miércoles, 30 de abril de 2014

Ordenan detener al expresidente salvadoreño Flores por corrupción

San Salvador (30-04-2014)
Por Juan José Dalton (EL PAÍS)
El fiscal general de El Salvador, Luis Martínez, ordenó este miércoles la captura del expresidente Francisco Flores e inició ante un tribunal de justicia un proceso penal en su contra. El exdirigente está acusado por graves hechos de corrupción, en específico el delito de peculado y enriquecimiento ilícito. Una orden de este tipo no tiene precedentes en la historia moderna salvadoreña, pese a que organizaciones nacionales e internacionales señalan constantemente que existe corrupción en las esferas políticas y económicas.
El expresidente Francisco Flores gobernó el país entre 1999 y 2004. Fue el tercer mandatario consecutivo de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y el responsable de haber implementado la “dolarización” de la economía nacional al haber impuesto la moneda estadounidense en sustitución de la local, el colón. Flores también fue el impulsor de la política represiva conocida como Manos Duras, en un intento por erradicar la violencia pandilleril.
El fiscal Luis Martínez aseguró que el proceso contra Flores tendrá lugar, en principio, por tres delitos: peculado, enriquecimiento ilícito y desobediencia. “Hemos hecho una investigación muy seria que contempla tres países. Este proceso comienza con estos tres delitos para el acusado pero no se sabe dónde terminará”, apuntó Martínez, al explicar que también se está investigando una posible acción de lavado de dinero por parte del exmandatario.
No se conoce el paradero de Flores desde el 29 de enero, cuando tenía que acudir a prestar declaración –por tercera ocasión- ante una comisión especial de la Asamblea Legislativa. Esta investigaba el paradero de 10 millones de dólares que el Gobierno de Taiwán entregó a Flores y de los que no hay registros oficiales en el erario público. El fiscal lo acusa de desobediencia por no haber acudido a esa cita en el Parlamento. Varios políticos como el derechista diputado Guillermo Gallegos demandó al fiscal emitir una “alerta roja” para la Policía Internacional (Interpol), por si Flores está fuera de El Salvador.
En un informe preliminar dado a conocer por la comisión especial del Parlamento se estimó que el dinero “perdido” - de donaciones y préstamos de la cooperación taiwanesa durante el período en el que gobernó Flores - ascendía a más de 75 millones de dólares. En las dos comparecencias del expresidente ante los diputados, Flores reconoció que las donaciones de Taiwán le fueron entregadas en cheques a su nombre y que él las entregó a sus destinatarios, sin aclarar nunca nombre ni instituciones que recibieron el dinero. Taipei donó esas cantidades para atender las emergencias por los graves terremotos que tuvieron lugar en enero y febrero de 2001.
El fiscal Martínez aclaró, sin embargo, que el monto de enriquecimiento ilícito por el que se pretende proecsar a Flores asciende, por el momento, a 5,3 millones de dólares. El funcionario judicial no dio cifras del peculado ni del supuesto lavado de dinero que se le atribuiría a Flores. Los presuntos delitos atribuidos al exmandatario, quien preside el conservador Instituto América Libre con sede en Washington DC, fueron dados a conocer por un reporte operaciones sospechosas (ROS) emitido en septiembre de 2013 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Tal ROS fue divulgado por el actual presidente salvadoreño, Mauricio Funes, en octubre del año pasado. Entonces, Funes apuntó que 10 millones de dólares otorgados en cheques a nombre del expresidente por el Gobierno de Taiwán habrían recorrido instituciones bancarias de Costa Rica, Miami (Estados Unidos) y finalmente Bahamas. Allí, supuestamente ese dinero se habría “perdido”, aunque bajo juramento el expresidente dijo ante los diputados que nunca depositó cheques donados en cuentas personales.
En el momento en que Flores comenzó a ser investigado, era el principal asesor de la campaña del candidato presidencial de ARENA, Norman Quijano. Partido y candidato defendieron al acusado y señalaron que las investigaciones eran “persecución política” y una estratagema para derrotar electoralmente a ARENA. La derecha, efectivamente, fue vencida por el exguerrillero e izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), quien catapultó al maestro Salvador Sánchez Cerén a la silla presidencial, misma que ocupará a partir del primero de junio durante los próximos cinco años.

Más información

http://internacional.elpais.com/internacional/2014/05/01/actualidad/1398896592_188141.html

