miércoles, 23 de abril de 2014

Iglesias salvadoreñas proponen relanzar diálogo con maras, sociedad y gobierno

San Salvador (23-04-2014)
Por Juan José Dalton (EL PAÍS)
Líderes de nueve iglesias salvadoreñas, encabezados por el obispo católico castrense Fabio Colindres, propusieron este martes al presidente electo Salvador Sánchez Cerén un relanzamiento de lo que ellos llaman “una estrategia de pacificación basada en el establecimiento de un mecanismo formal de diálogo con las pandillas”, con el fin de detener la escalada de violencia asociada a estas agrupaciones criminales que en Centroamérica se conocen como maras.
El antecedente de este diálogo sería la llamada tregua entre las maras que data de marzo de 2012 y en el que el propio obispo Colindres incurrió como mediador entre los líderes de la Mara Salvatrucha (MS13) y la pandilla Barrio 18, quienes pactaron dejar de matarse entre sí y dejar de asesinar a terceros, con vistas a aplacar la violencia que hasta entonces causaba entre 14 y 15 asesinados diariamente. Luego del controversial pacto los asesinatos se redujeron a entre 6 y 5 diarios, sin embargo, en la actualidad hay un ascenso de los homicidios que las autoridades calculan entre 8 y 9 diarios.
Los religiosos salvadoreños, entre ellos reconocidas figuras sociales como el obispo luterano Medardo Gómez y anglicano Martín Barahona, se han agrupado en la Iniciativa Pastoral por la Vida y por la Paz, que reconoce el agobio que vive la sociedad salvadoreña y la incapacidad que se ha tenido para resolver la problemática de la violencia. “Por tal razón con humildad abrimos nuestras puertas y tendemos nuestras manos para generar este vital acercamiento, esta iniciativa pacificadora”, indica la proclama religiosa.
El excomandante guerrillero y político izquierdista Sánchez Cerén asumirá el 1 de junio próximo y una de sus promesas más importantes en la campaña electoral fue la de combatir la criminalidad con el peso de la ley, pero también con inteligencia y con programas de prevención. Por tal motivo los nueve líderes religiosos proponen al gobierno entrante que se relance una estrategia de pacificación consistente en varias etapas: un diálogo entre la sociedad civil y las pandillas; otro diálogo entre las pandillas entre sí y un diálogo entre la sociedad civil y el gobierno.
Aclaran los firmantes de la propuesta que no es una iniciativa para que el gobierno negocie con las pandillas o grupos delictivos, pero el gobierno debe “asumir responsablemente la solución integral del problema de la violencia, atendiendo las causas estructurales que la generan”, aseveró el obispo Colindres, quien también recalcó que el gobierno debe, junto con la sociedad civil organizada, diseñar programas de prevención, reinserción y de rehabilitación de quienes estén fuera de la ley.
Mientras se conocen este tipo de iniciativas pacificadoras, como la que también lanzó el pasado 17 de abril el ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Perdomo, cuando llamó a los líderes pandilleros dejar de matar y de extorsionar, e incorporarse a un diálogo pacificador con la sociedad civil, en las calles la realidad es dramática y aterradora: sólo el lunes se escenificaron dos fuertes ataques armados y calculados de las maras: una primera emboscada fue contra un taxi que transportaba a pandilleros recién liberados de una bartolina policial; en la acción fulminante y a plena luz del día en San Salvador, fueron asesinados tres pandilleros y el taxista, otro más resultó herido. Otra emboscada fue ejecutada por pandilleros contra agentes policiales en Zacatecoluca, zona central de El Salvador, en horas de la mañana; los mareros usaron subametralladoras UZI y lograron herir a dos de los tres policías que se conducían en el vehículo.
En lo que va de año se han realizado 62 ataques directos en contra de agentes policiales; no sólo a patrullas, sino contra puestos de la Policía Nacional Civil (PNC), así como a agentes que gozan de vacaciones o de licencia. Cuatro agentes han muerto y una decena de heridos han causado estos ataques en lo que va de mes de abril del presente año.
Por su parte, sectores conservadores así como algunos expertos locales, como Rodrigo Ávila, exdirector de la Policía Nacional Civil (PNC), y Carlos Ponce, criminalista y columnista de medios de prensa, comentaron el peligro que El Salvador enfrenta por el desarrollo logrado por las pandillas desde que se alcanzó la tregua en 2012. Ávila advirtió que El Salvador podría convertirse en "un Estado fallido" si se sigue permitiendo a las pandillas criminales una mayor beligerancia como están demostrando en los últimos ataques o si se les sigue dando espacio de interlocución por medio de procesos de diálogos o establecimientos de treguas, como ha ocurrido en el presente gobierno de corte izquierdista.
Por su parte, el criminalista Ponce consideró que los recientes ataques directos de los pandilleros contra la Policía Nacional Civil, evidencia los niveles de organización y armamento logrado por las pandillas. También denunció el hecho de que existen evidencias de nexos entre agentes de la policía con las pandillas, así como de "diálogos oscuros" entre las pandillas y los partidos políticos, como se dio en la época de la campaña electoral cuando las pandillas declaraban por cuáles candidatos votar y por cuáles no.

