Justicia con 'efecto dominó' para El Salvador

POR JUAN JOSE DALTON (EL PAÍS)
SAN SALVADOR - Durante 20 años, la masacre de un grupo de jesuitas en la Universidad Centroamericana (UCA) de San Salvador ha permanecido en la impunidad. Sus presuntos autores intelectuales y materiales estuvieron protegidos por los distintos Gobiernos salvadoreños desde 1989 hasta junio del presente año, así como por el manto oscuro de la Ley de Amnistía de 1993. Pero "ahora la situación es diferente, el proceso penal en [la Audiencia Nacional de] España va por buen camino y la conclusión final será beneficiosa para la justicia y para la sociedad salvadoreña", explica a EL PAÍS el director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA), Benjamín Cuéllar.

Cuéllar es el sucesor en el IDHUCA del sacerdote jesuita Segundo Montes, uno de los asesinados en la madrugada del 16 de noviembre de 1989, junto a Ignacio Ellacuría e Ignacio Martín Baró, rector y vicerrector de la UCA, respectivamente, así como los académicos Amando López, Juan Ramón Moreno y Joaquín López y López (todos de origen español, excepto este último, salvadoreño). También fueron asesinadas dos colaboradoras de los religiosos, Julia Elba Ramos y su hija Celina Mariceth.

El juez de la Audiencia Nacional en Madrid Eloy Velasco admitió a trámite este año una querella presentada por la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) y el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA) contra 14 militares salvadoreños por delitos de asesinatos terroristas.

"El proceso en España va avanzando en toda su preparación. Han declarado ya varias personalidades españolas y en esta semana declararán como testigos dos abogados salvadoreños y dos estadounidenses [una de ellas, Kate Doyle, es experta en estudios de documentos desclasificados de los organismos de inteligencia de Estados Unidos]. Damos una valoración positiva del avance", apunta Cuéllar, quien lamenta que en dos décadas no se haya hecho justicia en El Salvador; sin embargo, cree que en la actualidad casos como éstos van a continuar "apareciendo" en tribunales internacionales.

"Reitero: creo que el resultado final de este proceso será positivo para las víctimas. Anteriormente se han querido curar las heridas de la guerra civil con impunidad y no con justicia. No sé si habrá cárcel para los victimarios ni órdenes de captura internacional, pero los acusados deberían estar preocupados y actuar como corresponde. En El Salvador, en términos de justicia, hemos estado acostumbrados a algo así como jugar al fútbol en potreros, con trampas y sin árbitros. En España se está jugando en grandes ligas, con todas la de la ley", enfatiza el director del IDHUCA, quien recomienda a los 14 militares imputados que vayan "buscando una buena defensa técnica".

Por otra parte, los querellados -entre ellos, los generales René Emilio Ponce y Juan Orlando Zepeda, ex titulares de la Defensa Nacional, así como 12 subalternos- tienen en contra un "cambio de actitud en el nuevo Gobierno [salvadoreño, por primera vez en manos de la izquierda], que es contrario a mantener la impunidad", según explicó el director de derechos humanos de la Cancillería, David Morales. "El Gobierno, encabezado por Mauricio Funes [del ex guerrillero Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, FMLN], apoyará en lo que sea necesario a la Corte Suprema de Justicia, que es el órgano que se encargará de atender los casos de esta materia", agregó el funcionario; además, en su opinión, este Ejecutivo, como ningún otro, ha comenzado a reconocer la dignidad de las víctimas.

Desde España llegan informaciones a través de las agencias informativas y de las páginas de Internet de los diarios locales en las que se habla del proceso penal a cargo del juez Velasco. La prensa tradicional salvadoreña no se hace mucho eco del asunto, pero se sabe, por ejemplo, que existen documentos desclasificados por el Gobierno de Estados Unidos con un acta de la noche del 15 de noviembre de 1989, en la que el ahora general retirado René Emilio Ponce supuestamente dio la orden de asesinar a Ellacuría "sin dejar testigos". Este mismo dato aparece en el Informe de la verdad que auspició Naciones Unidas en 1993.

"En ningún momento, en ningún lugar, he dado al coronel Guillermo] Benavides la orden de asesinar a los jesuitas y no dejar testigos. No me puedo imaginar quién se inventó esa historia", dijo hace unos meses a la televisión española el general Ponce, quien desde un principio negó cualquier responsabilidad en la masacre.

Benjamín Cuéllar tiene otra opinión: "Los documentos desclasificados por Estados Unidos y España pueden ser muy valiosos para llegar a la verdad y pueden tener un efecto dominó. Así que la mejor forma de defenderse que tendrán los imputados es decir la verdad. Pero que el general Ponce diga 'yo no fui ni tampoco sé quién fue' es insultar la inteligencia de cualquier persona... La lógica nos dice que él tuvo participación, porque la tropa que penetró en la UCA y que estaba en el anillo de seguridad del Ejército en el momento de la ofensiva guerrillera sólo pudo hacerlo en coordinación con el Estado Mayor, y Ponce era su jefe".