La transición en El Salvador exige nuevas ideas para erradicar la violencia

Roberto Cañas, ex jefe rebelde y analista
San Salvador (30-04-2014)
Por Juan José Dalton (EL PAÍS)
“El Salvador no necesita pacificación, sino paz social; no necesita diálogo, sino acuerdos que se conviertan en políticas de Estado”, aseguró a EL PAÍS el excomandante insurgente Roberto Cañas, uno de los firmantes de los acuerdos entre guerrilla y gobierno que en 1992 terminaron con la guerra civil que desangró a esta pequeña nación centroamericana durante doce años.
Actualmente hay un repunte de las pandillas o 'maras'
“Pacificación fue lo que Estados Unidos aplicó a Japón luego del lanzamiento de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. No, no es eso lo que necesitamos, sino acuerdos para desarrollar políticas públicas integrales que no sólo frenen la violencia, sino que la erradiquen”, apuntó Cañas, convertido en la actualidad en un analista en distintos medios locales y en un académico universitario.
Lo cierto es que en el actual momento ha habido un repunte de la violencia de las pandillas o de las temibles maras. Ha habido un incremento de homicidios y ataques directos a la policía. Las organizaciones criminales también han aumentado su aprovisionamiento de armas de guerra. Esta situación ha incrementado el debate político, agudizado por el período de transición que se está viviendo entre el actual gobierno que está por concluir y la administración que se inaugurará a partir del 1 de junio, que estará presidido por el líder izquierdista Salvador Sánchez Cerén.
“La situación de violencia que estamos viviendo en la actualidad no es nuevo; venimos de ser el país más peligroso del mundo por sus tasas superiores a los 70 homicidios por cada 100.000 habitantes. En estos últimos años bajó a 40, pero que últimamente ha habido un repunte, lo que ha generado una percepción de inseguridad muy grande, pero no es algo totalmente nuevo”, reconoció Cañas.
En El Salvador hay unos 70 homicidios por cada 100.000 habitantes
Otros analistas como Roberto Rubio, de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), coinciden con algunos altos funcionarios gubernamentales que consideran que la violencia de las pandillas ha cobrado “nueva calidad”, como es el caso de los 70 ataques a patrullas, agentes e instalaciones de la policía en lo que va de año 2014. Hay quienes otorgan a las maras otros atributos especiales como sus nexos con el narcotráfico y la penetración de estas bandas criminales en el aparato del Estado.
No obstante, Cañas cree que “hay muchas cosas que no se han hecho y que deberían de hacerse. Hay que montar políticas públicas de seguridad que sean integrales, no medidas aisladas que con el tiempo fracasan”. Se refiere, por ejemplo, a las políticas represivas de manos duras y manos súper duras, cuyos contenidos esenciales era la represión: se victimizó a los jóvenes pobres, se ejecutaban redadas y se llevaron las cárceles. La consecuencia de ello fue mayor violencia.
“No habrá soluciones instantáneas; es imposible resolver una problemática tan compleja de la noche a la mañana; hay que enfatizar que la delincuencia y la violencia en El Salvador son efecto de la desigualdad, la exclusión. Este abandono de gran parte de la sociedad es el generador del actual ambiente que nos afecta”, apuntó Cañas.
El analista y experto en negociaciones de conflictos políticos criticó rotundamente a sectores conservadores salvadoreños que claman por medidas más represivas contra el pandillerismo, tales como las penas de muerte o el exterminio social. “Las medidas de endurecimiento de penas o el aval de escuadrones de limpieza social, el tomas la ley en nuestras manos o el paramilitarismo, no resolverán el problema esencial; no son solución ni atacan las causas de nuestra problemática. Ya lo hemos comprobado y se ha comprobado en el mundo”, finalizó Cañas.

http://internacional.elpais.com/internacional/2014/04/30/actualidad/1398825694_248870.html

lunes, 28 de abril de 2014

"La cosa está color de hormiga"

Graffitis de las maras en San Salvador

San Salvador (28 de abril de 2014)
Por Juan José Dalton (Comentario de opinión)
Cómo dice el dicho popular "la cosa está color de hormiga". La violencia en El Salvador toma cada vez niveles más sofisticados. Los homicidios van en alza, pero además otros múltiples delitos como los robos que algunos ya ni siquiera denuncian. Hurtos y extorsiones al por mayor... Y la sociedad acostumbrándose a la violencia, como un síntoma del Síndrome del Stress Post Traumático que vivimos.
   En medio de la escalada de violencia de las pandillas y de otros grupos criminales, han surgido varias iniciativas para relanzar los diálogos sociales, en los que se debe contemplar la presencia de las maras, en el entendido de que este es un fenómeno social abandonado por años y décadas.
   Desde mi punto de vista estas iniciativas están bien, pero tienen que acuerparse. Hay una experiencia con la "tregua mara", que debe ser sistematizada y de la cual sacar experiencia. La "tregua mara" ha sido el único proceso, por más críticas que pueda tener, que ha reducido la criminalidad letal, pero sin duda adoleció de generalidad y transparencia.
   Hay oportunidad en el próximo período de establecer un proyecto más consolidado, son las presiones que en la actualidad se le han volcado para quererle heredar un esquema ya preestablecido. Lo más probable que el próximo gobierno tenga sus propias proyecciones, pero habría urgencia de darlas a conocer o de al menos indicar que el nuevo plan se montará a partir del 1 de junio con las nuevas autoridades y sus nexos sociales.
   Por otra parte, en los pasillos del nuevo poder se maneja que en el próximo gobierno, en el sistema de seguridad, no estarán ninguno de los actuales máximos jefes del gabinete: ni ministro, ni jefe de la PNC, ni jefe de la OIE y ministro de la FFAA... ¡Pero el anuncio lo hará el Profesor!

