JUAN JOSÉ DALTON (EL PAÍS)SAN SALVADOR - El pasado 16 de enero, cuando la mayoría de los salvadoreños conmemoraban el 18º aniversario de los Acuerdos de Paz, estalló en pleno centro de San Salvador una granada de fragmentación, del tipo M-67 y de uso militar. Tal acción empañó la celebración del fin de una guerra civil que había durado 12 años, provocado 75.000 muertos y dejado el país en ruinas y desintegrado socialmente.
La violencia salvadoreña es ya un mal común, general y crónico. Analistas locales y extranjeros, como los españoles Enrique Gomariz e Ignacio Cano, consideran que existe una "guerra de un nuevo tipo y sin enemigos definidos". Algo así como una lucha "contra todas las banderas". En esta nueva confrontación, el uso de granadas militares es un hecho novedoso, pero se está haciendo cada vez más frecuente entre los delincuentes, que, según expertos en temas de violencia, desarrollan su actividad en pandillas y bandas del crimen organizado.
Dos tribunales de San Salvador, uno de ellos de menores de edad, envió a prisión el pasado jueves a los dos presuntos responsables de haber lanzado la granada el Día de la Paz. En el atentado murió el empresario del transporte David Salomón Cruz, de 68 años de edad, mientras otras 15 personas resultaron heridas. Cruz era el "objetivo", debido a que, según investigaciones y testigos, se había negado a pagar las extorsiones que los pandilleros de la Mara Salvatrucha le habían impuesto.
Los acusados, José Ángel Menjívar, de 34 años de edad, y el menor Edgardo M., de 15, permanecerán presos, bajo custodia del Juzgado del Crimen Organizado y del Tribunal de Menores de San Salvador, respectivamente, mientras se investiga o se les procesa por varios delitos que incluyen "actos terroristas", según la legislación local.
Posesión de armas
En la nueva guerra que sufre El Salvador, las armas de fuego tienen un papel protagonista. La legislación salvadoreña es bastante flexible en los temas de comercio y posesión de armas de fuego. Se estima que más de 450.000 están en manos de civiles; de ellas, sólo la mitad están registradas legalmente. De acuerdo a las estadísticas de la policía, en 2009 se cometieron 4.365 homicidios; de éstos, 3.311 ?es decir, el 75%? se perpetraron con armas de fuego. Las autoridades indican también que sólo se decomisaron 2.889 armas de fuego durante el año pasado.
El uso de granadas militares industriales o de fabricación artesanal es cada vez más frecuente. Durante 2009 se cometieron 10 ataques con granadas, que provocaron 12 muertos y un número de heridos que no se puede determinar. Pero en los primeros 21 días de 2010 se registraron cinco ataques ?la mitad que en todo el año anterior?, que dejaron un muerto y 29 heridos.
El último ataque ocurrió en el municipio de Chalchuapa, en la provincia de Santa Ana. No causó muertos ni heridos, sino la destrucción de la vivienda y el automóvil de la familia atacada, que huyó a un lugar hasta ahora desconocido; esta familia no es la primera que se desplaza de su lugar de origen a consecuencia de la violencia, otro de los fenómenos que caracterizaron la guerra civil (1989-1992).
Hasta el momento no se ha podido comprobar quién provee de granadas a los grupos de delincuentes. Existen sospechas de que dichas armas vienen de los arsenales del Ejército y que pueden haber sido compradas a militares corruptos. El ministro de la Defensa Nacional, David Munguía, asegura que está investigando. Tanto la policía como el Ejército han aprobado que sea la Oficina de Control de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) la que indague de dónde proceden dichas armamas; para ello, el viernes llegó a El Salvador un equipo de seis expertos que iniciarán la investigación.
Por otra parte, a las autoridades locales también le preocupan las motivaciones, que pueden esconder alguna arista política, según explicó a EL PAÍS un experto en violencia que prefirió el anonimato: "Los recientes acontecimientos no deben ser vistos como hechos aislados. Su cercanía temporal y el tipo de arma usada sugieren que dichas acciones no son espontáneas, sino que guardan relación y un eventual objetivo común. Es posible que sea una demostración de fuerza o una estrategia para debilitar la imagen de las autoridades y aumentar la sensación ciudadana de temor, que en el corto plazo favorece el clima para las extorsiones, ya que se vale del miedo de la gente".