En otros documentos desclasificados recientemente por EE UU también se vincula al ya fallecido Roberto D'Aubuisson, entonces todavía líder del partido derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), con el asesinato de los jesuitas, según anotaciones enviadas al Departamento de Estado, en Washington, por el embajador de entonces en El Salvador, William Walker, quien citó: "La información que se nos ha proporcionado nos conduce a una inquietante conclusión: los asesinatos del padre Ellacuría y sus siete compañeros pueden ser rastreados hasta una discusión en la tarde del 15 de noviembre entre Roberto D'Aubuisson y sus seguidores más fanáticos dentro del Coena dirección de Arena]".

Arena era entonces el partido en el Gobierno y D'Aubuisson había sido acusado nacional e internacionalmente de haber dado la orden de asesinar al arzobispo Óscar Arnulfo Romero, en marzo de 1980, por un escuadrón de la muerte de ultraderecha, un hecho que marcó el inicio de la guerra civil (1980-1992).

20 años después de la barbarie

JUAN JOSÉ DALTON (EL PAÍS)
SAN SALVADOR - A los 35 años de edad, la abogada española Almudena Bernabéu se ha convertido en el látigo de los militares salvadoreños que durante la guerra civil cometieron crímenes de lesa humanidad. Actualmente se encuentra en San Salvador, en calidad de invitada especial a los homenajes que se le rinden a seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras que fueron asesinados impunemente un 16 de noviembre de hace 20 años en la Universidad Centroamericana (UCA). Bernabéu ha abierto un proceso en la Audiencia Nacional española, apelando al derecho de justicia universal, en contra de los 14 altos oficiales y soldados que supuestamente participaron en la planificación y ejecución del asesinato de los los religiosos.

Entre los seis jesuitas asesinados -cinco de ellos, españoles- se encontraban Ignacio Ellacuría e Ignacio Martín-Baró, filósofos, teólogos y psicólogos prominentes a nivel internacional.

"El proceso [ante la Audiencia española] va bien, tenemos la expectativa de ganar. Hemos estado recopilando información durante cuatro o cinco años antes de iniciar la querella y en los últimos meses hemos conseguido documentos de las inteligencias de varios países del mundo, por ejemplo del Pentágono y la CIA, de Estados Unidos, con lo que nuestro argumento de querellantes populares se fortalece", explicó Bernabéu a EL PAÍS. La abogada ha ganado ya tres juicios civiles en Estados Unidos contra cuatro altos mandos militares salvadoreños que estuvieron protegidos por Washington y ahora están a punto de ser deportados del territorio estadounidense.

Bernabéu trabaja para el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA, por sus siglas en inglés), de San Francisco (California, EE UU), que se ha encargado de perseguir esbirros y torturadores latinoamericanos residentes o con ciudadanía de Estados Unidos. "Nuestra labor, lo digo con mucho orgullo, ha buscado la verdad y la justicia. Y, mira tú, las cosas han cambiado tanto, que la Secretaría Nacional de Seguridad estadounidenses, que antes protegía a estos violadores de los derechos humanos, ahora compite con nosotros en las investigaciones para tratar de localizarlos", apunta la abogada española.

El CJA ha vencido en los juicios contra el teniente Álvaro Saravia, uno de los asesinos del arzobispo Óscar Romero, ejecutado en 1980; el ex coronel Nicolás Carranza, ex jefe de la Guardia Nacional (GN), que ordenó en 1980 el asesinato colectivo de seis líderes de opositor Frente Democrático Revolucionario (FDR), y los generales y ex ministros de Defensa Eugenio Vides Casanova y Guillermo García, acusados de secuestro y torturas a varios presos políticos. Los militares han sido sentenciados a pagar varios millones de dólares en indemnizaciones, pero únicamente se han embargado 300.000 dólares. "Lo más trascendente es que sus casos han sido judicializados y fueron condenados como violadores y criminales de lesa humanidad", recalca Bernabéu.

"El caso de los jesuitas en Madrid es diferente: se trata de un proceso penal. Quizás algunos vayan a la cárcel, pero habrá justicia. El juez Eloy Velasco es un excelente investigador", dice Bernabéu.

Antes de que termine este mes de noviembre han sido citadas a declarar como testigos varias personalidades que investigaron el caso en El Salvador. "No puedo decir más", apuntó la abogada, quien aclara que, pese a que es un caso de justicia universal, hay "unanimidad" en el apoyo de una parte de la sociedad española. "Se han solicitado documentos certificados a las autoridades salvadoreños; se están buscando las direcciones de los imputados para notificarles de las acusaciones y para que nombren defensores... Es decir, se acerca cada vez más la convocatoria de juicio o vista oral, y quizás, si hay rebeldías, se dicten órdenes de arresto internacional", explica Bernabéu.

