POR JUAN JOSE DALTON (EL PAÍS) SAN SALVADOR - Durante 20 años, la masacre de un grupo de jesuitas en la Universidad Centroamericana (UCA) de San Salvador ha permanecido en la impunidad. Sus presuntos autores intelectuales y materiales estuvieron protegidos por los distintos Gobiernos salvadoreños desde 1989 hasta junio del presente año, así como por el manto oscuro de la Ley de Amnistía de 1993. Pero "ahora la situación es diferente, el proceso penal en [la Audiencia Nacional de] España va por buen camino y la conclusión final será beneficiosa para la justicia y para la sociedad salvadoreña", explica a EL PAÍS el director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA), Benjamín Cuéllar.
Cuéllar es el sucesor en el IDHUCA del sacerdote jesuita Segundo Montes, uno de los asesinados en la madrugada del 16 de noviembre de 1989, junto a Ignacio Ellacuría e Ignacio Martín Baró, rector y vicerrector de la UCA, respectivamente, así como los académicos Amando López, Juan Ramón Moreno y Joaquín López y López (todos de origen español, excepto este último, salvadoreño). También fueron asesinadas dos colaboradoras de los religiosos, Julia Elba Ramos y su hija Celina Mariceth.
El juez de la Audiencia Nacional en Madrid Eloy Velasco admitió a trámite este año una querella presentada por la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) y el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA) contra 14 militares salvadoreños por delitos de asesinatos terroristas.
"El proceso en España va avanzando en toda su preparación. Han declarado ya varias personalidades españolas y en esta semana declararán como testigos dos abogados salvadoreños y dos estadounidenses [una de ellas, Kate Doyle, es experta en estudios de documentos desclasificados de los organismos de inteligencia de Estados Unidos]. Damos una valoración positiva del avance", apunta Cuéllar, quien lamenta que en dos décadas no se haya hecho justicia en El Salvador; sin embargo, cree que en la actualidad casos como éstos van a continuar "apareciendo" en tribunales internacionales.
"Reitero: creo que el resultado final de este proceso será positivo para las víctimas. Anteriormente se han querido curar las heridas de la guerra civil con impunidad y no con justicia. No sé si habrá cárcel para los victimarios ni órdenes de captura internacional, pero los acusados deberían estar preocupados y actuar como corresponde. En El Salvador, en términos de justicia, hemos estado acostumbrados a algo así como jugar al fútbol en potreros, con trampas y sin árbitros. En España se está jugando en grandes ligas, con todas la de la ley", enfatiza el director del IDHUCA, quien recomienda a los 14 militares imputados que vayan "buscando una buena defensa técnica".
Por otra parte, los querellados -entre ellos, los generales René Emilio Ponce y Juan Orlando Zepeda, ex titulares de la Defensa Nacional, así como 12 subalternos- tienen en contra un "cambio de actitud en el nuevo Gobierno [salvadoreño, por primera vez en manos de la izquierda], que es contrario a mantener la impunidad", según explicó el director de derechos humanos de la Cancillería, David Morales. "El Gobierno, encabezado por Mauricio Funes [del ex guerrillero Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, FMLN], apoyará en lo que sea necesario a la Corte Suprema de Justicia, que es el órgano que se encargará de atender los casos de esta materia", agregó el funcionario; además, en su opinión, este Ejecutivo, como ningún otro, ha comenzado a reconocer la dignidad de las víctimas.
Desde España llegan informaciones a través de las agencias informativas y de las páginas de Internet de los diarios locales en las que se habla del proceso penal a cargo del juez Velasco. La prensa tradicional salvadoreña no se hace mucho eco del asunto, pero se sabe, por ejemplo, que existen documentos desclasificados por el Gobierno de Estados Unidos con un acta de la noche del 15 de noviembre de 1989, en la que el ahora general retirado René Emilio Ponce supuestamente dio la orden de asesinar a Ellacuría "sin dejar testigos". Este mismo dato aparece en el Informe de la verdad que auspició Naciones Unidas en 1993.
"En ningún momento, en ningún lugar, he dado al coronel Guillermo] Benavides la orden de asesinar a los jesuitas y no dejar testigos. No me puedo imaginar quién se inventó esa historia", dijo hace unos meses a la televisión española el general Ponce, quien desde un principio negó cualquier responsabilidad en la masacre.
Benjamín Cuéllar tiene otra opinión: "Los documentos desclasificados por Estados Unidos y España pueden ser muy valiosos para llegar a la verdad y pueden tener un efecto dominó. Así que la mejor forma de defenderse que tendrán los imputados es decir la verdad. Pero que el general Ponce diga 'yo no fui ni tampoco sé quién fue' es insultar la inteligencia de cualquier persona... La lógica nos dice que él tuvo participación, porque la tropa que penetró en la UCA y que estaba en el anillo de seguridad del Ejército en el momento de la ofensiva guerrillera sólo pudo hacerlo en coordinación con el Estado Mayor, y Ponce era su jefe".
En otros documentos desclasificados recientemente por EE UU también se vincula al ya fallecido Roberto D'Aubuisson, entonces todavía líder del partido derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), con el asesinato de los jesuitas, según anotaciones enviadas al Departamento de Estado, en Washington, por el embajador de entonces en El Salvador, William Walker, quien citó: "La información que se nos ha proporcionado nos conduce a una inquietante conclusión: los asesinatos del padre Ellacuría y sus siete compañeros pueden ser rastreados hasta una discusión en la tarde del 15 de noviembre entre Roberto D'Aubuisson y sus seguidores más fanáticos dentro del Coena dirección de Arena]".
Arena era entonces el partido en el Gobierno y D'Aubuisson había sido acusado nacional e internacionalmente de haber dado la orden de asesinar al arzobispo Óscar Arnulfo Romero, en marzo de 1980, por un escuadrón de la muerte de ultraderecha, un hecho que marcó el inicio de la guerra civil (1980-1992).
