Por Juan José Dalton (EL PAÍS)
El expresidente Francisco Flores no se presentó este viernes a la cita que le hizo el Juzgado Primero de Paz de San Salvador en el que le darían a conocer las acusaciones que le atribuye la fiscalía por presunto enriquecimiento ilícito, apropiación indebida de dineros públicos o peculado y desobediencia. En su lugar llegaron dos abogados contratados por la esposa de Flores, quienes recogieron los documentos que la jueza Marta Elena Rosales les entregó, en los que notifican al imputado de los pormenores de la acusación, además de ser notificados que el juicio comenzará el 6 de mayo próximo.
Flores, de 54 años de edad, -gobernó entre 1999 y 2004-- es acusado concretamente de graves hechos de corrupción relacionados con una supuesta apropiación de fondos donados por el gobierno de Taiwán para las emergencias por los terremotos de enero y febrero que sufrió El Salvador en 2001. La Fiscalía General de la República (FGR) le achaca un monto de 10 millones de dólares por peculado y cinco millones por enriquecimiento ilícito, este último monto no justificado encontrado en sus cuentas bancarias. Aunque una investigación hecha por el parlamento salvadoreño se le atribuye una grave irregularidad por casi 100 millones de dólares de dineros dados por Taipei en donaciones y en préstamos.
La jueza Marta Elena Rosales dejó para el martes 6 de mayo la audiencia inicial del proceso penal contra el exmandatario, para quien los fiscales solicitaron pasar el caso a la etapa de instrucción y como medida cautelar que la jueza decrete detención provisional en un recinto de la dirección de Centros Penales de El Salvador. A los abogados de Flores, Luis Morales y Yanira Chicas, la jueza Rosales les entregó toda la documentación de las acusaciones contra su defendido.
Sin embargo, las autoridades locales no tienen una idea certera de la localización de Flores. El jueves en Panamá el político opositor Mitchell Doens, exsecretario general y exministro del Partido Revolucionario Democrático (PRD), denunció que Flores fue visto a bordo del yate “Princesa Janca”, de la expresidenta Mireya Moscoso, quien tiene una mansión de playa en el sector de Punta Mala, en la costa del Pacífico, a unos 339 kilómetros de la capital panameña. Doens también aseguró a la prensa panameña que Flores estaría gestionando un asilo político en Panamá.
En respuesta a ello, el presidente del parlamento salvadoreño, Sigfrido Reyes, apuntó que "no cabe la figura de asilo político para Flores en Panamá, dado que los delitos de los que se le acusan en El Salvador son de corrupción y no de persecución política", apuntó Reyes, quien hace dos días dio a conocer que tenía informes de que Flores estaba residiendo en una ciudad costera panameña, protegido por una expresidenta de ese país.
Por otra parte, la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) de El Salvador confirmó que desde diciembre pasado no existen reportes migratorios del expresidente Flores. “No hay registros de salidas de El Salvador, por lo que si Flores está en el extranjero, en Panamá como se dice, estaría de manera ilegal”, afirmó Cristina Rivas, subdirectora general de DGME, quien aclaró seguidamente que de comprobarse su salida ilegal habría incurrido en un delito.