viernes, 25 de abril de 2014

La violencia de las pandillas dispara los homicidios en El Salvador

Escena de ataque de Maras/ Foto JCabezas AFP
San Salvador (25-04-2014)
Por Juan José Dalton (EL PAÍS)
Los últimos actos criminales de las pandillas o maras han consistido en ataques directos a patrullas, agentes e instalaciones policiales. Los homicidios ascienden. Hay mayor esfuerzo por proveerse de armas de guerra y más evidencias de nexos entre las pandillas y el narcotráfico internacional, según sostuvo este viernes el ministro de Justicia y Seguridad de El Salvador, Ricardo Perdomo, quien para demostrar su preocupación informó que “sólo el día jueves hubo 17 asesinatos, cuando el miércoles registramos seis… El promedio diario es de nueve asesinatos”.
En El Salvador hay un dicho popular: “Las cosas están color de hormiga”. Se refiere a que la situación está grave, a tal grado que un diputado conservador, Guillermo Gallegos, declaró que la solución a la problemática de la violencia es “la aplicación de la pena de muerte” para los pandilleros, además de avalar las acciones de grupos de exterminio, dado que en su concepto si bien sus actos son ilegales pueden ser morales porque la ciudadanía está cansada ante la ola criminal.
Soluciones de manos duras y manos súper duras ya fueron puestas en práctica durante décadas pasadas y lejos de aplacar el mal, fue peor la medicina que la enfermedad. No obstante, pese al recrudecimiento de la violencia reconocida por Perdomo, también en esta semana se conocieron dos iniciativas de diálogo social que contemple al Gobierno, a sectores de la sociedad civil y a los mismos pandilleros. Aunque el ministro Perdomo aclaró que con los grupos delincuenciales no hay nada que negociar. “Aquellos que cometan delitos van a las cárceles y los que no han cometido delitos tienen que tener alternativas de estudio y trabajo”, reiteró el funcionario.
Por otra parte, Perdomo reveló que se está investigando ya con bastantes evidencias a autores intelectuales y materiales de acciones directas como emboscadas a patrullas y ataques a puestos policiales como los ocurridos en la ciudad de Quezaltepeque el pasado 5 de abril, en el que murió un policía y tres más resultaron heridos. “Fueron ataques planeados, se entrenaron y crearon un pelotón para ello”, aseveró el máximo encargado de la seguridad pública del gobierno de Mauricio Funes.
Hizo también otras revelaciones: las pandillas están apertrechándose de armamento de guerra por diversas vías, que incluye el "mercado negro" o ilícito de países vecinos como Guatemala y Honduras, así como el local; además por nexos con grupos criminales internacionales como "Los Zetas", de México. "Tenemos evidencias de un enlace de Los Zetas que es el encargado de llevar la droga al norte (Estados Unidos) y que tienen nexos con las maras, a las que les pagan con armas y con drogas para el comercio o narcomenudeos que las pandillas controlan en algunos lugares". El ministro agregó que se han dado casos de "fugas" de armamentos de instituciones del Estado, como Fuerza Armada y Policía y hasta narró sobre la detección de venta de un fusil automático M-16, por el valor de mil 700 dólares en el Mercado Central de San Salvador.
En El Salvador se calcula que existen unos 60 mil pandilleros activos. Las principales maras son la Mara Salvatrucha (MS13) y la Barrio 18; ambas fundadas en la ciudad de Los Ángeles por migrantes salvadoreños, en la década de 1980 cuando tuvo lugar la guerra civil en El Salvador. Estas pandillas han tenido desprendimientos y se han creado otras igual de violentas y criminales como la Mau-mau o divisiones como la actual en Barrio 18, entre los llamados Sureño y Revolucionarios, actualmente enemigos a muerte.
La guerra entre las pandillas tuvo una tregua que suscribieron los líderes presos y que en un principio, desde marzo de 2012, significó un bajón en los homicidios de 15 a 5 diarios. Sin embargo, datos oficiales y de expertos independientes, revelan que de aquella tregua poco queda. El promedio actual de homicidios es de nueve diarios y la tendencia es al aumento. Pero esas no son las únicas las preocupaciones, sino lo sofisticado de la actual pandilla. Por ejemplo, Perdomo aseguró que recién se descubrió el intento de infiltrar a 26 pandilleros en el ejército para prepararse militarmente y robar armamentos. En otra vertiente, se desmanteló la llamada "Mansión", una estructura con armas de guerra, autos y otros enseres de lujo, a la que se le decomisó una lista de mil 600 empresas que estaban siendo extorsionadas.
Como epílogo de la situación actual, el Departamento de Estado de Estados Unidos renovó este viernes su alerta de viaje a El Salvador para advertir a los visitantes de los niveles de criminalidad y violencia en esta nación centroamericana en la que desde 2010 hasta la fecha han sido asesinados 31 ciudadanos estadounidenses.

http://internacional.elpais.com/internacional/2014/04/26/actualidad/1398471768_466576.html