Entre los acusados se encuentra el ex ministro de la Defensa y general retirado, René Emilio Ponce, así como su segundo al mando, Juan Orlando Zepeda, y el entonces jefe de la Aviación, Juan Rafael Bustillo, entre otros; en total, 14 militares ya retirados. Inicialmente también se incluía al ex presidente Alfredo Cristiani, acusado de encubridor, pero el juez Velasco lo excluyó hasta que en el proceso se logre comprobar que tuvo algún nivel de participación en la masacre.

Las víctimas de aquel 16 de noviembre de 1989, mientras se desarrollaba una ofensiva guerrillera contra San Salvador, fueron, además de Ellacuría y Martín Baró, el director del Instituto de Derechos Humanos (Idhuca), Segundo Montes, así como los profesores Joaquín López y López, Juan Ramón Moreno y Amado López. Las mujeres colaboradoras asesinadas fueron Julia Elba Ramos y Celina Mariceth Ramos, su hija, de apenas 16 años.

Según la Compañía de Jesús en El Salvador, Ellacuría estaba actuando como mediador entre el Gobierno de Cristiani y la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), a fin de llegar a un acuerdo negociado a una guerra civil que ya duraba más de una década.

Cuando la lluvia se lo llevó todo

JUAN JOSé DALTON (Proceso, de México)
GUADALUPE, El Salvador - Ciudad de Guadalupe, ubicada en la provincia de San Vicente y en las propias faldas del inactivo volcán Chinchontepec, es un lugar fresco y tranquilo. Un acertado plan turístico hubiera rescatado esta zona del olvido y la hubiera convertido en un polo de turismo de montaña, por su belleza natural que le circunda.

El volcán, de más de 2 mil 100 metros de altura sobre el nivel del mar, es también un lugar histórico: la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) tuvo ahí varios de sus principales campamentos y zonas "liberadas".

Desde el pasado domingo 8, Guadalupe, así como sus vecinas Verapaz y Tepetitán, todas en las faldas del Chinchontepec, se han convertido en centros de atención internacional y nacional, debido a que fueron seriamente dañadas por las intensas lluvias.

Para llegar a Guadalupe se toma una calle que inicia en el kilómetro 51, al sur de la Carretera Panamericana. Primero se llega al municipio de Verapaz y 12 kilómetros adentro está ciudad Guadalupe, que tiene 2 mil habitantes, en su mayoría dedicados a la agricultura y al comercio.

Las entradas a Verapaz y Guadalupe han tenido que ser reabiertas a puras palas mecánicas, que han removido enormes rocas, algunas hasta de cuatro o cinco metros de diámetro. Los cauces de los ríos, que antes apenas se observaban, hoy son cárcavas de varios metros de ancho por donde corrieron toneladas de lodo, rocas y árboles.

"Estábamos bien dormidos. Comenzó a caer una lluvia intensa, como jamás había llovido. Entonces la tierra comenzó a temblar cuando venía ese alud de piedras", narra a Apro Manuel de Jesús Maldonado, estudiante de Ingeniería en Sistemas y residente de Guadalupe.

Mucha gente creyó que se trataba de un largo terremoto. "No exagero, pero fue más de una hora de temblores o sismos. Era la fuerza con que bajaron esas piedras", dice Maldonado.

El terror se apoderó de la población. No podían salir de sus casas porque las lluvias eran intensas, y las calles y veredas se habían convertido en ríos caudalosos.

Era de noche (la noche del sábado y madrugada del domingo) y no había energía eléctrica. La población residente en la ciudad no fue afectada, pero sí los que residían en los alrededores de Guadalupe.

En el caso de Verapaz, la ciudad fue partida en varios lados por el alud de lodo y piedras que se desprendió de la montaña.

"Ahí donde se ven todas esas piedras (de decenas de metros de ancho) estaba la colonia Santa Rosa... ahora está prácticamente desaparecida. Ahí residían unas 40 familias, de las cuales por lo menos 11 no se encuentran por ningún lado", cuenta Manuel.

La apacibilidad de Ciudad Guadalupe se ha esfumado. La gente no puede creer la escena que aprecia en su entrada. Del inmenso río de piedras se desprende un fuerte hedor a putrefacción. "Seguramente ese olor es de animales y de personas que fueron arrastradas y podrían estar debajo de las piedras", asevera Maldonado.

Ciudad Guadalupe, por estar en una pequeña elevación, se salvó de ser arrasado por los deslaves. "Alrededor de la ciudad había pequeños cauces naturales. Por allí bajaron las piedras. Eso fue lo que nos salvó. Pero creo que hay mucha tierra floja aún, y con una lluvia o un temblor se viene otra vez el alud", señala Manuel, quien constantemente repite que nunca había visto algo igual, ni en terremotos ni en inundaciones.

