San Salvador / 11-06-2014
Por Juan José Dalton (El País)
El fiscal general de El Salvador, Luis Martínez, informó este martes de un hecho sin precedentes en la historia de esta pequeña y convulsa nación centroamericana: abrió una investigación contra el actual ministro de Defensa Nacional, el general David Munguía Payés, nada más y nada menos que por “tráfico ilegal de armas”. Nunca un fiscal general, que es el encargado de la investigación del delito, había llegado a tanto.
“Hay investigaciones que involucran a altos militares de la Fuerza Armada, que no tienen que ver con secretos del Estado o de seguridad de la Fuerza Armada; tiene que ver con tráfico ilegal de armas y tenemos toda la capacidad para proceder. Es falso que quisiéramos obtener información de seguridad nacional o generales de todas las armas de fuego del Estado. Estamos en una investigación muy puntual y objetiva”, afirmó el fiscal Martínez.
En días pasados, antes de que ocurriera el traspaso de mando presidencial, el 1 de junio, un grupo de fiscales llegó a las instalaciones del Ministerio de la Defensa Nacional, para investigar el inventario de armas, pero los militares negaron entregar archivos asegurando que se tratada de “seguridad nacional”. Entonces el ministro del ramo castrense era el general Munguía Payés, quien fue ratificado en el cargo por el actual presidente Salvador Sánchez Cerén.
Debido a que los militares negaron la entrada a los fiscales “las
investigaciones están suspendidas, pendientes de la reunión que tenga
con el comandante general de las Fuerzas Armadas”, explicó el fiscal
Martínez, en referencia a un encuentro que tiene programado con el
presidente Sánchez Cerén.
Más adelante, el encargado de la investigación contra el crimen aseguró que tiene “dos ramas de investigación. Para el día de mañana hemos citado al señor Raúl Mijango por el tema tregua y para el 18 al señor Munguía Payés. Él [el ministro de la Defensa Nacional] ya fue citado dos veces a la Fiscalía General y no se presentó. Mandó una nota que la seguridad del traspaso de mando presidencial le había absorbido mucho tiempo y otra en la que manifestó que estaría fuera del país; pero lo hemos citado un día después del día en que regresa del país”. Mijango es el exjefe guerrillero que junto al Vicario castrense intermedió en marzo de 2012 para que se materializara la llamada “tregua entre pandillas o tregua mara”, proceso al que el fiscal se ha opuesto.
La tregua entre pandillas, que data de marzo de 2012, bajó los homicidios de 15 a cinco diarios desde entonces. El fiscal Martínez y el director de Medicina Legal, Miguel Fortín, criticaron duramente la “tregua mara”, calificándola de “hipócrita” por el hecho de que habían disminuido los homicidios, pero habían crecido los desaparecidos y jamás bajaron las extorsiones, que en su mayoría son delitos cometidos por pandilleros.
“No sería nada sorpresivo que tuvieran alguna relación las armas que tienen algunos pandilleros con el tráfico denunciado. No lo podemos confirmar, esperemos lo que digan las investigaciones”, comentó el fiscal Martínez, quien añadió que “podemos asegurar que cientos de armas que debieron haber sido destruidas por la Fuerza Armada, no lo fueron”. Se refiere, por ejemplo, a unas 7.000 granadas de guerra que estarían en arsenales de delincuentes nacionales e internacionales y que el general Munguía Payés nunca habría dado explicación del porqué no fueron destruidas según las leyes castrenses. Todo ello, asegura Martínez que se investigará.
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| Presidente Sánchez Cerén recibe voto de lealtad de Fuerza Armada |
El fiscal general de El Salvador, Luis Martínez, informó este martes de un hecho sin precedentes en la historia de esta pequeña y convulsa nación centroamericana: abrió una investigación contra el actual ministro de Defensa Nacional, el general David Munguía Payés, nada más y nada menos que por “tráfico ilegal de armas”. Nunca un fiscal general, que es el encargado de la investigación del delito, había llegado a tanto.
“Hay investigaciones que involucran a altos militares de la Fuerza Armada, que no tienen que ver con secretos del Estado o de seguridad de la Fuerza Armada; tiene que ver con tráfico ilegal de armas y tenemos toda la capacidad para proceder. Es falso que quisiéramos obtener información de seguridad nacional o generales de todas las armas de fuego del Estado. Estamos en una investigación muy puntual y objetiva”, afirmó el fiscal Martínez.
En días pasados, antes de que ocurriera el traspaso de mando presidencial, el 1 de junio, un grupo de fiscales llegó a las instalaciones del Ministerio de la Defensa Nacional, para investigar el inventario de armas, pero los militares negaron entregar archivos asegurando que se tratada de “seguridad nacional”. Entonces el ministro del ramo castrense era el general Munguía Payés, quien fue ratificado en el cargo por el actual presidente Salvador Sánchez Cerén.
"No sería sorpresivo que tuvieran alguna relación las armas que tienen algunos pandilleros con el tráfico", opina la Fiscalía
Más adelante, el encargado de la investigación contra el crimen aseguró que tiene “dos ramas de investigación. Para el día de mañana hemos citado al señor Raúl Mijango por el tema tregua y para el 18 al señor Munguía Payés. Él [el ministro de la Defensa Nacional] ya fue citado dos veces a la Fiscalía General y no se presentó. Mandó una nota que la seguridad del traspaso de mando presidencial le había absorbido mucho tiempo y otra en la que manifestó que estaría fuera del país; pero lo hemos citado un día después del día en que regresa del país”. Mijango es el exjefe guerrillero que junto al Vicario castrense intermedió en marzo de 2012 para que se materializara la llamada “tregua entre pandillas o tregua mara”, proceso al que el fiscal se ha opuesto.
La tregua entre pandillas, que data de marzo de 2012, bajó los homicidios de 15 a cinco diarios desde entonces. El fiscal Martínez y el director de Medicina Legal, Miguel Fortín, criticaron duramente la “tregua mara”, calificándola de “hipócrita” por el hecho de que habían disminuido los homicidios, pero habían crecido los desaparecidos y jamás bajaron las extorsiones, que en su mayoría son delitos cometidos por pandilleros.
“No sería nada sorpresivo que tuvieran alguna relación las armas que tienen algunos pandilleros con el tráfico denunciado. No lo podemos confirmar, esperemos lo que digan las investigaciones”, comentó el fiscal Martínez, quien añadió que “podemos asegurar que cientos de armas que debieron haber sido destruidas por la Fuerza Armada, no lo fueron”. Se refiere, por ejemplo, a unas 7.000 granadas de guerra que estarían en arsenales de delincuentes nacionales e internacionales y que el general Munguía Payés nunca habría dado explicación del porqué no fueron destruidas según las leyes castrenses. Todo ello, asegura Martínez que se investigará.
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/06/11/actualidad/1402450607_861252.html