miércoles, 23 de abril de 2014

Iglesias salvadoreñas proponen relanzar diálogo con maras, sociedad y gobierno

San Salvador (23-04-2014)
Por Juan José Dalton (EL PAÍS)
Líderes de nueve iglesias salvadoreñas, encabezados por el obispo católico castrense Fabio Colindres, propusieron este martes al presidente electo Salvador Sánchez Cerén un relanzamiento de lo que ellos llaman “una estrategia de pacificación basada en el establecimiento de un mecanismo formal de diálogo con las pandillas”, con el fin de detener la escalada de violencia asociada a estas agrupaciones criminales que en Centroamérica se conocen como maras.
El antecedente de este diálogo sería la llamada tregua entre las maras que data de marzo de 2012 y en el que el propio obispo Colindres incurrió como mediador entre los líderes de la Mara Salvatrucha (MS13) y la pandilla Barrio 18, quienes pactaron dejar de matarse entre sí y dejar de asesinar a terceros, con vistas a aplacar la violencia que hasta entonces causaba entre 14 y 15 asesinados diariamente. Luego del controversial pacto los asesinatos se redujeron a entre 6 y 5 diarios, sin embargo, en la actualidad hay un ascenso de los homicidios que las autoridades calculan entre 8 y 9 diarios.
Los religiosos salvadoreños, entre ellos reconocidas figuras sociales como el obispo luterano Medardo Gómez y anglicano Martín Barahona, se han agrupado en la Iniciativa Pastoral por la Vida y por la Paz, que reconoce el agobio que vive la sociedad salvadoreña y la incapacidad que se ha tenido para resolver la problemática de la violencia. “Por tal razón con humildad abrimos nuestras puertas y tendemos nuestras manos para generar este vital acercamiento, esta iniciativa pacificadora”, indica la proclama religiosa.
El excomandante guerrillero y político izquierdista Sánchez Cerén asumirá el 1 de junio próximo y una de sus promesas más importantes en la campaña electoral fue la de combatir la criminalidad con el peso de la ley, pero también con inteligencia y con programas de prevención. Por tal motivo los nueve líderes religiosos proponen al gobierno entrante que se relance una estrategia de pacificación consistente en varias etapas: un diálogo entre la sociedad civil y las pandillas; otro diálogo entre las pandillas entre sí y un diálogo entre la sociedad civil y el gobierno.
Aclaran los firmantes de la propuesta que no es una iniciativa para que el gobierno negocie con las pandillas o grupos delictivos, pero el gobierno debe “asumir responsablemente la solución integral del problema de la violencia, atendiendo las causas estructurales que la generan”, aseveró el obispo Colindres, quien también recalcó que el gobierno debe, junto con la sociedad civil organizada, diseñar programas de prevención, reinserción y de rehabilitación de quienes estén fuera de la ley.
Mientras se conocen este tipo de iniciativas pacificadoras, como la que también lanzó el pasado 17 de abril el ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Perdomo, cuando llamó a los líderes pandilleros dejar de matar y de extorsionar, e incorporarse a un diálogo pacificador con la sociedad civil, en las calles la realidad es dramática y aterradora: sólo el lunes se escenificaron dos fuertes ataques armados y calculados de las maras: una primera emboscada fue contra un taxi que transportaba a pandilleros recién liberados de una bartolina policial; en la acción fulminante y a plena luz del día en San Salvador, fueron asesinados tres pandilleros y el taxista, otro más resultó herido. Otra emboscada fue ejecutada por pandilleros contra agentes policiales en Zacatecoluca, zona central de El Salvador, en horas de la mañana; los mareros usaron subametralladoras UZI y lograron herir a dos de los tres policías que se conducían en el vehículo.
En lo que va de año se han realizado 62 ataques directos en contra de agentes policiales; no sólo a patrullas, sino contra puestos de la Policía Nacional Civil (PNC), así como a agentes que gozan de vacaciones o de licencia. Cuatro agentes han muerto y una decena de heridos han causado estos ataques en lo que va de mes de abril del presente año.
Por su parte, sectores conservadores así como algunos expertos locales, como Rodrigo Ávila, exdirector de la Policía Nacional Civil (PNC), y Carlos Ponce, criminalista y columnista de medios de prensa, comentaron el peligro que El Salvador enfrenta por el desarrollo logrado por las pandillas desde que se alcanzó la tregua en 2012. Ávila advirtió que El Salvador podría convertirse en "un Estado fallido" si se sigue permitiendo a las pandillas criminales una mayor beligerancia como están demostrando en los últimos ataques o si se les sigue dando espacio de interlocución por medio de procesos de diálogos o establecimientos de treguas, como ha ocurrido en el presente gobierno de corte izquierdista.
Por su parte, el criminalista Ponce consideró que los recientes ataques directos de los pandilleros contra la Policía Nacional Civil, evidencia los niveles de organización y armamento logrado por las pandillas. También denunció el hecho de que existen evidencias de nexos entre agentes de la policía con las pandillas, así como de "diálogos oscuros" entre las pandillas y los partidos políticos, como se dio en la época de la campaña electoral cuando las pandillas declaraban por cuáles candidatos votar y por cuáles no.

http://internacional.elpais.com/internacional/2014/04/23/actualidad/1398210733_845190.html

jueves, 17 de abril de 2014

El Gobierno salvadoreño llama a reeditar el “diálogo con las maras”

San Salvador (17-04-2014)
Por Juan José Dalton (El País)
El Gobierno de Mauricio Funes, al que le quedan menos de 45 días de gestión, ha llamado a un nuevo diálogo con las maras de El Salvador. El encargado de tal propuesta fue el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Ricardo Perdomo, quien habló el miércoles de “reeditar un diálogo con líderes de pandillas por medio de un plan más transparente”. Las posibles nuevas conversaciones con las pandillas violentas seguramente causarán gran polémica en un país dividido por la política, la riqueza y la violencia.
Perdomo explicó que el nuevo diálogo con las maras debe incluir a sectores económicos, políticos, civiles, religiosos y culturales. Es una referencia a que la tregua entre las maras que inició en marzo de 2012 - entre los principales líderes de la Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18 - se contempló como un hecho aislado en el que únicamente participaron los líderes delincuentes presos y dos mediadores: el obispo castrense Fabio Colindres y el exjefe guerrillero Raúl Mijango.
“Hago un llamado a aquellos jefes de pandillas que todavía creen en el proceso de pacificación, a que dejen de matar y extorsionar a la población”, aseveró el ministro Perdomo, quien acto seguido invitó a los jefes pandilleros a sumarse a una nueva versión del diálogo con representantes de la sociedad civil y con supervisión gubernamental. Cuando se pactó la tregua entre las maras de 2012, el Gobierno negó su participación, aunque sus funcionarios aclaraban que únicamente se le dio soporte político al proceso que bajó los homicidios de 14 a 5 diarios. Sin embargo, la crítica se centraba en que las extorsiones y los robos no cesaban. Por eso el fiscal general, Luis Martínez, la catalogó como la “tregua hipócrita”.
De acuerdo a Perdomo, la primera reunión del nuevo plan de diálogo será convocada para la próxima semana, una vez finalicen las actuales vacaciones de Semana Santa, pero no aclaró quiénes serán los invitados.
En los últimos días, las propias autoridades denunciaron ataques directos de pandilleros armados con fusiles de guerra y de uso exclusivo de la Fuerza Armada como M-16 y AK-47. En ellos han muerto tres agentes de la policía y once más resultaron heridos. El subdirector de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Ramírez Landaverde, explicó que desde el primero de enero al 15 de abril se cometieron 60 ataques de pandilleros contra agentes de la seguridad pública.
Un reciente informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito sobre violencia sitúa a Latinoamérica como el continente más peligroso del Mundo. Este mismo asegura que El Salvador ocupa el cuarto lugar como país más peligroso y letal, con una tasa de homicidios de más de 40 por cada 100.000 habitantes.
Una de las mayores preocupaciones de la actualidad es que las maras se conviertan en poderosas narcopandillas, por las relaciones o nexos que han descubierto organismos de inteligencia del Estado salvadoreños entre las bandas locales y los carteles de la droga de Colombia y México. “Sería un verdadero peligro que ello ocurriera”, advirtió a EL PAÍS el subdirector de la PNC, para luego apuntar: “Por ello debemos dar pasos y actuar para evitar el surgimiento de las narcopandillas, aunque ya muchas se dedican al narcomenudeo y al tráfico de drogas ilícitas”.

