El resultado mostró que la población salvadoreña es mucho menor de lo pronosticado: 5,7 millones de habitantes. Por lo tanto, la tasa real de homicidios en El Salvador fue en 2006 de 68 por cada 100.000 habitantes, cifra que, según los especialistas y los consultores extranjeros en temas de violencia, como el español Enrique Gomáriz y el canadiense Alan Quim, representa una “tasa de guerra”. Y lo peor es que no hay indicios de que la tasa de homicidios tienda a bajar en 2007.

“También existen varios municipios, como Colón, Soyapango, Milagro de la Paz y el propio San Salvador [la capital] donde las tasas de homicidios son claramente de naciones en guerra: más de 100 homicidios por cada 100.000 habitantes”, explicó a EL PAÍS, el canadiense Quim, asesor del Observatorio Centroamericano sobre Violencia, que tiene su sede en El Salvador, como proyecto del Sistema de Integración Centroamericana (SICA). Mientras, Gomáriz afirma que, si se analizan las cifras de homicidios por edades, también se puede confirmar que existen “acciones de guerra contra niños y jóvenes”, especialmente de sexo masculino.

“Para El Salvador es duro compararse con otras naciones vecinas, por ejemplo Nicaragua y Costa Rica, que tienen tasas de homicidios muy bajas. La razón es que en estas naciones existe más prevención social que represión; las instituciones son fuertes y funciona el sistema de justicia”, explica Quim, quien añade que las causas de la extrema violencia en El Salvador están en sus altos niveles de desigualdad, la posesión de armas, el machismo y la deportación de inmigrantes con antecedentes penales desde Estados Unidos, que importan otros modelos de criminalidad.(Tomado de El País, de España).


Autor: Juan José Dalton
Fecha: 26 de agosto de 2007

Condenado a 35 años de cárcel el asesino de dos policías salvadoreños

San Salvador - Mario Belloso, de 30 años, ex militante del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), de El Salvador, fue condenado el miércoles pasado a 35 años de cárcel después de que el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador lo encontrara culpable de haber asesinado a dos policías y de haber herido de gravedad a otros cinco en una manifestación estudiantil que protestaba el 5 de julio del año pasado contra el aumento de las tarifas del transporte público.

Belloso escuchó tranquilo la lectura de la sentencia. Sus familiares lloraron, mientras los fiscales acusadores y los parientes de las víctimas reaccionaron con frustración. “Sinceramente no creo que se haya hecho justicia; se siente coraje e impotencia por este tipo de condenas que imponen los jueces”, señaló una de las familiares de los agentes asesinados. No obstante, al no existir en El Salvador la pena de muerte ni la de cadena perpetua, 35 años de cárcel es la condena mayor para delitos de esa gravedad.

El acusado Mario Belloso, un joven izquierdista cuyas pretensiones de parecerse al guerrillero cubano-argentino Ernesto Che Guevara, lo llevaron a tal nivel de fanatismo que incluso motivó su separación de las filas del FMLN antes de los sucesos del 5 de julio, según la dirección del partido ex guerrillero. Aquel día, Belloso dirigía una protesta estudiantil que había obstaculizado varias calles frente a la estatal Universidad de El Salvador (UES).

Agentes antimotines intentaron despejar la vía pública, y fue entonces cuando Belloso desenfundó un fusil de asalto M-16, se apostó arrodillado y disparó contra el pelotón de agentes. El resultado fue de dos muertos en el acto, cinco heridos de gravedad y otros cinco heridos leves.

El revuelo político fue casi inmediato: el Gobierno acusó al FMLN. Periodistas y cámaras captaron imágenes que no se daban desde las décadas de los 70 y 80, es decir, antes y durante la guerra civil, pero nunca después de la firma de los acuerdos de paz entre el Gobierno y el FMLN en enero de 1992.