Y añade: "Esto ocurrió de madrugada. La gente estaba dormida en sus casas. Allí había viviendas de las cuales ahora no hay ni cimientos. ¿Esa gente dónde está? Para mí y para la mayoría del pueblo, esa gente está muerta y sus cuerpos quizás nunca aparezcan, porque estas piedras deshicieron todo a su paso".

Hasta el momento, oficialmente se reconocen 165 muertos –la mayoría en el departamento o provincia de San Vicente–, más de 50 desaparecidos y alrededor de 13 mil damnificados.

Las cifras de desaparecidos que tienen en las localidades no coinciden con las oficiales del gobierno. Maldonado dice que en la colonia Santa Rosa desaparecieron 11 familias, es decir, más de 50 personas.

En tanto, el alcalde de la ciudad de San Vicente, Medardo Hernández Lara, afirma que en su localidad se cree que más de 500 personas están desaparecidas, pero sus nombres no están registrados.

David Rivas, secretario de Comunicaciones de la Presidencia de El Salvador, explica a Apro que "los números de víctimas se dan a través de declaraciones de familiares y con testigos. Esto es una catástrofe grave. Mucha gente que está como desaparecida es localizada muerta o está en albergues. Tenemos que esperar para dar una cifra real y definitiva".



Los ricos también lloran



Cinco días después de la tragedia, aún hay lugares a los que no se puede llegar fácilmente por carretera, como la zona de Costa del Sol, donde hay gran cantidad de ranchos veraniegos y privados de familias ricas, así como hoteles turísticos.

"La playa de Las Hojas y la bocana de la Costa del Sol están destruidas. Son desembocaduras de ríos que de las zonas montañosas arrastraron aguas abajo", dice Ana Francis Góngora, operadora de turismo y residente en dicha jurisdicción.

"Los desbordamientos de los ríos fueron intensos. La gente pobre de ahí ha sufrido, pero muchos ranchos de gente rica también fueron dañados. El complejo turístico internacional Las Hojas Resort está con severos daños", afirma.

Filmaciones en video dan fe de lo dicho por Góngora. Casas veraniegas que desde lo alto se apreciaban con sus piscinas azules, hoy están cubiertas por lodo.

Para entender un poco la magnitud de la tragedia, el ministro del Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Herman Rosa Chávez, dio una explicación televisiva acerca del fenómeno de las copiosas lluvias, y reconoció que se debe trabajar más en emitir alertas tempranas.

Rosa Chávez señaló que las estaciones que miden los niveles de precipitación de las lluvias son del tipo telemétricas y los reportes son enviados cada cuatro horas.

A las 21:00 horas del sábado 7, dijo, se tenían apenas cinco milímetros de agua. Pero la lluvia torrencial comenzó a caer aproximadamente a las 22:00 horas, por el orden de los 80 milímetros. Sin embargo, el siguiente reporte llegó hasta las 2 de la madrugada del domingo, cuando ya no había tiempo de hacer algo.

"Definitivamente tenemos que hacer mejoras sustanciales. Se ha debilitado la red de monitoreo, los equipos no funcionan como deben funcionar", admitió Rosa Chávez.

Anteriores terremotos, inundaciones, sequías y deslaves causaron desgracias, pero al parecer nadie se acordó de ello, pues esta vez las prevenciones quedaron en el olvido.

Y, mientras, el majestuoso volcán Chinchontepec se aprecia de lejos como un gigantesco animal herido, con grandes cicatrices que tardarán en sanar.

El Salvador, vulnerable al desastre

POR JUAN JOSÉ DALTON (EL PAIS)
SAN SALVADOR - El territorio salvadoreño se ha transformado. El azote del huracán Ida ha sido implacable. Las intensas lluvias en montañas y volcanes, en los últimos días, han dejado un reguero de ríos de rocas y piedras en las llanuras, además de un reguero de muertos, 157. La imagen de caseríos y pueblos sepultados se sucede a lo largo de Verapaz, Tepetitán y Guadalupe, en las faldas del volcán Chinchontepec, provincia de San Vicente, en el centro del país centroamericano.

"Esto es lo nunca visto. Ni los terremotos de 2001 causaron tan graves daños: por un lado rocas y piedras, por otro, inundaciones por el desborde de ríos y lagos. Aquí en San Vicente tenemos en los alrededores de la ciudad un conteo de hasta 500 desaparecidos. Los familiares y vecinos no los encuentran por ningún lado", explicó Medardo Hernández Lara, alcalde de San Vicente, donde el fenómeno inusual de las lluvias provocó graves tragedias.

David Rivas, Secretario de Comunicaciones de la Presidencia, señaló a EL PAÍS que "es muy cierta la gravedad y el impacto. De momento, tenemos confirmados, según datos oficiales, la muerte de 157 personas; la desaparición de 60 y los damnificados llegan a 13.000. Esto es aún preliminar. Algunos supuestos desaparecidos podrían estar en albergues, tenemos que confirmar".

