sábado, 12 de abril de 2014

Un juez de EE UU ordena deportar a un criminal de guerra salvadoreño

San Salvador (12/04/2014)
Por Juan Juan Dalton (El País)
El juez de la Corte de Inmigración de la ciudad estadounidense de Miami, Michael C. Cuerno, decidió que el exministro de Defensa de El Salvador, general José Guillermo García, otrora aliado de Washington en la guerra contrainsurgente en la década de 1980, debe ser deportado por su participación en una serie de violaciones de derechos humanos, incluyendo el asesinato de un arzobispo, de cuatro monjas y la masacre de más de 1.000 campesinos, según publicó el viernes The New York Times.
La decisión fue emitida el pasado 26 de febrero, pero no fue hecha pública por la Corte hasta que el diario estadounidense solicitó darla a conocer bajo la Ley de Libertad al Derecho de Información. Tras la solicitud, los funcionarios judiciales determinaron que "el interés público en la divulgación de la información era mayor que el interés en la privacidad del general García”, según aclara la autora de la nota, la periodista Julia Preston, conocedora del drama salvadoreño desde la guerra civil (1980-1992).
De acuerdo al reportaje el fallo del juez Cuerno fue más allá de procesos judiciales anteriores y encontró que el general García había desempeñado un papel directo en algunos de los asesinatos más atroces en El Salvador en momentos en que Washington apoyaba al ejército salvadoreño en su lucha contra los insurgentes del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), en la actualidad convertido en partido político y desde 2009 partido gobernante.
Contra el general García, y contra el también general y exministro de Defensa, Eugenio Vides Casanova, se han abierto varios procesos judiciales en el pasado en el Estado de la Florida. Uno de ellos en una corte civil en la que los demandantes Juan Ramagoza, Neris González y Carlos Mauricio, de origen salvadoreño, acusaron en 1999 a los exmilitares por torturas sufridas cuando estuvieron prisioneros. El juicio fue ganado por las víctimas y los exmilitares obligados a pagar indemnizaciones por más de 50 millones de dólares a las víctimas. Otro juicio por el asesinato, el 2 de diciembre de 1980, de cuatro monjas estadounidenses de la Orden Maryknoll, también fue ganado por las víctimas y los militares obligados a cancelar millonarias indemnizaciones.
Estas atrocidades formaban parte de la política militar deliberada del general García como ministro de Defensa", dice el fallo
En este último caso de la Corte de Inmigración en el que se procesaba solo al general García por fraude migratorio, el juez Cuerno encontró "pruebas claras y convincentes" de que el general García "asistido o no, participó en 11 episodios de violencia que marcaron a El Salvador, incluyendo el asesinato del Arzobispo de San Salvador, Óscar Arnulfo Romero, cuando oficiaba una misa el 24 de marzo de 1980 en la capilla de un Hospital de cancerosos".
De acuerdo al juez de Miami también encontró que el general García ayudó a ocultar la participación de los soldados que mataron a cuatro religiosas estadounidenses más tarde ese año. Él "sabía o debería haber sabido" que las tropas del ejército habían matado a los aldeanos, entre ellos mujeres y niños, en la población de El Mozote en diciembre de 1981, considerada una de las más grandes atrocidades de la guerra salvadoreña ejecutadas por el ya fallecido coronel Domingo Monterrosa.
“Estas atrocidades formaban parte de la política militar deliberada del general García como ministro de Defensa", dice el texto del fallo, en el que se agrega que García "fomentó, y se deja crecer, un ambiente institucional en el que las Fuerzas Armadas salvadoreñas apresaba a civiles indefensos con el pretexto de la lucha contra la subversión comunista ".
La deportación del general García no será inminente, dado que el acusado apelará la sentencia, tal como expresó su abogada defensora, Alina Cruz, al afirmar que "discrepamos respetuosamente con las conclusiones y resoluciones del juez de inmigración. El caso está siendo apelado y estamos seguros de que el general García será exonerado. Lamento que no puedo comentar más sobre este caso en curso", manifestó la defensora de García a The New York Times.
El general García tiene de 81 años de edad y fue ministro de Defensa desde octubre 1979 a abril 1983, años álgidos de la guerra civil en los que se cometieron el asesinato del Arzobispo Romero, el de las cuadro monjas estadounidenses, y de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, Marianella García Villa, así como las masacres de El Mozote y del Río Sumpul, en contiendas contrainsurgentes llamadas de “tierra arrasada”. Desde 1990 reside en Miami como asilado político.
En Estados Unidos hay tres casos abiertos para deportar a exaltos oficiales del ejército salvadoreño. Además de García están procesados el general Eugenio Vides Casanova, en Miami, y el coronel Inocente Montano, en Boston. Este último está involucrado en la matanza de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus empleadas, hecho ocurrido el 16 de noviembre de 1989; también es uno de los demandados por el juez Eloy Velasco, de la Audiencia Nacional de España, por el caso abierto en Madrid de la matanza de los jesuitas, cinco de ellos de origen español, entre los que destacan Ignacio Ellacuría e Ignacio Martín-Baró, prominentes figuras de la Teología de la Liberación.
Las posibles deportaciones de los exmilitares salvadoreños, dicen observadores políticos, responden a una nueva política girada en 2011 por el presidente Barack Obama, referida a no dar refugio ni visas de entrada a territorio norteamericano a personas involucradas en genocidios y en graves violaciones a los derechos humanos, o crímenes de lesa humanidad.

