JUAN JOSÉ DALTON - (El País)
San Salvador - Ante la incapacidad mostrada por el sistema de seguridad pública de El Salvador para frenar una ola de violencia que se cobra la vida de 16 personas cada día, y con el aval de la mayoría de sus ciudadanos, el presidente Mauricio Funes ha tomado cartas en el asunto. El líder del Ejecutivo salvadoreño ha decidido ordenar a una parte del Ejército para que apoye la labor de la policía en determinados puntos "neurálgicos", ubicados en 18 municipios de este convulsionado país, catalogado por Naciones Unidas como el más peligroso de Latinoamérica.
La controvertida medida entra en vigencia hoy y se prolongará durante seis meses. Una vez superado ese límite de tiempo, el presidente Funes, el primer regidor de izquierdas que gobierna El Salvador, rendirá un informe al Congreso legislativo sobre la efectividad que haya tenido el plan, que persigue, entre otros objetivos, bajar el número de homicidios de jóvenes entre 18 y 30 años. Según un reciente estudio estadístico, el 86% de los asesinados son hombres y jóvenes.
El proyecto de Funes consiste en incrementar en 2.500 soldados y oficiales los efectivos del Ejército que ya participaban en acciones de patrullaje disuasivo, especialmente en zonas donde abunda el número de pandillas. Ya desde hace más de dos años unos 1.700 soldados integran junto a unidades de policía los llamados Grupos de Tarea Conjuntos.
"Reservistas no estamos movilizando para esto. Si contabilizamos el personal que vamos a agregar más el que ya tenemos, estamos hablando casi de 4.000 hombres que acompañarán a la policía", según explicó a la prensa el ministro de Defensa, el general David Munguía Payés.
Los soldados han sido adiestrados para participar no sólo en patrullas, sino en cateos, allanamientos y capturas flagrantes, según anunció Munguía Payés. Pero el jefe militar advirtió: "No es que el soldado vaya a utilizar las armas de forma indiscriminada, pero obviamente se va a defender en caso de que se dé una contingencia".
Entre los organismos defensores de los derechos humanos y de la legalidad hay temores acerca de la participación del Ejército en tareas de seguridad pública. Estas dudas surgen a raíz de los antecedentes represivos que tuvo la Fuerza Armada, antes y durante la Guerra Civil que se desarrolló entre 1980 y 1992, cuando apresaba, torturaba, asesinaba y hacía desaparecer a los adversarios de la dictadura militar.
Después del conflicto armado ningún militar fue juzgado por actos de lesa humanidad como las masacres campesinas de El Mozoto y El Sumpul, en las que poblaciones enteras fueron exterminadas en operaciones contra insurgentes; tampoco hubo juicios por asesinatos como el del arzobispo Óscar Romero o el de seis jesuitas, ente otros.
A partir de hoy, la presencia militar en las provincias de Sonsonate, San Salvador, Santa Ana, San Miguel y La Libertad será evidente, ya que son en las que las pandillas tienen una mayor incidencia. "No puedo mandar un telegrama a los delincuentes en estos momentos y decirles dónde vamos a estar operando", dijo, no obstante, el general Munguía Payes.
El titular de Defensa había advertido recientemente que en algunos lugares como La Campanera -donde el periodista franco-español Christian Poveda, asesinado en septiembre, filmó un documental sobre la vida de las maras-, así como en otras zonas de San Miguel, al este de El Salvador, "el asunto era de rescatar la soberanía", porque debido al control de la delincuencia, el Ejecutivo no ejercía ninguna autoridad en estos lugares.
En lo que va de año han sido asesinadas más de 3.600 personas, lo que supone un incremento de cerca de 400 muertes más que el total de asesinados el año pasado, cuando la tasa de homicidios fue aproximadamente de 50 por cada 100.000 habitantes. De acuerdo con los cálculos actuales, El Salvador terminará 2009 con 75 homicidios por cada 100.000 habitantes, siete veces más de lo que la Organización Mundial para la Salud (OMS) reconoce como epidemia.