El martes se inició la sepultura de los fallecidos. Triste panorama en los cementerios que todavía permanecen adornados por las celebraciones del día de los Santos Difuntos, el pasado 2 de noviembre. En el cementerio de San Vicente, en una fosa común y en bolsas negras de plástico, se enterraron 12 cadáveres que no fueron identificados en la zona metropolitana de San Salvador. El Instituto de Medicina Legal sepultó a otras siete personas no identificadas.

Las intensas lluvias entre el sábado y el domingo por todo el Caribe, a causa de Ida y de las bajas presiones en el océano Pacífico, dejaron al descubierto la enorme vulnerabilidad que existe en El Salvador, país de apenas 21.000 kilómetros cuadrados y con casi 6 millones de habitantes. La vulnerabilidad fue reconocida por el propio presidente Mauricio Funes, quien ha ordenado una intensa labor de reconstrucción y mitigación de riesgos, para lo que se destinarán 150 millones de dólares en créditos financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM).

Precisamente el BM estima que el 90% de El Salvador está en situación de vulnerabilidad en diferentes grados. En las zonas altas hay deslaves, en las zonas bajas inundaciones y la costa es azotada por mareas. El territorio salvadoreño está situado también en zona sísmica, directamente afectado por una cadena volcánica, así como por las placas tectónicas Caribe y Coco, que al chocar provocan terremotos como los ocurridos en 2001, y que ocasionaron 1.114 muertos.

Un informe de la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos, organización de la sociedad civil de El Salvador, fechado en mayo pasado, señaló que: "En los últimos 20 años, El Salvador ha registrado 12 desastres de gran magnitud, que han significado más de 4.332 fallecidos, 2.760.659 damnificados y 3.953 millones de dólares en pérdidas. La población más impactada han sido las mujeres y las niñas, debido a las condiciones de vulnerabilidad".

Estas cifras no contemplan la tragedia del domingo 8 de noviembre tras el paso del huracán Ida. "Esperamos que no tiemble, que no se venga un terremoto, porque si no, este país se hunde. Dios nos debe socorrer, no hay de otra...", dice apretándose las manos y mirando al cielo Mélida Bautista, una señora que vive en un cantón en las inmediaciones de San Martín, donde las secuelas del huracán no han sido grandes, pero las carreteras están obstruidas y hay que caminar hasta 15 kilómetros para llegar a los puestos de socorro en busca de comida y agua.

Lluvia significa muerte en El Salvador

JUAN JOSÉ DALTON (EL PAÍS)
SAN SALVADOR - Los ancestros de la región que hoy ocupa El Salvador eran de origen maya, en cuyas ceremonias danzaban y oraban para pedir a sus dioses que cayera la lluvia, símbolo de vida. Paradójicamente, en la actualidad la lluvia se ha convertido en un signo de muerte. La que trajo consigo el huracán Ida y se precipitó sobre el país entre la noche del sábado y la madrugada del domingo ha dejado hasta el momento 130 muertos y 49 desaparecidos, confirmados con datos oficiales, según las autoridades locales que ayer recorrieron las zonas afectadas; entre ellas, el presidente del país, Mauricio Funes, que llegó en helicóptero al municipio de Verapaz, cuya población ha sido duramente castigada por los deslaves del volcán Chinchontepec.

El Chinchontepec, en la provincia central de San Vicente, fue hace 20 años escenario de la guerra civil salvadoreña, pero este conflicto armado, que duró 12 años, nunca causó el desastre físico que ahora se observa en Verapaz. "Ni siquiera en los terremotos de 2001 este pueblo quedó tan diezmado como ahora", explicaba ayer a EL PAÍS, un ex guerrillero que ahora es responsable civil en la alcaldía del municipio.

Los muertos pueden aumentar y también lo harán las consecuencias a nivel económico. El ministro de Agricultura, Manuel Sevilla, recordaba que en la zona más afectada por las lluvias se siembra el 40% de los granos básicos de todo El Salvador. El mismo Chinchontepec es una zona de cultivo de café, uno de los principales productos de exportación de El Salvador.

Seis provincias han resultado las más afectadas: La Libertad, San Salvador, Cuscatlán, La Paz, San Vicente y Usulután, ubicadas en el centro del país. De los daños materiales y económicos no se tienen datos aún; habrá que esperar a la llegada de una misión evaluadora de la Comisión Económica para América Latina (Cepal).

Las carreteras en estas provincias están dañadas, con deslaves y desprendimientos de rocas que sólo se pueden remover con palas mecánicas.

A pesar de la destrucción en las carreteras, cuadrillas de trabajadores del Ministerio de Obras Públicas (MOP), con ayuda de los habitantes de los pueblos afectados, ya están removiendo árboles y postes caídos. Cisternas de agua y camiones con víveres y ropa han comenzado a llegar a los lugares más dañados, pero la normalidad no ha llegado aún.

Los estragos son evidentes. Las imágenes aéreas que se muestran en la televisión revelan el desastre: las montañas y los volcanes presentan grandes cicatrices que en realidad son deslaves y nuevos ríos que se formaron a consecuencia de las intensas lluvias.