http://internacional.elpais.com/internacional/2014/04/12/actualidad/1397333601_017760.html

jueves, 10 de abril de 2014

David Morales: “La ley de Amnistía ya no puede ser una excusa en El Salvador”

San Salvador (10/04/2014)
Por Juan José Dalton (El País)
El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, David Morales, considera positivo que continúe el proceso penal contra los militares salvadoreños que "supuestamente confabularon y asesinaron" a seis jesuitas y dos de sus colaboradoras el 16 de noviembre de 1989”, hecho que ha pasado a la historia como uno de los crímenes más significados cometidos por el ejército durante la guerra civil (1980-1992). Cinco de los sacerdotes asesinados eran españoles, entre ellos las destacadas figuras de la Teología de la Liberación Ignacio Ellacuría e Ignacio Martín-Baró.
Morales, experto en materia de derechos humanos, critica las recientes reformas legales hechas en España y que, según su opinión, “restringen el principio de aplicación de justicia universal. España ha adoptado esta legislación soberana", dice Morales, "pero debemos de tener claro que estaría afectando seriamente los casos en trámite que son objeto de la aplicación de la justicia universal, como es el caso de los jesuitas”. En mayo de 2011 el juez Eloy Velasco inició las investigaciones contra 20 altos militares salvadoreños, entre ellos dos generales que fueron ministros de Defensa de El Salvador, por estos hechos conocidos como la Masacre de la UCA (Universidad Centroamericana).
Además de Ellacuría y Martín-Baró, los otros jesuitas asesinados fueron Segundo Montes, Amando López y Juan Ramón Moreno, todos ellos de nacionalidad española, y Joaquín López y López, salvadoreño, al igual que las empleadas Elba Julia y Celina Ramos, madre e hija.
Pese a las restricciones de las reformas en España, el procurador salvadoreño ve positiva y justa “la interpretación que ha hecho el juez Eloy Velasco, quien ha afirmado que continuará investigando y procesando el caso de la masacre de los jesuitas a través de la persecución por el delito de terrorismo, por asesinatos terroristas en contra de cinco sacerdotes que eran de origen español”.
Seguimos viviendo una situación de impunidad generalizada; de inacción de la Justicia para investigar los grandes crímenes ocurridos en la guerra civil
Pero Morales advierte a la sociedad salvadoreña: “Debemos leer estos sucesos y estos cambios con un espíritu de reflexión sobre la situación interna, de la justicia interna, ante el caso de los padres jesuitas y sus colaboradoras y sobre los restantes casos históricos de crímenes de lesa humanidad que se cometieron durante la guerra civil”.
“Seguimos viviendo una situación de impunidad generalizada; de inacción del sistema de justicia para investigar los grandes crímenes ocurridos en el marco de la guerra civil. Esta es una situación de profunda discriminación a las víctimas del conflicto armado”, apuntó Morales al referirse a los más de 70.000 asesinados y 8.000 desaparecidos, víctimas que no han tenido ni justicia ni resarcimiento y en la mayoría de los casos están en el olvido después de 22 años de finalizada la confrontación armada. En la confrontación armada fueron asesinados más de una treintena de sacerdotes, monjas y pastores, entre ellas cuatro monjas estadounidenses y el Arzobispo de San Salvador, Oscar Arnulfo Romero.
En diciembre de 2011, por petición del juez Velasco, España reclamó la entrega de los supuestos culpables del caso de los sacerdotes. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador negó la extradición de los militares a España, alegando que internamente el caso había sido juzgado, lo que Velasco consideró un proceso falaz.
“Es positivo para la humanidad y para nuestra sociedad que otros países impulsen procesos y apliquen la justicia. Es positivo, digo, porque son crímenes que ofendieron a toda la humanidad. Pero no deberíamos limitarnos a eso. Deberíamos cambiar la situación de justicia en nuestro país y romper el ciclo de la impunidad”, recalca el procurador Morales.
De acuerdo al Ombudsman salvadoreño, para romper el ciclo de la impunidad en El Salvador lo que “se necesita es la firmeza y la voluntad de la Fiscalía General de la República (FGR) y de los tribunales de justicia que conocen los casos, de aplicar la Constitución de la República, cumplir las leyes y los tratados internacionales vigentes para El Salvador”.
“No es admisible la situación de impunidad porque la impunidad existe debido a que las instituciones del sistema de justicia se niegan a cumplir la investigación de los crímenes y sancionar a los responsables”, afirmó Morales, quien finalmente recalcó que “la ley de amnistía ya no es una excusa desde hace algunos años; la ley de amnistía no debería de operar para casos de crímenes contra la humanidad o graves violaciones a los derechos humanos”, ello debido a que un fallo de la Sala de lo Constitucional de 2000 dejó sin efecto la amnistía para casos graves de lesa humanidad.

