JUAN JOSé DALTON (PROCESO)SAN SALVADOR - La idea de utilizar a las fuerzas armadas para combatir a la delincuencia en El Salvador cobra cada vez más simpatía entre sectores sociales y empresariales, debido a que en los últimos dos meses ha aumentado de manera considerable el número de ejecuciones en el país.
El debate sobre ese punto se ha vuelto álgido y acalorado, y hay voces que afirman que prácticamente no hay espacios ni mucho tiempo para "medias tintas", ya que cada día son asesinadas alrededor de 15 personas, y al finalizar 2009 la tasa podría ubicarse en 75 homicidios por cada 100 mil habitantes.
En días pasados, el general David Munguía Payés causó sorpresa en el mundo político salvadoreño al declarar que el ejército está listo para combatir a la delincuencia, pero advirtió que los militares actuarían de manera "novedosa" y no sólo con más tropas en las calles para hacer patrullajes disuasivos.
Y añadió: "En lugares como La Campanera, en Soyapango, y en otros de San Miguel, el Estado salvadoreño no ejerce soberanía a causa de que los delincuentes tienen el control, así que vamos a recuperar la soberanía de dichos territorios".
Sin embargo, la advertencia de Munguía suena a "conquista de territorios", como ya antes lo hizo el ejército, durante la guerra civil, cuando se disputaba con la guerrilla las zonas montañosas.
La diferencia es que los territorios controlados por la delincuencia, especialmente en su forma de pandillas, están en zonas urbanas densamente pobladas, donde reside la gente más pobre de El Salvador.
Durante la guerra civil que se vivió en El Salvador, el concepto "reconquistar la soberanía" se utilizó para masacrar poblaciones enteras de los caseríos campesinos, a quienes acusaban de ser proveedores del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.
Pero era la guerrilla misma la que evadía y rompía cercos, se movilizaba de manera muy ágil y realmente nunca recibió golpes contundentes. La infiltración de agentes de inteligencia tuvo mejores efectos.
Miedo a los militares
El pasado 15 de septiembre se celebró en El Salvador el Día de la Independencia. Como ya es tradición, hubo un desfile militar, tras lo cual sectores sociales cercanos a la izquierda, así como profesionales e intelectuales, preguntaron: ¿Por qué celebrar con desfiles militares? Y es que ellos fueron, precisamente, los protagonistas de muchas masacres durante la guerra civil.
El Día de la Independencia, las fuerzas especiales del ejército, en helicópteros y en tierra, hicieron demostraciones de su destreza. El ruido de los aparatos aéreos, los uniformes camuflados y las caras pintadas recordaron las masacres contra civiles a manos de los comandos contrainsurgentes.
Los famosos Batallones de Infantería de Reacción Inmediata (BIRI), como el Atlacatl, fueron protagonistas de hechos aún no juzgados.
"Sentí un poco de rabia... Ver a los BIRI ahí, eran los que nos perseguían en las montañas. Muchos de mis compañeros se pusieron nerviosos. La guerra no se olvida", dijo a Apro el lisiado de guerra Mateo, quien actualmente funge como guardaespaldas de un funcionario del gobierno.
Pero el miedo a los militares --y en general a los agentes armados del Estado-- tiene bases reales.
Benjamín Cuéllar, defensor de los derechos humanos de la Universidad Centroamericana (UCA), relató que el pasado miércoles 14, "mientras muchos y muchas mirábamos –por televisión o en el Estadio Cuscatlán– el encuentro futbolístico entre las selecciones hondureña y salvadoreña, Emilio Pérez, de 34 años, nacido en Panchimalco y residente en ese municipio, empleado del Diario El Mundo, casado con Carmen Elena Vásquez y padre de un joven de 16 años y de una niña de siete, fue asesinado".
A Emilio lo apuñalaron y degollaron en presencia de un agente de seguridad de la Corte de Cuentas y un grupo de soldados que patrullaban la zona. El móvil del crimen, según la hipótesis de la Policía Nacional Civil (PNC), fue el robo.
Luego de ese hecho, la Coalición Centroamericana para la Prevención de la Violencia Juvenil (CCPVJ), que agrupa a varias organizaciones de la región, demandó al gobierno izquierdista de Mauricio Funes, el pasado lunes 26, no incorporar a militares en las funciones de seguridad pública, y exigió el retiro progresivo de los patrullajes disuasivos en los llamados Grupos de Tarea Conjunta (GTC).
Asimismo, en consonancia con otros grupos civiles, la CCPVJ pidió reforzar a la Policía Nacional Civil (PNC).
En tanto, el rector de la Universidad Centroamericana (UCA), el sacerdote José María Tojeira, propuso una fórmula nada "descabellada", como la calificó el propio presidente Funes: Enviar a la mitad de militares (6 mil aproximadamente) a la Academia de Seguridad Pública, a fin de que se conviertan en policías.
Tal medida implicaría reducir el ejército y reforzar la PNC, contrario a lo que planteó Munguía. De acuerdo con el general, la idea no es convertir en policías a los militares, simplemente ha dicho que 6 mil 500 de ellos están listos cuando se les requiera para cumplir tareas de seguridad pública.
Sus "muchachos", ha dicho, se han preparado para actuar contra la delincuencia, así como para capturar en "flagrancias" a los malhechores.
David Rivas, secretario de Comunicaciones de la Presidencia, aseguró a Apro que "el presidente Funes está estudiando las opciones que le han propuesto (diversos sectores) y tomará una decisión que será anunciada a la población".
Por su parte, Ignacio Cano, director del Laboratorio de la Violencia de Brasil, expuso: "El llamado al ejército está siendo un fenómeno común en algunos países de Latinoamérica ante la crisis y la poca capacidad de las fuerzas policiales para enfrentar a la delincuencia.
"En ocasiones el ejército es llamado para resolver emergencias o contingencias, pero en otras ocasiones se le encargan otras tareas, como la lucha contra las drogas u otro tipo de criminalidad", explicó.
Según Cano, es grave tener la "ilusión" de que las fuerzas armadas serán "las guardianes últimas de las esencias de la patria" y que nos protegerán de todos los males.
"En la medida que el ejército haga las tareas de la policía, terminará igual, con ellos involucrados en corrupción", señaló el académico, quien enfatizó que la doctrina de los militares no es la seguridad pública, sino la "neutralización del enemigo".
Y, en coincidencia con el planteamiento del jesuita Tojeira, concluyó: "Nuestras necesidades de defensa del territorio y la soberanía son menos y las de seguridad pública son mayores, por lo tanto, se podrían trasladar recursos de Defensa a la Seguridad Pública".