http://internacional.elpais.com/internacional/2014/04/18/actualidad/1397784962_152058.html

sábado, 12 de abril de 2014

Un juez de EE UU ordena deportar a un criminal de guerra salvadoreño

San Salvador (12/04/2014)
Por Juan Juan Dalton (El País)
El juez de la Corte de Inmigración de la ciudad estadounidense de Miami, Michael C. Cuerno, decidió que el exministro de Defensa de El Salvador, general José Guillermo García, otrora aliado de Washington en la guerra contrainsurgente en la década de 1980, debe ser deportado por su participación en una serie de violaciones de derechos humanos, incluyendo el asesinato de un arzobispo, de cuatro monjas y la masacre de más de 1.000 campesinos, según publicó el viernes The New York Times.
La decisión fue emitida el pasado 26 de febrero, pero no fue hecha pública por la Corte hasta que el diario estadounidense solicitó darla a conocer bajo la Ley de Libertad al Derecho de Información. Tras la solicitud, los funcionarios judiciales determinaron que "el interés público en la divulgación de la información era mayor que el interés en la privacidad del general García”, según aclara la autora de la nota, la periodista Julia Preston, conocedora del drama salvadoreño desde la guerra civil (1980-1992).
De acuerdo al reportaje el fallo del juez Cuerno fue más allá de procesos judiciales anteriores y encontró que el general García había desempeñado un papel directo en algunos de los asesinatos más atroces en El Salvador en momentos en que Washington apoyaba al ejército salvadoreño en su lucha contra los insurgentes del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), en la actualidad convertido en partido político y desde 2009 partido gobernante.
Contra el general García, y contra el también general y exministro de Defensa, Eugenio Vides Casanova, se han abierto varios procesos judiciales en el pasado en el Estado de la Florida. Uno de ellos en una corte civil en la que los demandantes Juan Ramagoza, Neris González y Carlos Mauricio, de origen salvadoreño, acusaron en 1999 a los exmilitares por torturas sufridas cuando estuvieron prisioneros. El juicio fue ganado por las víctimas y los exmilitares obligados a pagar indemnizaciones por más de 50 millones de dólares a las víctimas. Otro juicio por el asesinato, el 2 de diciembre de 1980, de cuatro monjas estadounidenses de la Orden Maryknoll, también fue ganado por las víctimas y los militares obligados a cancelar millonarias indemnizaciones.
Estas atrocidades formaban parte de la política militar deliberada del general García como ministro de Defensa", dice el fallo
En este último caso de la Corte de Inmigración en el que se procesaba solo al general García por fraude migratorio, el juez Cuerno encontró "pruebas claras y convincentes" de que el general García "asistido o no, participó en 11 episodios de violencia que marcaron a El Salvador, incluyendo el asesinato del Arzobispo de San Salvador, Óscar Arnulfo Romero, cuando oficiaba una misa el 24 de marzo de 1980 en la capilla de un Hospital de cancerosos".
De acuerdo al juez de Miami también encontró que el general García ayudó a ocultar la participación de los soldados que mataron a cuatro religiosas estadounidenses más tarde ese año. Él "sabía o debería haber sabido" que las tropas del ejército habían matado a los aldeanos, entre ellos mujeres y niños, en la población de El Mozote en diciembre de 1981, considerada una de las más grandes atrocidades de la guerra salvadoreña ejecutadas por el ya fallecido coronel Domingo Monterrosa.
“Estas atrocidades formaban parte de la política militar deliberada del general García como ministro de Defensa", dice el texto del fallo, en el que se agrega que García "fomentó, y se deja crecer, un ambiente institucional en el que las Fuerzas Armadas salvadoreñas apresaba a civiles indefensos con el pretexto de la lucha contra la subversión comunista ".
La deportación del general García no será inminente, dado que el acusado apelará la sentencia, tal como expresó su abogada defensora, Alina Cruz, al afirmar que "discrepamos respetuosamente con las conclusiones y resoluciones del juez de inmigración. El caso está siendo apelado y estamos seguros de que el general García será exonerado. Lamento que no puedo comentar más sobre este caso en curso", manifestó la defensora de García a The New York Times.
El general García tiene de 81 años de edad y fue ministro de Defensa desde octubre 1979 a abril 1983, años álgidos de la guerra civil en los que se cometieron el asesinato del Arzobispo Romero, el de las cuadro monjas estadounidenses, y de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, Marianella García Villa, así como las masacres de El Mozote y del Río Sumpul, en contiendas contrainsurgentes llamadas de “tierra arrasada”. Desde 1990 reside en Miami como asilado político.
En Estados Unidos hay tres casos abiertos para deportar a exaltos oficiales del ejército salvadoreño. Además de García están procesados el general Eugenio Vides Casanova, en Miami, y el coronel Inocente Montano, en Boston. Este último está involucrado en la matanza de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus empleadas, hecho ocurrido el 16 de noviembre de 1989; también es uno de los demandados por el juez Eloy Velasco, de la Audiencia Nacional de España, por el caso abierto en Madrid de la matanza de los jesuitas, cinco de ellos de origen español, entre los que destacan Ignacio Ellacuría e Ignacio Martín-Baró, prominentes figuras de la Teología de la Liberación.
Las posibles deportaciones de los exmilitares salvadoreños, dicen observadores políticos, responden a una nueva política girada en 2011 por el presidente Barack Obama, referida a no dar refugio ni visas de entrada a territorio norteamericano a personas involucradas en genocidios y en graves violaciones a los derechos humanos, o crímenes de lesa humanidad.

