Por Juan José DaltonSAN SALVADOR - El presidente Mauricio Funes, de El Salvador, inició en noviembre del año pasado una transformación en el Sistema de Seguridad Pública, como en ningún otro estamento del gobierno en aras, supuestamente, de mejorar. Y no es para menos, porque actualmente propios y extraños califican a nuestro país como el más peligroso del mundo, por nuestras altas tasas de homicidio.
En resumen: somos letales; pequeños pero criminales. Así, sin tapujo.
A estas alturas ya prácticamente está estructurada otra estrategia que cuenta con una nueva estructura de combate a la criminalidad que agobia a los salvadoreños. Lo criticable no es que esté todo mejor organizado, sino haber dado el mando de la Seguridad Pública a militares para que diseñen tácticas de enfrentamiento frontal y aplastante contra “el enemigo”, pese a todos los riesgos de “daños colaterales” o “fuegos amigos” que se puedan presentar. Es decir, las consecuencias que deberán sufrir los inocentes.
La actual estrategia no ha caído en gracia al partido de gobierno, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), ni a los diversos sectores sociales. Los cuadros básicos del FMLN en Seguridad Pública fueron los removidos: Coordinador del Gabinete de Seguridad, Hato Hasbún; Ministro de Justicia y Seguridad, Manuel Melgar; Director de la Inteligencia del Estado, Eduardo Linares; Director de Migración, Rubén Alvarado y Director de la Policía Nacional Civil, Carlos Ascencio.
De parte de la comunidad de Derechos Humanos y de la Sociedad Civil organizada se sabe del retiro de sus puestos de la Inspectora General de la Policía, Zaira Navas, así como del viceministro de Justicia y Seguridad, Henry Campos. Dos verdaderas lumbreras en el impulso de la lucha contra la corrupción, la depuración del sistema y de la aplicación de la prevención social del delito.
También se sabe del retiro del viceministro de Educación, Eduardo Badía, y se especula que tiene que ver con su oposición al programa de “policía de escuela” que se quiere impulsar el sistema educativo.
Funes escogió por la “dureza” de las armas y no por la nobleza de la prevención y la lucha social contra el delito. Veremos las consecuencias.
La preocupación pública expresada por los distintos sectores, incluso internacionales, es que la militarización del Sistema de Seguridad Pública, causaría –como en México- un efecto contrario a lo esperado, pero sobre todo, una ola de violaciones a los derechos humanos contra inocentes y sin que el crimen organizado sea realmente combatido.
No cabe duda que si se militariza la Seguridad Pública en El Salvador como está previsto, en breve estaremos como en México, en "una guerra abierta" contra el narcotráfico, pero cuyas consecuencias reales las sufriría la población, tal como lo sostienen informes de organizaciones defensoras de los derechos humanos, nacionales e internacionales sobre la actual realidad mexicana.
Recién en noviembre la organización internacional Human Rights Watch (HRW) denunció la existencia en México de "militares y policías que han cometido violaciones de derechos humanos generalizadas y casi ningún caso está siendo investigado adecuadamente".
"Ni seguridad, ni derechos" se denomina en el informe de HRW, y lo puede bajar en la siguiente dirección web: http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/mexico1111spwebwcover.pdf
En México se están reprimiendo a los grupos sociales y laborales; asesinan periodistas; queman periódicos; las instituciones jurídicas no están haciendo bien su trabajo y los gobernantes desoyen a la ciudadanía y a las víctimas, porque prefieren escuchar los "consejos" de criminales de guerra como Joaquín Villalobos (*), el ex comandante guerrillero y gran propagandista de la "guerra abierta contra el narco" que asesora al mandatario mexicano Felipe Calderón.
El presidente Mauricio Funes está a tiempo de no cometer los errores de Felipe Calderón. Ojalá reaccione a tiempo y no cometa el fallo de someter a la población a Estados de Excepción, Intervenciones Militares o Tomas de Posiciones, todas ellas operaciones para situaciones de guerra pero no del combate de la violencia y la criminalidad.
El anuncio de la nueva guerra ya está echado. Esperemos a ver cuánto dura y cuántos serán los muertos…
(*) Joaquín Villalobos, además de ser uno de los responsables confesos del asesinato del poeta Roque Dalton (1975), es señalado en el Informe de la Comisión de la Verdad como autor de acciones criminales contra civiles durante la guerra salvadoreña (1980-1992). Ver Informe de la Verdad: http://www.derechoshumanos.net/lesahumanidad/informes/elsalvador/Casos-y-Patrones-de-la-violencia-E-F.pdf