http://internacional.elpais.com/internacional/2014/04/11/actualidad/1397175725_686816.html

miércoles, 9 de abril de 2014

“La desatención social generó el pandillerismo en El Salvador ”

Padre Toño, frente a un mural dedicado al asesinado Geovani
San Salvador (09-04-2014)
Por Juan José Dalton (EL PAÍS)
El sacerdote, de 37 años de edad, es originario del pueblo manchego de Daimiel (Ciudad Real), pero después de casi 15 años de residir en El Salvador se considera ya un salvadoreño y ha adoptado sus formas de hablar, aunque todavía con la entonación de su lengua madre: “La situación está yuca, hombre”, dice para expresar que el momento es difícil en lo que a violencia se refiere. El padre Toño llegó a El Salvador el 15 de agosto del 2000. “Era el aniversario de nacimiento de Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Tres años después me licencié en Teología de la Liberación, en la Universidad Centroamericana, con profesores como Jon Sobrino y José María Castillo. Vine aquí porque quise seguir el camino de Romero y de los padres jesuitas asesinados por soldados en 1989. Siempre quise desarrollar mi trabajo en América Latina. Presioné mucho ami congregación para que me enviara aquí y lo hicieron. Tenía 23 años cuando llegué”, rememora Rodríguez.
El sacerdote se asentó en Mejicanos, un municipio de San Salvador, la capital. “Venía de Europa a una de las zonas más pobres de América, y me impactó la violencia de la pobreza. Comencé a ver a niños y jóvenes asesinando niños y jóvenes…”. Afirma que desde que llegó han sido asesinados unos 300 jóvenes en esta zona. Otros 170, dice, están presos. Y unos 1.000 se han acogido a diversos programas de reinserción. A través del contacto directo con el problema, el padre Toño se ha convertido en una autoridad sobre las maras (las pandillas) y su evolución en El Salvador.
Comencé a ver a niños y jóvenes asesinando niños y jóvenes…”
Sobre la reciente detención en España de pandilleros salvadoreños, el sacerdote considera que es un indicio de la colusión entre los delincuentes y sectores de las instituciones. “No podemos hablar de un fenómeno de internacionalización de las maras sin la penetración del Estado en ellas o de ellas en el Estado”.
En la operación de la Guardia Civil española cayeron 35 miembros de la Mara Salvatrucha, a la que el cuerpo de seguridad calificó como una estructura mafiosa que había abierto una sucursal española para lavar dinero procedente de El Salvador y de otros países centroamericanos por medio del establecimiento de bares.
En El Salvador, Honduras y Guatemala las maras se dedican especialmente a la extorsión en contra de la pequeña y mediana empresa, así como contra el transporte público. El padre Toño subraya el poder alcanzado por estas bandas ilícitas a través de su penetración en el Estado, por sus vínculos con la policía y con el ejército, que les han dado más fuerza. “Por ello han llegado hasta España”, apunta.