http://internacional.elpais.com/internacional/2014/04/12/actualidad/1397333601_017760.html

jueves, 10 de abril de 2014

David Morales: “La ley de Amnistía ya no puede ser una excusa en El Salvador”

San Salvador (10/04/2014)
Por Juan José Dalton (El País)
El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, David Morales, considera positivo que continúe el proceso penal contra los militares salvadoreños que "supuestamente confabularon y asesinaron" a seis jesuitas y dos de sus colaboradoras el 16 de noviembre de 1989”, hecho que ha pasado a la historia como uno de los crímenes más significados cometidos por el ejército durante la guerra civil (1980-1992). Cinco de los sacerdotes asesinados eran españoles, entre ellos las destacadas figuras de la Teología de la Liberación Ignacio Ellacuría e Ignacio Martín-Baró.
Morales, experto en materia de derechos humanos, critica las recientes reformas legales hechas en España y que, según su opinión, “restringen el principio de aplicación de justicia universal. España ha adoptado esta legislación soberana", dice Morales, "pero debemos de tener claro que estaría afectando seriamente los casos en trámite que son objeto de la aplicación de la justicia universal, como es el caso de los jesuitas”. En mayo de 2011 el juez Eloy Velasco inició las investigaciones contra 20 altos militares salvadoreños, entre ellos dos generales que fueron ministros de Defensa de El Salvador, por estos hechos conocidos como la Masacre de la UCA (Universidad Centroamericana).
Además de Ellacuría y Martín-Baró, los otros jesuitas asesinados fueron Segundo Montes, Amando López y Juan Ramón Moreno, todos ellos de nacionalidad española, y Joaquín López y López, salvadoreño, al igual que las empleadas Elba Julia y Celina Ramos, madre e hija.
Pese a las restricciones de las reformas en España, el procurador salvadoreño ve positiva y justa “la interpretación que ha hecho el juez Eloy Velasco, quien ha afirmado que continuará investigando y procesando el caso de la masacre de los jesuitas a través de la persecución por el delito de terrorismo, por asesinatos terroristas en contra de cinco sacerdotes que eran de origen español”.
Seguimos viviendo una situación de impunidad generalizada; de inacción de la Justicia para investigar los grandes crímenes ocurridos en la guerra civil
Pero Morales advierte a la sociedad salvadoreña: “Debemos leer estos sucesos y estos cambios con un espíritu de reflexión sobre la situación interna, de la justicia interna, ante el caso de los padres jesuitas y sus colaboradoras y sobre los restantes casos históricos de crímenes de lesa humanidad que se cometieron durante la guerra civil”.
“Seguimos viviendo una situación de impunidad generalizada; de inacción del sistema de justicia para investigar los grandes crímenes ocurridos en el marco de la guerra civil. Esta es una situación de profunda discriminación a las víctimas del conflicto armado”, apuntó Morales al referirse a los más de 70.000 asesinados y 8.000 desaparecidos, víctimas que no han tenido ni justicia ni resarcimiento y en la mayoría de los casos están en el olvido después de 22 años de finalizada la confrontación armada. En la confrontación armada fueron asesinados más de una treintena de sacerdotes, monjas y pastores, entre ellas cuatro monjas estadounidenses y el Arzobispo de San Salvador, Oscar Arnulfo Romero.
En diciembre de 2011, por petición del juez Velasco, España reclamó la entrega de los supuestos culpables del caso de los sacerdotes. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador negó la extradición de los militares a España, alegando que internamente el caso había sido juzgado, lo que Velasco consideró un proceso falaz.
“Es positivo para la humanidad y para nuestra sociedad que otros países impulsen procesos y apliquen la justicia. Es positivo, digo, porque son crímenes que ofendieron a toda la humanidad. Pero no deberíamos limitarnos a eso. Deberíamos cambiar la situación de justicia en nuestro país y romper el ciclo de la impunidad”, recalca el procurador Morales.
De acuerdo al Ombudsman salvadoreño, para romper el ciclo de la impunidad en El Salvador lo que “se necesita es la firmeza y la voluntad de la Fiscalía General de la República (FGR) y de los tribunales de justicia que conocen los casos, de aplicar la Constitución de la República, cumplir las leyes y los tratados internacionales vigentes para El Salvador”.
“No es admisible la situación de impunidad porque la impunidad existe debido a que las instituciones del sistema de justicia se niegan a cumplir la investigación de los crímenes y sancionar a los responsables”, afirmó Morales, quien finalmente recalcó que “la ley de amnistía ya no es una excusa desde hace algunos años; la ley de amnistía no debería de operar para casos de crímenes contra la humanidad o graves violaciones a los derechos humanos”, ello debido a que un fallo de la Sala de lo Constitucional de 2000 dejó sin efecto la amnistía para casos graves de lesa humanidad.

http://internacional.elpais.com/internacional/2014/04/11/actualidad/1397175725_686816.html

miércoles, 9 de abril de 2014

“La desatención social generó el pandillerismo en El Salvador ”