"En cuatro horas cayó tanta agua como la que cae en épocas lluviosas o en temporadas huracanadas", dijo Herman Rosa Chávez, ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), un récord que, según explicó, no tiene precedente histórico.

Los datos provisionales hablan de 209 viviendas totalmente destruidas y 1.835 con algunos daños, además de 356 árboles y 28 postes eléctricos caídos. También se sabe que las lluvias causaron 108 deslizamientos de tierra en distintos cerros o montañas y volcanes. Por otra parte, se han habilitado 87 albergues donde están refugiadas más de 10.000 personas, en especial mujeres, ancianos y niños. Los hombres y jóvenes remueven escombros y rocas para buscar a los desaparecidos o han quedado al cuidado de las pocas cosas que el agua no se llevó.

El Salvador recurre al Ejército para frenar la violencia

JUAN JOSÉ DALTON - (El País)
San Salvador - Ante la incapacidad mostrada por el sistema de seguridad pública de El Salvador para frenar una ola de violencia que se cobra la vida de 16 personas cada día, y con el aval de la mayoría de sus ciudadanos, el presidente Mauricio Funes ha tomado cartas en el asunto. El líder del Ejecutivo salvadoreño ha decidido ordenar a una parte del Ejército para que apoye la labor de la policía en determinados puntos "neurálgicos", ubicados en 18 municipios de este convulsionado país, catalogado por Naciones Unidas como el más peligroso de Latinoamérica.

La controvertida medida entra en vigencia hoy y se prolongará durante seis meses. Una vez superado ese límite de tiempo, el presidente Funes, el primer regidor de izquierdas que gobierna El Salvador, rendirá un informe al Congreso legislativo sobre la efectividad que haya tenido el plan, que persigue, entre otros objetivos, bajar el número de homicidios de jóvenes entre 18 y 30 años. Según un reciente estudio estadístico, el 86% de los asesinados son hombres y jóvenes.

El proyecto de Funes consiste en incrementar en 2.500 soldados y oficiales los efectivos del Ejército que ya participaban en acciones de patrullaje disuasivo, especialmente en zonas donde abunda el número de pandillas. Ya desde hace más de dos años unos 1.700 soldados integran junto a unidades de policía los llamados Grupos de Tarea Conjuntos.

"Reservistas no estamos movilizando para esto. Si contabilizamos el personal que vamos a agregar más el que ya tenemos, estamos hablando casi de 4.000 hombres que acompañarán a la policía", según explicó a la prensa el ministro de Defensa, el general David Munguía Payés.

Los soldados han sido adiestrados para participar no sólo en patrullas, sino en cateos, allanamientos y capturas flagrantes, según anunció Munguía Payés. Pero el jefe militar advirtió: "No es que el soldado vaya a utilizar las armas de forma indiscriminada, pero obviamente se va a defender en caso de que se dé una contingencia".

Entre los organismos defensores de los derechos humanos y de la legalidad hay temores acerca de la participación del Ejército en tareas de seguridad pública. Estas dudas surgen a raíz de los antecedentes represivos que tuvo la Fuerza Armada, antes y durante la Guerra Civil que se desarrolló entre 1980 y 1992, cuando apresaba, torturaba, asesinaba y hacía desaparecer a los adversarios de la dictadura militar.

Después del conflicto armado ningún militar fue juzgado por actos de lesa humanidad como las masacres campesinas de El Mozoto y El Sumpul, en las que poblaciones enteras fueron exterminadas en operaciones contra insurgentes; tampoco hubo juicios por asesinatos como el del arzobispo Óscar Romero o el de seis jesuitas, ente otros.

A partir de hoy, la presencia militar en las provincias de Sonsonate, San Salvador, Santa Ana, San Miguel y La Libertad será evidente, ya que son en las que las pandillas tienen una mayor incidencia. "No puedo mandar un telegrama a los delincuentes en estos momentos y decirles dónde vamos a estar operando", dijo, no obstante, el general Munguía Payes.

El titular de Defensa había advertido recientemente que en algunos lugares como La Campanera -donde el periodista franco-español Christian Poveda, asesinado en septiembre, filmó un documental sobre la vida de las maras-, así como en otras zonas de San Miguel, al este de El Salvador, "el asunto era de rescatar la soberanía", porque debido al control de la delincuencia, el Ejecutivo no ejercía ninguna autoridad en estos lugares.

En lo que va de año han sido asesinadas más de 3.600 personas, lo que supone un incremento de cerca de 400 muertes más que el total de asesinados el año pasado, cuando la tasa de homicidios fue aproximadamente de 50 por cada 100.000 habitantes. De acuerdo con los cálculos actuales, El Salvador terminará 2009 con 75 homicidios por cada 100.000 habitantes, siete veces más de lo que la Organización Mundial para la Salud (OMS) reconoce como epidemia.