http://internacional.elpais.com/internacional/2014/04/23/actualidad/1398210733_845190.html

jueves, 17 de abril de 2014

El Gobierno salvadoreño llama a reeditar el “diálogo con las maras”

San Salvador (17-04-2014)
Por Juan José Dalton (El País)
El Gobierno de Mauricio Funes, al que le quedan menos de 45 días de gestión, ha llamado a un nuevo diálogo con las maras de El Salvador. El encargado de tal propuesta fue el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Ricardo Perdomo, quien habló el miércoles de “reeditar un diálogo con líderes de pandillas por medio de un plan más transparente”. Las posibles nuevas conversaciones con las pandillas violentas seguramente causarán gran polémica en un país dividido por la política, la riqueza y la violencia.
Perdomo explicó que el nuevo diálogo con las maras debe incluir a sectores económicos, políticos, civiles, religiosos y culturales. Es una referencia a que la tregua entre las maras que inició en marzo de 2012 - entre los principales líderes de la Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18 - se contempló como un hecho aislado en el que únicamente participaron los líderes delincuentes presos y dos mediadores: el obispo castrense Fabio Colindres y el exjefe guerrillero Raúl Mijango.
“Hago un llamado a aquellos jefes de pandillas que todavía creen en el proceso de pacificación, a que dejen de matar y extorsionar a la población”, aseveró el ministro Perdomo, quien acto seguido invitó a los jefes pandilleros a sumarse a una nueva versión del diálogo con representantes de la sociedad civil y con supervisión gubernamental. Cuando se pactó la tregua entre las maras de 2012, el Gobierno negó su participación, aunque sus funcionarios aclaraban que únicamente se le dio soporte político al proceso que bajó los homicidios de 14 a 5 diarios. Sin embargo, la crítica se centraba en que las extorsiones y los robos no cesaban. Por eso el fiscal general, Luis Martínez, la catalogó como la “tregua hipócrita”.
De acuerdo a Perdomo, la primera reunión del nuevo plan de diálogo será convocada para la próxima semana, una vez finalicen las actuales vacaciones de Semana Santa, pero no aclaró quiénes serán los invitados.
En los últimos días, las propias autoridades denunciaron ataques directos de pandilleros armados con fusiles de guerra y de uso exclusivo de la Fuerza Armada como M-16 y AK-47. En ellos han muerto tres agentes de la policía y once más resultaron heridos. El subdirector de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Ramírez Landaverde, explicó que desde el primero de enero al 15 de abril se cometieron 60 ataques de pandilleros contra agentes de la seguridad pública.
Un reciente informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito sobre violencia sitúa a Latinoamérica como el continente más peligroso del Mundo. Este mismo asegura que El Salvador ocupa el cuarto lugar como país más peligroso y letal, con una tasa de homicidios de más de 40 por cada 100.000 habitantes.
Una de las mayores preocupaciones de la actualidad es que las maras se conviertan en poderosas narcopandillas, por las relaciones o nexos que han descubierto organismos de inteligencia del Estado salvadoreños entre las bandas locales y los carteles de la droga de Colombia y México. “Sería un verdadero peligro que ello ocurriera”, advirtió a EL PAÍS el subdirector de la PNC, para luego apuntar: “Por ello debemos dar pasos y actuar para evitar el surgimiento de las narcopandillas, aunque ya muchas se dedican al narcomenudeo y al tráfico de drogas ilícitas”.

http://internacional.elpais.com/internacional/2014/04/18/actualidad/1397784962_152058.html