Padre Toño, frente a un mural dedicado al asesinado Geovani
San Salvador (09-04-2014)
Por Juan José Dalton (EL PAÍS)
El sacerdote, de 37 años de edad, es originario del pueblo manchego de Daimiel (Ciudad Real), pero después de casi 15 años de residir en El Salvador se considera ya un salvadoreño y ha adoptado sus formas de hablar, aunque todavía con la entonación de su lengua madre: “La situación está yuca, hombre”, dice para expresar que el momento es difícil en lo que a violencia se refiere. El padre Toño llegó a El Salvador el 15 de agosto del 2000. “Era el aniversario de nacimiento de Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Tres años después me licencié en Teología de la Liberación, en la Universidad Centroamericana, con profesores como Jon Sobrino y José María Castillo. Vine aquí porque quise seguir el camino de Romero y de los padres jesuitas asesinados por soldados en 1989. Siempre quise desarrollar mi trabajo en América Latina. Presioné mucho ami congregación para que me enviara aquí y lo hicieron. Tenía 23 años cuando llegué”, rememora Rodríguez.
El sacerdote se asentó en Mejicanos, un municipio de San Salvador, la capital. “Venía de Europa a una de las zonas más pobres de América, y me impactó la violencia de la pobreza. Comencé a ver a niños y jóvenes asesinando niños y jóvenes…”. Afirma que desde que llegó han sido asesinados unos 300 jóvenes en esta zona. Otros 170, dice, están presos. Y unos 1.000 se han acogido a diversos programas de reinserción. A través del contacto directo con el problema, el padre Toño se ha convertido en una autoridad sobre las maras (las pandillas) y su evolución en El Salvador.
Comencé a ver a niños y jóvenes asesinando niños y jóvenes…”
Sobre la reciente detención en España de pandilleros salvadoreños, el sacerdote considera que es un indicio de la colusión entre los delincuentes y sectores de las instituciones. “No podemos hablar de un fenómeno de internacionalización de las maras sin la penetración del Estado en ellas o de ellas en el Estado”.
En la operación de la Guardia Civil española cayeron 35 miembros de la Mara Salvatrucha, a la que el cuerpo de seguridad calificó como una estructura mafiosa que había abierto una sucursal española para lavar dinero procedente de El Salvador y de otros países centroamericanos por medio del establecimiento de bares.
En El Salvador, Honduras y Guatemala las maras se dedican especialmente a la extorsión en contra de la pequeña y mediana empresa, así como contra el transporte público. El padre Toño subraya el poder alcanzado por estas bandas ilícitas a través de su penetración en el Estado, por sus vínculos con la policía y con el ejército, que les han dado más fuerza. “Por ello han llegado hasta España”, apunta.
“Ya hemos tenido hallazgos en estos dos últimos años de comisionados de la policía vinculados con las pandillas y con gente que trabaja para organismos de la inteligencia del Estado. Incluso de un miembro del ejército vinculado al cartel narco de Texis”, asevera el sacerdote, tras señalar que “lo que las pandillas no han calculado es que en España no pueden desarrollarse debido a la realidad social diferente a la que existe en El Salvador y a la efectividad investigativa de la policía española”. “En El Salvador”, asegura, “lo que se hace es correr a los muchachos a través de redadas; en España se investiga el tema integralmente y luego se les golpea para desarticularlos”.

El sacerdote, de 37 años de edad, es originario del pueblo manchego de Daimiel pero después de casi 15 años de residir en El Salvador se considera ya un salvadoreño

El sacerdote es párroco de la iglesia de San Francisco de Asís, en Mejicanos, que se haya en el corazón de un territorio de maras y pandillas, donde dirige un centro de prevención de la violencia. Lo custodian dos policías de porque Rodríguez ha sido amenazado de muerte en varias ocasiones y algunos de sus colaboradores han sido asesinados. El último de ellos, Geovani Morales, un ex pandillero que fue acribillado a balazos a las puertas de la oficina del padre Toño, a plena luz del día, 5 de marzo de 2013.
El sacerdote pasionista asegura que en El Salvador ha habido un incremento de los homicidios relacionados con las pandillas. “Significa que todavía no hemos sido capaces de ejecutar una política efectiva de sostenibilidad de la paz. Todos los proyectos hasta ahora implementados, inclusive la tregua, han fracasado porque no han roto con la raíz y las causas estructurales de la violencia”.
La tregua fue un pacto entre los liderazgos principales de la Mara Salvatrucha y la 18, acordado en marzo del 2012, por medio del cual se logró reducir el promedio diario de homicidios de 15 a 5. Sin embargo, en los dos últimos meses el promedio ha ascendido a entre 8 y 10 homicidios diarios, y su tendencia es al incremento.
“Nos hemos equivocado de manera solemne en los planes antipandillas”, admite el religioso, para asegurar que el nuevo Gobierno, que encabezará el exguerrillero izquierdista Salvador Sánchez Cerén a partir del próximo primero de junio, deberá “desarrollar los territorios a nivel nacional, dedicando un presupuesto anual de entre 100 y 150 millones de dólares para programas dirigidos a la juventud y la niñez”. “Aquí es donde tenemos un retraso tremendo, en la atención social a la gente excluida”, asegura.
En segundo lugar, afirma, se debe “depurar a la policía y humanizarla, olvidarse de la mano dura y respetar los derechos humanos; al mismo tiempo retirar a los militares de la seguridad pública”. Finalmente, dice, hay que hacer efectiva la ley especial de retiro, de reinserción y rehabilitación de jóvenes pandilleros, es decir, “llevar adelante esta política pública de la rehabilitación”.