La derecha salvadoreña culpa a Hugo Chávez de su crisis actual

JUAN JOSÉ DALTON (EL PAÍS)
SAN SALVADOR - Dos prominentes líderes de la derecha salvadoreña, el ex presidente Alfredo Cristiani, presidente de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), y Rodolfo Parker, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), han culpado a Venezuela y a su presidente, Hugo Chávez, de lanzar una "conspiración sofisticada" en El Salvador, que se consolidó recientemente en un "golpe" para arrebatar a la derecha la hegemonía legislativa de que disfrutó durante más de 20 años.

Ni Cristiani ni Parker dan pruebas, pero ambos coinciden en señalar que, con los "dineros" entregados por Chávez a líderes del partido ahora en el poder, el izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), se están "comprando" voluntades de diputados para modificar la aritmética en el Legislativo a favor del FMLN. Cristiani dijo tener pruebas de que se ha llegado a ofrecer hasta 700.000 dólares a algunos legisladores.

A mediados de octubre, Arena, que tenía 32 parlamentarios, sufrió una división en sus filas: 12 de ellos decidieron edificar una casa aparte y formaron la Gran Alianza de Unidad Nacional (Gana). El FMLN, a través de arduas negociaciones, logró que tres miembros de Gana llegaran a la Junta Directiva, lo que supuso un duro golpe para Arena, que se quedó solamente con dos de los tres representantes que tenía en la Junta.

El FMLN, que arrebató a Arena a su histórico aliado, el conservador Partido de Conciliación Nacional (PCN), tiene ahora también a su favor a Gana, con lo que unidos logran 58 votos, una cifra que supone la mayoría en el Congreso.

Nunca antes la izquierda local había dispuesto del poder que ahora posee: controla el Gobierno y el poder ejecutivo. Los votos actuales servirían al FMLN para objetivos inmediatos: la aprobación del Presupuesto Nacional y de créditos internacionales, y para una reforma fiscal.

Arena, a través del propio Cristiani, siempre ha amenazado con no otorgar sus votos para facilitar el proyecto del actual presidente, Mauricio Funes.

Arena gobernó desde 1989 hasta mayo de 2009. Durante su mandato, también controló el Parlamento, desde el cual dolarizó la economía, envió tropas a Irak en apoyo a la ocupación de EE UU y firmó un tratado de libre comercio con Washington. Aun después de su derrota en las presidenciales del pasado marzo, pero con el control del Legislativo, nombró a personas allegadas a sus intereses para las presidencias de la Corte Suprema de Justicia y de la fiscalía, entre otras instituciones.

Según explicó a EL PAÍS el diputado Roberto Lorenzana, del FMLN, "el tiempo de hegemonía del ultraconservadurismo ha terminado. No nos vamos a emborrachar con este logro, pero creo que se avecina una etapa de mayores consensos, algo que nunca se había tenido. Lo que hubo fue imposiciones. Arena está acabada".

Mientras, Cristiani y Parker apelan a la conciencia de los salvadoreños para salvar a la patria, "hoy más que nunca, de sucumbir" ante el socialismo del siglo XXI que lidera Hugo Chávez.

De los cuarteles a la lucha contra la delincuencia

JUAN JOSé DALTON (PROCESO)
SAN SALVADOR - La idea de utilizar a las fuerzas armadas para combatir a la delincuencia en El Salvador cobra cada vez más simpatía entre sectores sociales y empresariales, debido a que en los últimos dos meses ha aumentado de manera considerable el número de ejecuciones en el país.

El debate sobre ese punto se ha vuelto álgido y acalorado, y hay voces que afirman que prácticamente no hay espacios ni mucho tiempo para "medias tintas", ya que cada día son asesinadas alrededor de 15 personas, y al finalizar 2009 la tasa podría ubicarse en 75 homicidios por cada 100 mil habitantes.

En días pasados, el general David Munguía Payés causó sorpresa en el mundo político salvadoreño al declarar que el ejército está listo para combatir a la delincuencia, pero advirtió que los militares actuarían de manera "novedosa" y no sólo con más tropas en las calles para hacer patrullajes disuasivos.

Y añadió: "En lugares como La Campanera, en Soyapango, y en otros de San Miguel, el Estado salvadoreño no ejerce soberanía a causa de que los delincuentes tienen el control, así que vamos a recuperar la soberanía de dichos territorios".

Sin embargo, la advertencia de Munguía suena a "conquista de territorios", como ya antes lo hizo el ejército, durante la guerra civil, cuando se disputaba con la guerrilla las zonas montañosas.

La diferencia es que los territorios controlados por la delincuencia, especialmente en su forma de pandillas, están en zonas urbanas densamente pobladas, donde reside la gente más pobre de El Salvador.

Durante la guerra civil que se vivió en El Salvador, el concepto "reconquistar la soberanía" se utilizó para masacrar poblaciones enteras de los caseríos campesinos, a quienes acusaban de ser proveedores del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.