“Ya hemos tenido hallazgos en estos dos últimos años de comisionados de la policía vinculados con las pandillas y con gente que trabaja para organismos de la inteligencia del Estado. Incluso de un miembro del ejército vinculado al cartel narco de Texis”, asevera el sacerdote, tras señalar que “lo que las pandillas no han calculado es que en España no pueden desarrollarse debido a la realidad social diferente a la que existe en El Salvador y a la efectividad investigativa de la policía española”. “En El Salvador”, asegura, “lo que se hace es correr a los muchachos a través de redadas; en España se investiga el tema integralmente y luego se les golpea para desarticularlos”.

El sacerdote, de 37 años de edad, es originario del pueblo manchego de Daimiel pero después de casi 15 años de residir en El Salvador se considera ya un salvadoreño

El sacerdote es párroco de la iglesia de San Francisco de Asís, en Mejicanos, que se haya en el corazón de un territorio de maras y pandillas, donde dirige un centro de prevención de la violencia. Lo custodian dos policías de porque Rodríguez ha sido amenazado de muerte en varias ocasiones y algunos de sus colaboradores han sido asesinados. El último de ellos, Geovani Morales, un ex pandillero que fue acribillado a balazos a las puertas de la oficina del padre Toño, a plena luz del día, 5 de marzo de 2013.
El sacerdote pasionista asegura que en El Salvador ha habido un incremento de los homicidios relacionados con las pandillas. “Significa que todavía no hemos sido capaces de ejecutar una política efectiva de sostenibilidad de la paz. Todos los proyectos hasta ahora implementados, inclusive la tregua, han fracasado porque no han roto con la raíz y las causas estructurales de la violencia”.
La tregua fue un pacto entre los liderazgos principales de la Mara Salvatrucha y la 18, acordado en marzo del 2012, por medio del cual se logró reducir el promedio diario de homicidios de 15 a 5. Sin embargo, en los dos últimos meses el promedio ha ascendido a entre 8 y 10 homicidios diarios, y su tendencia es al incremento.
“Nos hemos equivocado de manera solemne en los planes antipandillas”, admite el religioso, para asegurar que el nuevo Gobierno, que encabezará el exguerrillero izquierdista Salvador Sánchez Cerén a partir del próximo primero de junio, deberá “desarrollar los territorios a nivel nacional, dedicando un presupuesto anual de entre 100 y 150 millones de dólares para programas dirigidos a la juventud y la niñez”. “Aquí es donde tenemos un retraso tremendo, en la atención social a la gente excluida”, asegura.
En segundo lugar, afirma, se debe “depurar a la policía y humanizarla, olvidarse de la mano dura y respetar los derechos humanos; al mismo tiempo retirar a los militares de la seguridad pública”. Finalmente, dice, hay que hacer efectiva la ley especial de retiro, de reinserción y rehabilitación de jóvenes pandilleros, es decir, “llevar adelante esta política pública de la rehabilitación”.