JUAN JOSÉ DALTON (EL PAÍS)
SAN SALVADOR - A los 35 años de edad, la abogada española Almudena Bernabéu se ha convertido en el látigo de los militares salvadoreños que durante la guerra civil cometieron crímenes de lesa humanidad. Actualmente se encuentra en San Salvador, en calidad de invitada especial a los homenajes que se le rinden a seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras que fueron asesinados impunemente un 16 de noviembre de hace 20 años en la Universidad Centroamericana (UCA). Bernabéu ha abierto un proceso en la Audiencia Nacional española, apelando al derecho de justicia universal, en contra de los 14 altos oficiales y soldados que supuestamente participaron en la planificación y ejecución del asesinato de los los religiosos.
Entre los seis jesuitas asesinados -cinco de ellos, españoles- se encontraban Ignacio Ellacuría e Ignacio Martín-Baró, filósofos, teólogos y psicólogos prominentes a nivel internacional.
"El proceso [ante la Audiencia española] va bien, tenemos la expectativa de ganar. Hemos estado recopilando información durante cuatro o cinco años antes de iniciar la querella y en los últimos meses hemos conseguido documentos de las inteligencias de varios países del mundo, por ejemplo del Pentágono y la CIA, de Estados Unidos, con lo que nuestro argumento de querellantes populares se fortalece", explicó Bernabéu a EL PAÍS. La abogada ha ganado ya tres juicios civiles en Estados Unidos contra cuatro altos mandos militares salvadoreños que estuvieron protegidos por Washington y ahora están a punto de ser deportados del territorio estadounidense.
Bernabéu trabaja para el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA, por sus siglas en inglés), de San Francisco (California, EE UU), que se ha encargado de perseguir esbirros y torturadores latinoamericanos residentes o con ciudadanía de Estados Unidos. "Nuestra labor, lo digo con mucho orgullo, ha buscado la verdad y la justicia. Y, mira tú, las cosas han cambiado tanto, que la Secretaría Nacional de Seguridad estadounidenses, que antes protegía a estos violadores de los derechos humanos, ahora compite con nosotros en las investigaciones para tratar de localizarlos", apunta la abogada española.
El CJA ha vencido en los juicios contra el teniente Álvaro Saravia, uno de los asesinos del arzobispo Óscar Romero, ejecutado en 1980; el ex coronel Nicolás Carranza, ex jefe de la Guardia Nacional (GN), que ordenó en 1980 el asesinato colectivo de seis líderes de opositor Frente Democrático Revolucionario (FDR), y los generales y ex ministros de Defensa Eugenio Vides Casanova y Guillermo García, acusados de secuestro y torturas a varios presos políticos. Los militares han sido sentenciados a pagar varios millones de dólares en indemnizaciones, pero únicamente se han embargado 300.000 dólares. "Lo más trascendente es que sus casos han sido judicializados y fueron condenados como violadores y criminales de lesa humanidad", recalca Bernabéu.
"El caso de los jesuitas en Madrid es diferente: se trata de un proceso penal. Quizás algunos vayan a la cárcel, pero habrá justicia. El juez Eloy Velasco es un excelente investigador", dice Bernabéu.
Antes de que termine este mes de noviembre han sido citadas a declarar como testigos varias personalidades que investigaron el caso en El Salvador. "No puedo decir más", apuntó la abogada, quien aclara que, pese a que es un caso de justicia universal, hay "unanimidad" en el apoyo de una parte de la sociedad española. "Se han solicitado documentos certificados a las autoridades salvadoreños; se están buscando las direcciones de los imputados para notificarles de las acusaciones y para que nombren defensores... Es decir, se acerca cada vez más la convocatoria de juicio o vista oral, y quizás, si hay rebeldías, se dicten órdenes de arresto internacional", explica Bernabéu.
Entre los acusados se encuentra el ex ministro de la Defensa y general retirado, René Emilio Ponce, así como su segundo al mando, Juan Orlando Zepeda, y el entonces jefe de la Aviación, Juan Rafael Bustillo, entre otros; en total, 14 militares ya retirados. Inicialmente también se incluía al ex presidente Alfredo Cristiani, acusado de encubridor, pero el juez Velasco lo excluyó hasta que en el proceso se logre comprobar que tuvo algún nivel de participación en la masacre.
Las víctimas de aquel 16 de noviembre de 1989, mientras se desarrollaba una ofensiva guerrillera contra San Salvador, fueron, además de Ellacuría y Martín Baró, el director del Instituto de Derechos Humanos (Idhuca), Segundo Montes, así como los profesores Joaquín López y López, Juan Ramón Moreno y Amado López. Las mujeres colaboradoras asesinadas fueron Julia Elba Ramos y Celina Mariceth Ramos, su hija, de apenas 16 años.
Según la Compañía de Jesús en El Salvador, Ellacuría estaba actuando como mediador entre el Gobierno de Cristiani y la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), a fin de llegar a un acuerdo negociado a una guerra civil que ya duraba más de una década.