sábado, 12 de abril de 2014

Un juez de EE UU ordena deportar a un criminal de guerra salvadoreño

San Salvador (12/04/2014)
Por Juan Juan Dalton (El País)
El juez de la Corte de Inmigración de la ciudad estadounidense de Miami, Michael C. Cuerno, decidió que el exministro de Defensa de El Salvador, general José Guillermo García, otrora aliado de Washington en la guerra contrainsurgente en la década de 1980, debe ser deportado por su participación en una serie de violaciones de derechos humanos, incluyendo el asesinato de un arzobispo, de cuatro monjas y la masacre de más de 1.000 campesinos, según publicó el viernes The New York Times.
La decisión fue emitida el pasado 26 de febrero, pero no fue hecha pública por la Corte hasta que el diario estadounidense solicitó darla a conocer bajo la Ley de Libertad al Derecho de Información. Tras la solicitud, los funcionarios judiciales determinaron que "el interés público en la divulgación de la información era mayor que el interés en la privacidad del general García”, según aclara la autora de la nota, la periodista Julia Preston, conocedora del drama salvadoreño desde la guerra civil (1980-1992).
De acuerdo al reportaje el fallo del juez Cuerno fue más allá de procesos judiciales anteriores y encontró que el general García había desempeñado un papel directo en algunos de los asesinatos más atroces en El Salvador en momentos en que Washington apoyaba al ejército salvadoreño en su lucha contra los insurgentes del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), en la actualidad convertido en partido político y desde 2009 partido gobernante.
Contra el general García, y contra el también general y exministro de Defensa, Eugenio Vides Casanova, se han abierto varios procesos judiciales en el pasado en el Estado de la Florida. Uno de ellos en una corte civil en la que los demandantes Juan Ramagoza, Neris González y Carlos Mauricio, de origen salvadoreño, acusaron en 1999 a los exmilitares por torturas sufridas cuando estuvieron prisioneros. El juicio fue ganado por las víctimas y los exmilitares obligados a pagar indemnizaciones por más de 50 millones de dólares a las víctimas. Otro juicio por el asesinato, el 2 de diciembre de 1980, de cuatro monjas estadounidenses de la Orden Maryknoll, también fue ganado por las víctimas y los militares obligados a cancelar millonarias indemnizaciones.
Estas atrocidades formaban parte de la política militar deliberada del general García como ministro de Defensa", dice el fallo
En este último caso de la Corte de Inmigración en el que se procesaba solo al general García por fraude migratorio, el juez Cuerno encontró "pruebas claras y convincentes" de que el general García "asistido o no, participó en 11 episodios de violencia que marcaron a El Salvador, incluyendo el asesinato del Arzobispo de San Salvador, Óscar Arnulfo Romero, cuando oficiaba una misa el 24 de marzo de 1980 en la capilla de un Hospital de cancerosos".
De acuerdo al juez de Miami también encontró que el general García ayudó a ocultar la participación de los soldados que mataron a cuatro religiosas estadounidenses más tarde ese año. Él "sabía o debería haber sabido" que las tropas del ejército habían matado a los aldeanos, entre ellos mujeres y niños, en la población de El Mozote en diciembre de 1981, considerada una de las más grandes atrocidades de la guerra salvadoreña ejecutadas por el ya fallecido coronel Domingo Monterrosa.
“Estas atrocidades formaban parte de la política militar deliberada del general García como ministro de Defensa", dice el texto del fallo, en el que se agrega que García "fomentó, y se deja crecer, un ambiente institucional en el que las Fuerzas Armadas salvadoreñas apresaba a civiles indefensos con el pretexto de la lucha contra la subversión comunista ".
La deportación del general García no será inminente, dado que el acusado apelará la sentencia, tal como expresó su abogada defensora, Alina Cruz, al afirmar que "discrepamos respetuosamente con las conclusiones y resoluciones del juez de inmigración. El caso está siendo apelado y estamos seguros de que el general García será exonerado. Lamento que no puedo comentar más sobre este caso en curso", manifestó la defensora de García a The New York Times.
El general García tiene de 81 años de edad y fue ministro de Defensa desde octubre 1979 a abril 1983, años álgidos de la guerra civil en los que se cometieron el asesinato del Arzobispo Romero, el de las cuadro monjas estadounidenses, y de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, Marianella García Villa, así como las masacres de El Mozote y del Río Sumpul, en contiendas contrainsurgentes llamadas de “tierra arrasada”. Desde 1990 reside en Miami como asilado político.
En Estados Unidos hay tres casos abiertos para deportar a exaltos oficiales del ejército salvadoreño. Además de García están procesados el general Eugenio Vides Casanova, en Miami, y el coronel Inocente Montano, en Boston. Este último está involucrado en la matanza de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus empleadas, hecho ocurrido el 16 de noviembre de 1989; también es uno de los demandados por el juez Eloy Velasco, de la Audiencia Nacional de España, por el caso abierto en Madrid de la matanza de los jesuitas, cinco de ellos de origen español, entre los que destacan Ignacio Ellacuría e Ignacio Martín-Baró, prominentes figuras de la Teología de la Liberación.
Las posibles deportaciones de los exmilitares salvadoreños, dicen observadores políticos, responden a una nueva política girada en 2011 por el presidente Barack Obama, referida a no dar refugio ni visas de entrada a territorio norteamericano a personas involucradas en genocidios y en graves violaciones a los derechos humanos, o crímenes de lesa humanidad.

http://internacional.elpais.com/internacional/2014/04/12/actualidad/1397333601_017760.html