Juan José Dalton (PROCESO)SAN SALVADOR - Un hecho sin precedentes y lleno de emotividad. Un gesto polémico, pero necesario, fue el que protagonizó el presidente salvadoreño, Mauricio Funes, el pasado sábado 16, cuando reconoció por primera vez desde el fin de la confrontación armada, en 1992, la existencia de abusos y graves violaciones a los derechos humanos cometidos por agentes del Estado durante la guerra civil. Acto seguido, pidió perdón a quienes fueron víctimas de los horrores.
El acto simbólico ocurrió en ocasión de la celebración del 18 aniversario de los Acuerdos de Paz, firmados entre gobierno y guerrilla en el Castillo de Chapultepec, México, y con los que se puso fin al conflicto armado que duró 12 años y que ocasionó 75 mil muertos y 8 mil desaparecidos, además de la destrucción de la infraestructura y del tejido social. Baste recordar que uno de los cuatro millones que componían la población salvadoreña de entonces migró a Estados Unidos y a los países vecinos; una diáspora jamás vivida en épocas anteriores.
Al evento acudieron firmantes que sobreviven de la gesta histórica, como el expresidente Alfredo Cristiani y el exgeneral Mauricio Ernesto Vargas, así como los exjefes guerrilleros Salvador Sánchez Cerén, Eduardo Sancho y Francisco Jovel. Todos se sentaron juntos en primera fila. Esta vez el mandatario no les dio la palabra, fue el único que tuvo la voz cantante. Cristiani fue el presidente que firmó la paz con la entonces insurgencia del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
Los testigos del evento enfocaron sus ojos en los rostros de aquellos a los que se estaba acusando por los abusos del Estado: Cristiani y Vargas. Enrojecidos de enojo, nunca alguien les había cantado “la verdad” en su propia cara.
Los desagraviados: señoras de los Comités de Madres de Asesinados y Desaparecidos, vestidas de negro, así como excombatientes, lisiados de guerra, lloraron de emoción y se consolaron mutuamente.
Pregunta sustancial: ¿Habrá verdadera reconciliación?
Una respuesta objetiva está por verse en el tiempo.
En entrevista con Apro, el analista político e historiador Roberto Turcios consideró que “Funes, en este y en otros actos, ha expresado una nueva visión sobre los derechos humanos desde el Estado. Tras esta visión hay un nuevo objetivo en términos de nación, que es la reconciliación nacional. Funes ha planteado que quiere ser el presidente de todos los salvadoreños, y eso supone una reconciliación”.
Turcios es de los que cree que el cambio histórico que se vive en El Salvador a partir del triunfo de Funes, en las urnas en marzo del año pasado, y su ascenso al gobierno el 1 de junio del mismo año, debe propiciar una reconciliación para la cual aún no se está preparado.
“Hay sectores que creen que hay que acabar con el vecino… Pero se trata de una reconciliación que no ignore las diferencias políticas ni las diferencias de visiones sobre el desarrollo del país. Una carencia histórica que tenemos como nación es la falta de unidad, es decir, padecemos una gran fragmentación, profunda, en nuestra visión socio-cultural como país”, agregó.
Y añadió: “Esa reconciliación sería un paso histórico relevante en El Salvador. Debemos asumir que tenemos un destino común y tenemos diferencias políticas y económicas, que las izquierdas son diferentes a las derechas y que los objetivos de cada una seguirán siendo identitarios, es decir, le seguirán dando una identidad emblemática a cada una de ellas”.
Las derechas, aun después de la guerra civil, siempre consideraron la represión política y la lucha contrainsurgente como una defensa de la nación frente a una “agresión comunista”; bajo ese concepto fue asesinado el arzobispo Oscar Arnulfo Romero, el 14 de marzo de 1980; se cometieron masacres como la de “El Mozote” y la de “Río Sumpul”, en las que fueron exterminados miles de campesinos indefensos, incluidos menores de edad, mujeres y ancianos; fueron ejecutados sindicalistas y líderes de la oposición democrática no armada, como Elizabeth Velásquez y Mario Zamora, entre otros dramáticos casos conocidos y condenados mundialmente.
En El Salvador, a diferencia de otros países en los que hubo conflictos internos, como dictaduras o confrontaciones armadas, nunca se enjuició a alguien por haber cometido crímenes de lesa humanidad contemplados en el derecho internacional y en el concepto de justicia universal.
Para impedir esos procesos judiciales, el gobierno de Alfredo Cristiani promulgó una amnistía general, aprobada por la Asamblea Legislativa el 20 de marzo de 1993 con el nombre de Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz. Bajo esta carpa jurídica se volvió imposible abrir juicios para dirimir casos de graves violaciones a los derechos humanos durante la guerra civil, que comenzó en 1980.
Casos de asesinatos, como fue el de los seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras, fueron vetados en la justicia local, así como el de desaparecidos. Las víctimas han tenido que recurrir a la justicia internacional para tratar de encontrar “bálsamo a sus heridas”. Los tribunales locales se justificaron por la existencia de la amnistía o la prescripción del delito, pese a que la justicia universal sostiene que los crímenes de lesa humanidad son no amnistiables e imprescriptibles.
El emblemático caso de los jesuitas asesinados no pudo ser juzgado en El Salvador, y en la actualidad se ventila en la Audiencia Nacional de España, misma que en este mes de febrero llamará a declarar a los 14 militares acusados del múltiple homicidio ocurrido el 16 de noviembre de 1989.
