Por Juan José Dalton (ContraPunto)SAN SALVADOR – “El inicio del juicio que se acerca cada día más, sin duda, va a ocasionar conmoción”, dijo la abogada española, Almudena Bernabeu, quien el pasado 13 de noviembre se presentó ante la Audiencia Nacional de España –Corte Suprema de Justicia en el caso salvadoreño- para acusar por “crímenes de lesa humanidad” al ex presidente salvadoreño Alfredo Cristiani y a más de una docena de militares, incriminados en la masacre de los padres jesuitas en 1989.
En un país polarizado y dividido como El Salvador, las reacciones han sido básicamente tres: unos deliran de alegría, otros patalean de rabia y otros están tremendamente incrédulos porque nada, nunca, se ha podido hacer en contra de los “intocables”. “¿Intocables?... para la justicia española, si hay pruebas de un delito no hay alguien que sea intocable”, reafirma la destacada jurista.
Esta vez no se trata de una acusación interpuesta ante un tribunal local que puede ser amedrentado, comprado o que no funciona a causa de las debilidades del sistema; tampoco en España se puede apelar a la Amnistía salvadoreña de 1993, ni el proceso español dictará recomendaciones o fallos como los del sistema interamericano, que a los gobiernos locales les han valido menos que un pepino con sal.
ContraPunto entrevistó –vía teléfono- a la abogada Bernabeu, quien tiene sobre sus espaldas la parte acusatoria (o querellante). La jurista pertenece al Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA, por sus siglas en inglés), de San Francisco, California, donde reside desde hace una década; es graduada en leyes de la Universidad de Valencia, España, en 1995, y tiene un impresionante record por haber vencido en juicios civiles en tribunales federales de Estados Unidos a dos ex ministros de la Defensa de El Salvador: generales Guillermo García y Eugenio Vides Casanova; al coronel ex jefe de la Guardia Nacional, Nicolás Carranza y al capitán Álvaro Saravia.
A los ex ministros castrenses se les sentenció por torturas; a Carranza por el asesinato de los líderes del Frente Democrático Revolucionario (FDR) y a Saravia, por el asesinato de Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Los acusados están obligados a pagar millonarias indemnizaciones a sus víctimas o a sus familiares sobrevivientes.
“Para comenzar debo decir que este es un proceso que está en el área penal, no en lo civil, como fueron anteriores casos en Estados Unidos. Hay plazos que cumplir pero estamos a tiempo”, explicó la abogada, quien representa como acusadora popular a la Asociación Pro Derechos Humanos de España y a CJA. La querella fue interpuesta ante un Juez Central de Instrucción de la Audiencia Nacional de España, quien a su vez ha enviado los alegatos al Ministerio Fiscal, para que revise y recomiende la admisibilidad del proceso.
Poco tiempo para una definición
“Este es un caso muy sólido; hay jurisdicción y hemos superado los trámites legales iniciales. Estamos a la espera de lo que informe el Ministerio Fiscal, lo cual esperamos que sea en un momento muy breve. Esperamos que la recomendación fiscal sea favorable y que el Juez Instructor admita el caso”, enfatizó Bernabeu.
ContraPunto ha sabido por diversas fuentes en Madrid que el Ministerio Fiscal dará su informe, de admisibilidad o no, en el transcurso de la primera semana de diciembre. Entre diversos sectores prima la apuesta de que el caso será admitido porque existe un elemento muy sólido: cinco de los seis sacerdotes asesinados aquél 16 de noviembre eran de nacionalidad española. El otro elemento, por supuesto poderoso, es que en El Salvador no ha habido ninguna posibilidad de justicia.
El caso jesuita ha sido bastante conocido e investigado: el FBI, Scotland Yard, la Comisión del Congreso de Estados Unidos (Moackley) y las diferentes instancias nacionales como del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Existen pruebas que son descalificadas únicamente por los ahora acusados. Además de Cristiani (presidente en 1989-1994) –a quién se le imputa encubrimiento- , están siendo acusados los generales en situación de retiro, Humberto Larios, René Emilio Ponce, Inocente Montano, Orlando Zepeda, Francisco Elena Fuentes y Juan Domingo Bustillo, entre otros.
“Yo tengo mucha, mucha fe en que el proceso se dará. Te explico un poco: este es un proceso penal y de acuerdo a la ley española, se permite que se puedan llevar a cabo distintas diligencias que en mi experiencia en casos civiles en Estados Unidos no se pueden llevar a cabo. Por ejemplo, el juez tiene potestades: ordenar arrestos, llamar a los acusados para tomarles declaraciones... Se nos va a permitir presentar pruebas que hemos trabajado desde hace más de cuatro años. Con ello poco a poco se irá mermando esa situación de intocables que tiene los acusados. Veremos que si las pruebas son validadas no hay nadie intocable ante la ley”, explicó la abogada, quien también indicó que la etapa de instrucción puede durar meses o incluso años.
España tiene en la memoria al menos tres sonados casos de Justicia Universal, como es el que ahora se presenta contra Cristiani y los militares, por graves violaciones a los derechos humanos en Latinoamérica. Los casos de Argentina y Chile, ocurridos en 1996. El caso contra el ya fallecido ex general Augusto Pinochet, quien no pudo ser extraditado desde Inglaterra por consideraciones de edad, pero en el caso de Argentina, el ex capitán Miguel Cavallo fue extraditado desde México, y a Adolfo Scilingo se mantiene un proceso en su contra.
También está el caso de Guatemala, por masacres de militares contra poblaciones indígenas, que está en proceso desde 2006, incluso, la querella con posibilidad de ampliarse, según fuentes judiciales.
“Yo me siento honrada de poder representar a las víctimas salvadoreñas. Los jesuitas asesinados eran españoles, pero realmente se sentían salvadoreños y comprometidos con ese país, al que admiro y aprecio. Este caso causará conmoción nacional e internacional porque a estas gentes poderosas, llegará el momento, que serán tratados como lo que han sido: criminales de guerra y violadores a los derechos humanos”, finalizó Bernabeu.