Sin haber aparecido el arma homicida ni presentados los resultados científico-forenses de las autopsias, el tribunal de sentencia consideró suficiente prueba acusadora el video en el que aparece Belloso apostándose para tomar puntería, cuando dispara y luego cuando entrega el arma a uno de los cómplices de la escena: Luis Herrador, condenado meses atrás a 23 años de prisión; el otro, Edwin Sánchez —quien escondió el fusil entregado— está siendo procesado.

El tribunal descartó las “pruebas” presentadas por el Gobierno, de declaraciones extrajudiciales de Belloso, en las que mencionada a altos dirigentes del FMLN de ser los que le habían ordenado las acciones violentas y de haberle entregado las armas.

(Texto publicado en El País, de España).

Autor: Juan José Dalton
Fecha: 16 de agosto de 2007

Los tentáculos de los grupos de exterminio en El Salvador

SAN SALVADOR - La policía y la fiscalía salvadoreñas confirmaron ayer que están investigando 31 casos de homicidios ocurridos entre 2006 y 2007 en la región oriental y que podían haber sido cometidos “por encargo” por parte de grupos de exterminio. En algunos de los asesinatos podría haber participado el sargento de la Policía Nacional Civil Nelson Antonio Arriaza, ligado a un grupo de presuntos sicarios de la zona oriental. Arriaza fue procesado hace dos semanas, cuando se descubrió que junto a dos personas más había ejecutado a un hombre, supuestamente un pandillero extorsionista.

El pasado 28 de julio un Grupo de Tarea Conjunta —militares y policías— fue avisado por un campesino de la población de Nueva Esparta, en la provincia oriental de La Unión, de que un hombre de 45 años había sido asesinado a tiros por tres hombres fuertemente armados, que actuaron con los rostros cubiertos y que conducían un automóvil. Se montó un operativo de persecución hasta que los sospechosos fueron detenidos. Para los agentes de la policía fue impactante el resultado de la detención. Al quitarles los pasamontañas descubrieron que uno de ellos era Arriaza, un destacado investigador que había sido condecorado recientemente por la jefatura y que en la provincia vecina de San Miguel había sido el director de la División de Investigaciones Criminales (DIC). Los otros dos detenidos, el ex policía Carlos Chévez y Rember Martínez, estaban siendo buscados por varios delitos graves, incluidos homicidios.

Limpieza social

Rodolfo Delgado, jefe de la sección contra el Crimen Organizado de la Fiscalía General, reconoció que existen evidencias que relacionan a Arriaza con múltiples homicidios, entre ellos, la matanza de tres personas ocurrida el pasado mes de julio en San Miguel, donde está ubicada su jefatura. Este triple asesinato es parte de los 31 casos de homicidios en los que estarían involucrados Arriaza, Chévez y Martínez, así como probablemente otros agentes policiales. Además, se investiga si todos estos crímenes han sido “encargados” por empresarios que se han visto acosados por pandilleros de las Maras, que les cobran “impuestos” para no ser molestados.

Recientemente, el Fiscal General de El Salvador, Félix Garrid Safie, aseguró que no se tenía aún conocimiento sobre si la policía está infiltrada por grupos de exterminio dedicados a actuar como sicarios y que el caso de Arriaza era un hecho aislado. Sin embargo, el abogado Jaime Martínez, experto en temas penales, aseguró que “el involucramiento de Arriaza en las acciones de exterminio pone de relieve lo denunciado desde hace mucho tiempo referido a acciones de la llamada limpieza social”.

El año pasado la ex procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, Beatrice de Carrillo, denunció “la ejecución extralegal y arbitraria”, así como “tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes” cometidos por agentes policiales en la provincia occidental de Sonsonate, contra Abimaleth Ramírez Amaya, a quien acusaban de ser miembro de la Mara 18. De Carrillo detalló entonces que Ramírez Amaya, tras ser torturado fue “lanzado desnudo a un pozo y lo rociaron de gas, creyendo que lo habían matado. Pero logró sobrevivir e interpuso una denuncia”. Días después fue asesinado. (Texto publicado en El País, de España).


Autor: Juan José Dalton
Fecha: 10 de agosto de 2007.