Pero era la guerrilla misma la que evadía y rompía cercos, se movilizaba de manera muy ágil y realmente nunca recibió golpes contundentes. La infiltración de agentes de inteligencia tuvo mejores efectos.

Miedo a los militares

El pasado 15 de septiembre se celebró en El Salvador el Día de la Independencia. Como ya es tradición, hubo un desfile militar, tras lo cual sectores sociales cercanos a la izquierda, así como profesionales e intelectuales, preguntaron: ¿Por qué celebrar con desfiles militares? Y es que ellos fueron, precisamente, los protagonistas de muchas masacres durante la guerra civil.

El Día de la Independencia, las fuerzas especiales del ejército, en helicópteros y en tierra, hicieron demostraciones de su destreza. El ruido de los aparatos aéreos, los uniformes camuflados y las caras pintadas recordaron las masacres contra civiles a manos de los comandos contrainsurgentes.

Los famosos Batallones de Infantería de Reacción Inmediata (BIRI), como el Atlacatl, fueron protagonistas de hechos aún no juzgados.

"Sentí un poco de rabia... Ver a los BIRI ahí, eran los que nos perseguían en las montañas. Muchos de mis compañeros se pusieron nerviosos. La guerra no se olvida", dijo a Apro el lisiado de guerra Mateo, quien actualmente funge como guardaespaldas de un funcionario del gobierno.

Pero el miedo a los militares --y en general a los agentes armados del Estado-- tiene bases reales.

Benjamín Cuéllar, defensor de los derechos humanos de la Universidad Centroamericana (UCA), relató que el pasado miércoles 14, "mientras muchos y muchas mirábamos –por televisión o en el Estadio Cuscatlán– el encuentro futbolístico entre las selecciones hondureña y salvadoreña, Emilio Pérez, de 34 años, nacido en Panchimalco y residente en ese municipio, empleado del Diario El Mundo, casado con Carmen Elena Vásquez y padre de un joven de 16 años y de una niña de siete, fue asesinado".

A Emilio lo apuñalaron y degollaron en presencia de un agente de seguridad de la Corte de Cuentas y un grupo de soldados que patrullaban la zona. El móvil del crimen, según la hipótesis de la Policía Nacional Civil (PNC), fue el robo.

Luego de ese hecho, la Coalición Centroamericana para la Prevención de la Violencia Juvenil (CCPVJ), que agrupa a varias organizaciones de la región, demandó al gobierno izquierdista de Mauricio Funes, el pasado lunes 26, no incorporar a militares en las funciones de seguridad pública, y exigió el retiro progresivo de los patrullajes disuasivos en los llamados Grupos de Tarea Conjunta (GTC).

Asimismo, en consonancia con otros grupos civiles, la CCPVJ pidió reforzar a la Policía Nacional Civil (PNC).

En tanto, el rector de la Universidad Centroamericana (UCA), el sacerdote José María Tojeira, propuso una fórmula nada "descabellada", como la calificó el propio presidente Funes: Enviar a la mitad de militares (6 mil aproximadamente) a la Academia de Seguridad Pública, a fin de que se conviertan en policías.

Tal medida implicaría reducir el ejército y reforzar la PNC, contrario a lo que planteó Munguía. De acuerdo con el general, la idea no es convertir en policías a los militares, simplemente ha dicho que 6 mil 500 de ellos están listos cuando se les requiera para cumplir tareas de seguridad pública.

Sus "muchachos", ha dicho, se han preparado para actuar contra la delincuencia, así como para capturar en "flagrancias" a los malhechores.

David Rivas, secretario de Comunicaciones de la Presidencia, aseguró a Apro que "el presidente Funes está estudiando las opciones que le han propuesto (diversos sectores) y tomará una decisión que será anunciada a la población".

Por su parte, Ignacio Cano, director del Laboratorio de la Violencia de Brasil, expuso: "El llamado al ejército está siendo un fenómeno común en algunos países de Latinoamérica ante la crisis y la poca capacidad de las fuerzas policiales para enfrentar a la delincuencia.

"En ocasiones el ejército es llamado para resolver emergencias o contingencias, pero en otras ocasiones se le encargan otras tareas, como la lucha contra las drogas u otro tipo de criminalidad", explicó.

Según Cano, es grave tener la "ilusión" de que las fuerzas armadas serán "las guardianes últimas de las esencias de la patria" y que nos protegerán de todos los males.

"En la medida que el ejército haga las tareas de la policía, terminará igual, con ellos involucrados en corrupción", señaló el académico, quien enfatizó que la doctrina de los militares no es la seguridad pública, sino la "neutralización del enemigo".

Y, en coincidencia con el planteamiento del jesuita Tojeira, concluyó: "Nuestras necesidades de defensa del territorio y la soberanía son menos y las de seguridad pública son mayores, por lo tanto, se podrían trasladar recursos de Defensa a la Seguridad Pública".