JUAN JOSÉ DALTÓN - EL PAÍSSan Salvador - El Gobierno de El Salvador recurrirá al Ejército para reforzar el combate a la delincuencia y la violencia en el país. A partir de ahora, unos 6.500 soldados intentarán frenar la creciente ola de criminalidad. El año pasado, con aproximadamente nueve homicidios diarios, la tasa fue de 55 por cada 100.000 habitantes.
En El Salvador la delincuencia ha sobrepasado los límites. Las cifras de homicidios son iguales a las que tienen los países en guerras civiles. Por ello, el Gobierno de Mauricio Funes está planificando la "mejor forma" para que el Ejército pueda recuperar sus funciones para participar en acciones contra la delincuencia. Entre enero y septiembre de 2009, el promedio de homicidios diarios se elevó a más de 12, con lo que la tasa de homicidios podría terminar en 77 por cada 100.000 habitantes en 2009. Algo escandaloso, ya que, según la Organización Mundial para la Salud (OMS), las tasas mayores de 10 suponen epidemias.
El pasado viernes, Funes se reunió a puerta cerrada con sus ministros de Defensa y de Seguridad Pública, el general David Munguía Payés y Manuel Melgar, respectivamente. Previamente, Munguía Payés había mantenido una reunión con los más altos oficiales del Ejército, de la cual surgió la propuesta de incorporar a 6.500 militares a la lucha contra la criminalidad en algunas zonas donde "el Estado no ejerce soberanía" por el control que tienen ahí las maras. El ministro de la Defensa citó algunos de esos lugares "fuera de control": La Campanera, en el municipio de Soyapango, en los alrededores de San Salvador, así como municipios de San Miguel, donde las extorsiones contra negocios y el transporte público se han "disparado".
Una fuente de alto nivel del Gobierno, que prefirió el anonimato, aseguró a EL PAÍS que las reuniones y la planificación de lo que se debe hacer continuarán esta semana, entre el presidente, los ministros y sus más cercanos colaboradores.
La incorporación del Ejército a la lucha criminal no es fácil. A los soldados salvadoreños se les suprimieron todas las funciones de seguridad pública en los acuerdos políticos con los que concluyó la guerra civil en 1992. Desde entonces, quedó sometido el cuerpo castrense a la autoridad civil y dedicado únicamente a la defensa de la soberanía y de la integridad territorial.
Antes y durante la guerra civil (1980-1992), la Fuerza Armada tenía bajo su mando todo el sistema de seguridad pública, que lo componían las represivas Guardia Nacional (GN), Policía Nacional (PN) y Policía de Hacienda (PH), cada una de ellas con secciones de inteligencia dedicadas a la represión política.
El pasado 6 de octubre, el sacerdote jesuita de origen español y rector de la Universidad Centroamericana (UCA), José María Tojeira, lanzó una propuesta, que incluso el presidente Funes consideró "audaz"; integrar a la mitad de las fuerzas militares en el cuerpo policial.
"Podría implicar un proceso máximo de un año de entrenamiento y formación policial. Pero en un año se estaría incluyendo en la PNC [Policía Nacional Civil] aproximadamente a 5.000 personas sin un costo presupuestario especial. Quedarían en el Ejército otros 5.000 hombres que podrían utilizarse para misiones de paz en el exterior, asistencia en tiempo de desastres, etc. La idea puede parecer loca, pero es mejor que andar sacando militares a la calle a acompañar a los de la PNC. Nuestro país no tiene amenazas externas y en realidad no necesita Ejército", explicó Tojeira.
El debate promete disertaciones interesantes y polarizadas. De acuerdo a la propuesta de Tojeira, el Ejército quedaría reducido a la mitad de sus efectivos y la policía tendría un tercio más de su actual cuerpo. Pero habría que esperar aproximadamente un año para que los elementos sean bien entrenados, incluso en las normas de respeto a los derechos humanos.
El arzobispo de San Salvador,José Luis Escobar Alas, afirmó ayer que avala el uso de efectivos de la Fuerza Armada para combatir la delincuencia que golpea El Salvador.
