SAN SALVADOR - La policía y la fiscalía salvadoreñas confirmaron ayer que están investigando 31 casos de homicidios ocurridos entre 2006 y 2007 en la región oriental y que podían haber sido cometidos “por encargo” por parte de grupos de exterminio. En algunos de los asesinatos podría haber participado el sargento de la Policía Nacional Civil Nelson Antonio Arriaza, ligado a un grupo de presuntos sicarios de la zona oriental. Arriaza fue procesado hace dos semanas, cuando se descubrió que junto a dos personas más había ejecutado a un hombre, supuestamente un pandillero extorsionista.El pasado 28 de julio un Grupo de Tarea Conjunta —militares y policías— fue avisado por un campesino de la población de Nueva Esparta, en la provincia oriental de La Unión, de que un hombre de 45 años había sido asesinado a tiros por tres hombres fuertemente armados, que actuaron con los rostros cubiertos y que conducían un automóvil. Se montó un operativo de persecución hasta que los sospechosos fueron detenidos. Para los agentes de la policía fue impactante el resultado de la detención. Al quitarles los pasamontañas descubrieron que uno de ellos era Arriaza, un destacado investigador que había sido condecorado recientemente por la jefatura y que en la provincia vecina de San Miguel había sido el director de la División de Investigaciones Criminales (DIC). Los otros dos detenidos, el ex policía Carlos Chévez y Rember Martínez, estaban siendo buscados por varios delitos graves, incluidos homicidios.
Limpieza social
Rodolfo Delgado, jefe de la sección contra el Crimen Organizado de la Fiscalía General, reconoció que existen evidencias que relacionan a Arriaza con múltiples homicidios, entre ellos, la matanza de tres personas ocurrida el pasado mes de julio en San Miguel, donde está ubicada su jefatura. Este triple asesinato es parte de los 31 casos de homicidios en los que estarían involucrados Arriaza, Chévez y Martínez, así como probablemente otros agentes policiales. Además, se investiga si todos estos crímenes han sido “encargados” por empresarios que se han visto acosados por pandilleros de las Maras, que les cobran “impuestos” para no ser molestados.
Recientemente, el Fiscal General de El Salvador, Félix Garrid Safie, aseguró que no se tenía aún conocimiento sobre si la policía está infiltrada por grupos de exterminio dedicados a actuar como sicarios y que el caso de Arriaza era un hecho aislado. Sin embargo, el abogado Jaime Martínez, experto en temas penales, aseguró que “el involucramiento de Arriaza en las acciones de exterminio pone de relieve lo denunciado desde hace mucho tiempo referido a acciones de la llamada limpieza social”.
El año pasado la ex procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, Beatrice de Carrillo, denunció “la ejecución extralegal y arbitraria”, así como “tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes” cometidos por agentes policiales en la provincia occidental de Sonsonate, contra Abimaleth Ramírez Amaya, a quien acusaban de ser miembro de la Mara 18. De Carrillo detalló entonces que Ramírez Amaya, tras ser torturado fue “lanzado desnudo a un pozo y lo rociaron de gas, creyendo que lo habían matado. Pero logró sobrevivir e interpuso una denuncia”. Días después fue asesinado. (Texto publicado en El País, de España).
Autor: Juan José Dalton
Fecha: 10 de agosto de 2007.