lunes, 7 de abril de 2014

Los ataques orquestados contra policías causan alarma en El Salvador

Delegación de Quezaltepeque fue atacada
San Salvador (07-04-2014)
Por Juan José Dalton (El País)
El sábado pasado en horas de la noche la policía de San Matías, en el departamento de La Libertad (El Salvador), recibe una llamada pidiendo auxilio para trasladar a una persona enferma. La patrulla de tres integrantes, entre ellos una mujer, acude a brindar ayuda. En el camino y protegido por la noche un grupo armado ataca al carro policial, un pick up doble cabina. Los ocupantes repelen como pueden la sorpresiva acción, una emboscada realizada con armas de guerra: fusiles M-16 de asalto de infantería. El parabrisas sufrió unos 16 impactos, mientras que por los costados había otros 14 impactos. El resultado: un policía muerto, José Fredi García, y dos heridos.
Unos 30 minutos después, la delegación policial de Quezaltepeque, también en La Libertad, sufre otro ataque desde un vehículo en marcha; se usan M-16 y armas de 9 milímetros. Un agente es herido. Otro agente resulta herido al ser atacado con armas de fuego en San Rafael Cedros, departamento central de Cuscatlán, mientras resulta asesinado un trabajador administrativo de la Penitenciaría de Ilopango, en San Salvador.
En sus explicaciones este lunes las máximas autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC) indican que sus agentes sufrieron varios atentados o ataques planificados de grupos criminales, específicamente del identificado grupo “Los Revolucionarios”, de la pandilla o mara “Barrio 18”, la cual tiene otra rama llamada “Los Sureños”.
Rigoberto Pleités, director general de la PNC, relató las cuatro acciones protagonizadas el sábado, pero aseguró que en lo que va de año la policía ha sufrido 47 ataques, pero nunca una como la emboscada contra la patrulla. Informaron además del alza de los homicidios, de un promedio de 9 diarios, cuando hace dos meses el promedio por día era de 6. Sólo durante el fin de semana se cometieron 17 homicidios.
El Ministerio de Justicia dice que algunos grupos han ordenado atacar a policías para presionar al nuevo gobierno
"Estamos ante un hecho planificado", aseguró el subcomisionado Mauricio Ramírez Landaverde, subdirector de la PNC. Las emboscadas son acciones típicas de una guerra de guerrillas, que se ejecutan contra tropas en movimiento, con alto poder concentrado de fuego y con sorpresa, además de que el atacante se protege en la maleza o en la oscuridad de la noche.
Este tipo de operaciones de las maras podrían confirmar los rumores o especulaciones que se han vertido en medios de prensa de El Salvador acerca de entrenamientos militares que estarían recibiendo de algunos exoficiales del Ejército. Igualmente se especula sobre la inserción de las pandillas, como la Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18, en el mundo del narcotráfico colombiano y mexicano. Todo ello en investigación por los aparatos de inteligencia y policiales.
Algunos agentes policiales en el terreno indican que el ataque a la patrulla y a la delegación policial podría deberse a un acto en venganza por la muerte en un intercambio de disparos el pasado mes de febrero de un “palabrero” o cabecilla de “Los Revolucionarios”, en la zona de Quezaltepeque.
Sin embargo, en un comunicado oficial del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), se dice expresamente que se cuenta con información y evidencias acerca de que las pandillas han expandido su organización y presencia en los territorios; han aumentado su penetración social e institucional, así como adquirido más armamento de uso militar e involucrado en la narcoactividad.
La posición oficial del ministerio rector de la seguridad indica igualmente que algunos grupos delincuenciales han dado órdenes de atacar directamente a policías, militares y funcionarios públicos con el fin de presionar al gobierno que asumirá el próximo primero de junio, el cual encabezará el exjefe guerrillero Salvador Sánchez Cerén.

http://internacional.elpais.com/internacional/2014/04/08/actualidad/1396920053_295809.html

domingo, 6 de abril de 2014

Comentario de opinión: El falso nacionalismo centroamericano

San Salvador (06-04-2014)
Por Juan José Dalton
El Salvador y Honduras están nuevamente inmersos en un conflicto sin razón, a causa de la soberanía de isla Conejo, que ambas naciones reclaman para sí.
   Ambas naciones dan argumentos supuestamente históricos acerca de la posesión del islote que mide menos de un km cuadrado, lo que algunos resaltan queriendo hacer creer que por ello dicho territorio no tiene importancia.
   Sin embargo, más allá de las razones históricas, lo que en la historia se ha revelado, es la exacerbación de un falso nacionalismo que las élites de poder abanderan para esconder la esencia de los conflictos, por lo general, intereses personales o de grupos poderosos.
   Isla Conejo tiene aproximadamente 40 años de estar en manos de los militares hondureños, según se argumenta, en un arreglo ilegal entre los dos ejército –y probablemente en contubernio con Washington, por haber sido el rector de la contrainsurgencia- para impedir un supuesto trasiego de armas de la Nicaragua Sandinista al entonces insurgente Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Luego la displicencia de los distintos gobiernos salvadoreños para recuperar el islote, fue una realidad; caso contrario hubiera sido si en la referida isla se hubiera descubierto petróleo o una mina de oro o una mina de uranio.
   Lo cierto, tal como se evidenció en Honduras, el tema de isla Conejo salió a relucir durante la campaña electoral. Se exacerbó el nacionalismo para fortalecer la posición del actual grupo en el gobierno. Honduras izó su bandera en la isla; envió militares; está construyendo infraestructura, entre ellas un helipuerto-muelle.
   Pero se sigue exaltando el nacionalismo, haciéndose ver que son los pueblos o las sociedades las que se enfrentan y las que reclaman, cuando en esencia son las élites políticas y económicas las que están detrás del conflicto.
   Ojalá la prudencia y una visión integracionista de futuro sea la que prevalezca. Qué queden definitivamente atrás las descabelladas disputas con visiones feudales en las que se dirimen los intereses nacionales como si se tratara de una compraventa de un terreno o de una finca.
   Las democracias reales, si a ellos aspiramos, deben estás ajenas a estos nacionalismos de pacotilla. La integración de Centroamérica será realmente la solución a estos ridículos litigios, que esconden los verdaderos conflictos que padecemos: la pobreza, el pandillerismo, el narcotráfico y la corrupción.