El caso de las “hermanitas Serrano”
Ernestina y Erlinda, de siete y tres años, respectivamente, fueron raptadas por soldados en un operativo contrainsurgente que se ejecutó el 2 de junio de 1982, en el norteño departamento o provincia de Chalatenango. Desde entonces no se sabe la suerte de ellas.
El Estado salvadoreño fue sentenciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en marzo de 2005, pero aún no se han cumplido todas las medidas, menos en lo que se refiere a que el Estado debe asumir la investigación sobre el paradero de las víctimas y encontrar a los responsables de tal hecho.
“La amnistía general impide la investigación de los hechos criminales. El presidente Funes ha hecho algo bueno y relevante, pero creo que sus medidas parten de tratar de reparar materialmente a las víctimas”, dice a Apro el defensor de los derechos humanos, Benjamín Cuéllar, quien añade que “desde el punto de vista del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA) –jesuitas– se debió comenzar por la búsqueda de la verdad (porque hay muchas verdades ocultas) y la justicia; después vienen las reparaciones, sólo después de conocer las terribles verdades y a los responsables… Es lo que dice la justicia transicional”.
Otros, como el intelectual David Escobar Galindo, que fue de la delegación gubernamental que negoció la paz en 1992, consideran que el tema de la amnistía no debería ser tocado. “El presidente Funes ya creó una comisión que se va a encargar de buscar formas de reparación que a mí me parece muy importante. La Ley de Amnistía cumplió una función muy trascendental y estar pensando en enjuiciar a gente de un bando y del otro, eso a estas alturas no es conveniente, puede ser hasta contraproducente.
“Lo que habría que hacer es el análisis de los hechos, lo que se llama la búsqueda de la verdad, que me parece bien, ya es un proceso histórico. Todos quisiéramos que nos contaran y saber qué es lo que pasó con los respectivos casos, porque no sólo son dos, tres, cuatro…, son muchísimos, pero ya es otra cosa y no tiene que ver con la Ley de Amnistía”, agregó Escobar Galindo.
La “reconciliación”
El presidente Funes, uno de cuyos hermanos fue asesinado por militares, apuntó que "la verdad y la justicia, entonces, como fundamentos de la reconciliación, nos obligan a reconocer los avances decisivos que los Acuerdos de Paz han tenido en la pacificación y en la democratización de la vida política del país, así como nos llevan a admitir las deudas que, al no ser saldadas, constituyen un obstáculo para la unidad y fraternidad del pueblo salvadoreño".
Los niveles de emotividad se incrementaron en la medida que el primer presidente de izquierda que gobierna El Salvador reconocía los "abusos" y "represiones" que cometieron los agentes del Estado, entre militares, miembros de los cuerpos de seguridad y paramilitares.
"Reconozco que agentes entonces pertenecientes a organismos del Estado, entre ellos las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad pública, así como otras organizaciones paraestatales, cometieron graves violaciones a los derechos humanos y abusos de poder", señaló.
Y agregó, sin pelos en la lengua: "Realizaron un uso ilegítimo de la violencia, quebrantaron el orden constitucional y violentaron normas básicas de la convivencia pacífica. Entre los crímenes cometidos se cuentan masacres, ejecuciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, abusos sexuales, privaciones arbitrarias de libertad y diferentes actos de represión".
Enfatizó que la mayoría de estos abusos fueron cometidos contra civiles indefensos ajenos al conflicto armado.
"Pido perdón en nombre del Estado salvadoreño a los niños…”, al mandatario se le quebró el habla y se limpió el rostro de lágrimas que rodaron por sus mejillas. “Pido perdón en nombre del Estado salvadoreño a los niños y niñas, jóvenes, mujeres y hombres, ancianos y ancianas, religiosos, campesinos, trabajadores, estudiantes, intelectuales, opositores políticos y activistas de los derechos humanos".
Y agregó: "Pido perdón a quienes no han podido terminar su duelo por desconocer el paradero de sus seres queridos. Pido perdón a los mártires que con su vida defendieron la paz y nunca han visto reconocido su sacrificio".
Hubo más aplausos y ovaciones, hubo lágrimas. Otros, como la diputada derechista Milena Escalón, del ahora opositor partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena), ni siquiera se pararon cuando Funes anunciaba las medidas de lo que en considera un nuevo camino de la reconciliación nacional. Ello refleja la grieta que aún vive El Salvador.
Funes anunció igualmente que creará una comisión interinstitucional que elaborará varias recomendaciones para resarcir los daños materiales y espirituales de las víctimas, así como para instrumentar medidas de dignificación de los victimizados.
Abrirá, además, una mesa de diálogo con lisiados de guerra y defensores de los derechos humanos para atender sus reivindicaciones, olvidadas por los anteriores gobiernos derechistas que estuvieron en el poder hasta el pasado 1 de junio, cuando Funes y la exguerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) asumieron el gobierno.
Asimismo, el mandatario salvadoreño se comprometió a apoyar a los organismos o tribunales jurídicos internacionales que están procesando casos de crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la guerra civil, porque así lo requiere el derecho internacional.
“Este acto de la reconciliación propuesto por el presidente Funes no lo es todo, pero es un camino abierto, como nunca antes, al debate de lo que queremos los salvadoreños como guía futura en cuanto a la verdad, la justicia y la reconciliación verdadera. Tendrá la palabra la sociedad”, finalizó Benjamín Cuéllar.
