miércoles, 8 de febrero de 2012

Derecho sin afán de venganza

Juan José Dalton (*)

SAN SALVADOR – Me encontraba revisando El País, de España, y de pronto veo un título de una nota informativa y creí que se trataba de El Salvador: "Mi padre no tuvo juicio, lo hicieron desaparecer. Que la justicia lo reconozca". 

 Otra nota en el también español ABC era titulada: “No tengo afán de venganza, pero quiero saber por qué perdí a mi abuelo”...

Después me di cuenta que no se trataba de reclamo de víctimas salvadoreña, sino que eran personas mayores de edad, de más de setenta años que testimoniaban y exigían justicia por su familiares reprimidos, torturados, desaparecidos y masacrados por la dictadura de Francisco Franco, pero específicamente por hechos ocurridos durante la Guerra Civil española que se prolongó entre 1936 a 1939.

Medio millón es la cifra de victimizados; como130 mil las personas de las que no se sabe su paradero. Miles de fosas comunes sin exhumaciones.

Crimen sin resolver, crímenes sin verdad y justicia, son heridas que nunca se cerrarán ni en España ni en El Salvador ni en ningún lado del mundo.

En España ha sucedido de pronto lo paradójico: Un país que aplica los conceptos modernos de la Justicia Universal, ahora procesa, como si de un criminal se tratara, al brillante abogado y juez, Baltazar Garzón, por haber abierto una causa en contra de los crímenes del franquismo. ¡Faltaba más!

Los crímenes del franquismo tienen más de 75 años y hoy están latentes en los hijos y nietos de los victimizados de entonces.

En El Salvador, cuando apenas celebramos 20 años del fin de la guerra, ¿cuánto dolor se encierra aún en los sobrevivientes de las tragedias?

Creo simplemente que debemos hacer algo urgente para sanar las heridas de todos los que hemos sido víctimas de estas tragedias para no heredarlas a las futuras generaciones. Pero ese algo es definitivamente: verdad, reconocimiento de los hechos, justicia restaurativa y perdón sincero de los victimarios.

Un día leí algo que me impresionó profundamente del Maestro Francisco Andrés Escobar, recientemente fallecido, cuando reclamó algo así: ¿Para dónde va un país que ha asesinado a su Pastor, a su Profeta y a su Poeta?.

Se refería el Maestro Escobar a Monseñor Oscar Romero, a Ignacio Ellacuría y a Roque Dalton... Crímenes aberrantes que aún están en la impunidad, como en España el caso de Federico García Lorca.

Si realmente no queremos que aquella vorágine vuelva a ocurrir, tenemos que ponerle un dique indestructible e impenetrable a la impunidad, de ayer y de hoy.

Las víctimas en España reclaman lo mismo que las de El Salvador, su derecho a la verdad. No es afán de venganza, es lo justo. Como lo dijo una sobreviviente de la masacre de El Mozote, “queremos saber qué y a quiénes perdonar”.

(*) Director de Diario Digital ContraPunto: www.contrapunto.com.sv





miércoles, 1 de febrero de 2012

¿Seguridad pública salvadoreña a la mexicana?

Por Juan José Dalton
SAN SALVADOR - El presidente Mauricio Funes, de El Salvador, inició en noviembre del año pasado una transformación en el Sistema de Seguridad Pública, como en ningún otro estamento del gobierno en aras, supuestamente, de mejorar. Y no es para menos, porque actualmente propios y extraños califican a nuestro país como el más peligroso del mundo, por nuestras altas tasas de homicidio.

En resumen: somos letales; pequeños pero criminales. Así, sin tapujo.

A estas alturas ya prácticamente está estructurada otra estrategia que cuenta con una nueva estructura de combate a la criminalidad que agobia a los salvadoreños. Lo criticable no es que esté todo mejor organizado, sino haber dado el mando de la Seguridad Pública a militares para que diseñen tácticas de enfrentamiento frontal y aplastante contra “el enemigo”, pese a todos los riesgos de “daños colaterales” o “fuegos amigos” que se puedan presentar. Es decir, las consecuencias que deberán sufrir los inocentes.

La actual estrategia no ha caído en gracia al partido de gobierno, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), ni a los diversos sectores sociales. Los cuadros básicos del FMLN en Seguridad Pública fueron los removidos: Coordinador del Gabinete de Seguridad, Hato Hasbún; Ministro de Justicia y Seguridad, Manuel Melgar; Director de la Inteligencia del Estado, Eduardo Linares; Director de Migración, Rubén Alvarado y Director de la Policía Nacional Civil, Carlos Ascencio.

De parte de la comunidad de Derechos Humanos y de la Sociedad Civil organizada se sabe del retiro de sus puestos de la Inspectora General de la Policía, Zaira Navas, así como del viceministro de Justicia y Seguridad, Henry Campos. Dos verdaderas lumbreras en el impulso de la lucha contra la corrupción, la depuración del sistema y de la aplicación de la prevención social del delito.
También se sabe del retiro del viceministro de Educación, Eduardo Badía, y se especula que tiene que ver con su oposición al programa de “policía de escuela” que se quiere impulsar el sistema educativo.

Funes escogió por la “dureza” de las armas y no por la nobleza de la prevención y la lucha social contra el delito. Veremos las consecuencias.

La preocupación pública expresada por los distintos sectores, incluso internacionales, es que la militarización del Sistema de Seguridad Pública, causaría –como en México- un efecto contrario a lo esperado, pero sobre todo, una ola de violaciones a los derechos humanos contra inocentes y sin que el crimen organizado sea realmente combatido.

No cabe duda que si se militariza la Seguridad Pública en El Salvador como está previsto, en breve estaremos como en México, en "una guerra abierta" contra el narcotráfico, pero cuyas consecuencias reales las sufriría la población, tal como lo sostienen informes de organizaciones defensoras de los derechos humanos, nacionales e internacionales sobre la actual realidad mexicana.

Recién en noviembre la organización internacional Human Rights Watch (HRW) denunció la existencia en México de "militares y policías que han cometido violaciones de derechos humanos generalizadas y casi ningún caso está siendo investigado adecuadamente".
"Ni seguridad, ni derechos" se denomina en el informe de HRW, y lo puede bajar en la siguiente dirección web:  http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/mexico1111spwebwcover.pdf

En México se están reprimiendo a los grupos sociales y laborales; asesinan periodistas; queman periódicos; las instituciones jurídicas no están haciendo bien su trabajo y los gobernantes desoyen a la ciudadanía y a las víctimas, porque prefieren escuchar los "consejos" de criminales de guerra como Joaquín Villalobos (*), el ex comandante guerrillero y gran propagandista de la "guerra abierta contra el narco" que asesora al mandatario mexicano Felipe Calderón.

El presidente Mauricio Funes está a tiempo de no cometer los errores de Felipe Calderón. Ojalá reaccione a tiempo y no cometa el fallo de someter a la población a Estados de Excepción, Intervenciones Militares o Tomas de Posiciones, todas ellas operaciones para situaciones de guerra pero no del combate de la violencia y la criminalidad.

El anuncio de la nueva guerra ya está echado. Esperemos a ver cuánto dura y cuántos serán los muertos…

(*) Joaquín Villalobos, además de ser uno de los responsables confesos del asesinato del poeta Roque Dalton (1975), es señalado en el Informe de la Comisión de la Verdad como autor de acciones criminales contra civiles durante la guerra salvadoreña (1980-1992). Ver Informe de la Verdad: http://www.derechoshumanos.net/lesahumanidad/informes/elsalvador/Casos-y-Patrones-de-la-violencia-E-F.pdf