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SAN SALVADOR - Era la madrugada del 16 de noviembre de 1989. La guerrilla salvadoreña había lanzado una ofensiva que abarcaba medio San Salvador, en especial, las zonas residenciales ricas. Había que detener el avance insurgente, pero el ejército se ensañó contra seis sacerdotes jesuitas y dos de sus empleadas.
Hoy aquel crimen abominable, pese a que se haya cometido hace 19 años, es símbolo de una de las acciones más repudiables en la historia de la Humanidad. El pedido de justicia internacional, por su negación en El Salvador, ha trascendido las fronteras y ha atravesado el Atlántico hasta llegar a la Audiencia Nacional de España, donde autores materiales e intelectuales, incluido el ex presidente Alfredo Cristiani, han sido demandados.
Esta vez el Estado salvadoreño y todos sus agentes no tienen capacidad de acción: si el tribunal español acepta la demanda, los implicados van a tener que presentarse a juicio y es posible una orden internacional de captura. Otra cosa: existe un tratado entre El Salvador y España sobre la extradición, el cual fue ratificado por el ex presidente Francisco Flores, con lo cual El Salvador no tendría forma legal de evadir cualquier solicitud del país ibérico. Evadirlo sería una afrenta grande y grave no sólo con España, sino con la Unión Europea (UE).
Pero hay una interrogante inmediata: ¿Qué hará el gobierno salvadoreño llegado el caso que los acusados sean requeridos? ¿Y si la solicitud la exigencia le cayera al próximo gobierno? ¿Y si el próximo gobierno no fuera del partido ARENA?
¿Quién abrió la herida?
Refiriéndose al “Caso Jesuitas” y la demanda en España, el presidente Antonio Saca decía que con la demanda se “abrirían heridas”. Pero debemos recordar quién fue el que abrió realmente heridas y que ocasionaron la muerte.
El amanecer de aquel 16 de noviembre fue escalofriante. Los cuerpos de cinco asesinados, que yacían boca abajo y con disparos en sus cabezas, fueron encontrados en el jardín de su residencia, ubicada en el interior de la Universidad Centroamericana (UCA) "José Simeón Cañas"; otro sacerdote fue acribillado en su cuarto, así como las dos mujeres.
Ese día fueron masacrados a sangre fría los sacerdotes jesuitas Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes Mozo, Amando López, Juan Ramón Moreno y Joaquín López y López; los cinco primeros de nacionalidad española y el último salvadoreño. También fueron asesinadas Julia Elba Ramos y su hija Celina Mariceth Ramos.
La orden girada desde el más alto nivel militar y en el Estado Mayor de la Fuerza Armada era liquidar al rector de la UCA Ignacio Ellacuría y "no dejar testigos", objetivo que el contrainsurgente Batallón "Atlacatl" cumplió al pie de la letra.
Desde entonces la memoria de los asesinados, o el alma -como dicen los religiosos-, recorre el mundo, como fuente de inspiración o reclamando justicia. El "Caso Jesuitas", como el "Caso Monseñor Oscar Romero" o el "Caso Roque Dalton", constituyen traumas locales que trascienden todas las fronteras, especialmente porque El Salvador vive un proceso democrático, pero los crímenes de lesa humanidad se mantienen impunes.
El múltiple crimen en la UCA, que constituye la mayor matanza que ha sufrido la comunidad jesuita en su historia, conmocionó al mundo. Washington, que era el sostén político y logístico del gobierno salvadoreño que presidía entonces Alfredo Cristiani, inmediatamente condicionó su apoyo a una investigación y a la sanción a los culpables.
Producto de ello el gobierno de turno creó una comisión investigadora que resultó en un juicio, en septiembre de 1991, en el cual fueron condenados los jefes del operativo: Guillermo Alfredo Benavides Moreno y Yusshy René Mendoza Vallecillos. El resto, siete acusados más por el asesinato, fue absuelto.
El 20 de marzo de 1993, a raíz de una amnistía general promulgada por Cristiani, los acusados fueron indultados y el caso cerrado.
Pero el 27 de marzo de 2000 el rector de la UCA, el jesuita José María Tojeira, acudió a la Fiscalía de El Salvador para demandar al ex presidente Alfredo Cristiani y al entonces ministro de la Defensa, general Rafael Humberto Larios; y a los miembros del Estado Mayor de la Fuerza Armada, René Emilio Ponce; Juan Orlando Zepeda; Francisco Elena Fuentes; Inocente Montano y Juan Rafael Bustillo.
A todos se les acusó por confabular y planear la llamada Masacre de los Jesuitas, pero el proceso dio por concluido cuando una jueza alegó que el crimen había prescrito.
La Compañía de Jesús y la UCA acudieron entonces a las instancias judiciales internacionales, es decir, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En la actualidad dos demandas están ventilándose en dicha instancia y una de ellas con posibilidades de llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En esta situación ha estado el proceso. El Estado ha protegido a los acusados con el mando de la amnistía y de la prescripción, pese a que los tratados internacionales afirman que los crímenes de lesa humanidad son no amnistiables e imprescriptibles.
Demanda en España
La Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) y The Center for Justice & Accontability (CJA), de Estados Unidos, ha demandado ante la Audiencia Nacional de España al ex presidente Alfredo Cristiani así como a 15 militares, entre oficiales y soldados; acusados de encubrimiento el primero y el resto de autoría directa en la masacre.
Entre las pruebas se presentan las investigaciones realizadas; interrogatorios a los querellados; el Informe de la Comisión de la Verdad (1993) y otros, como documentos los de la Organización de Estados Americanos (OEA), de Scotland Yard de Inglaterra, FBI de Estados Unidos y una investigación del congresista estadounidense Joe Mockley.
Los demandados en Madrid están acusados de crímenes de lesa humanidad; asesinato en el contexto de crímenes de lesa humanidad y terrorismo de Estado.
Esta demanda se da en un momento crucial en España, donde actualmente se están llevando a juicio crímenes cometidos durante la guerra civil española, en función precisamente de que no haya crímenes impunes.
Ese es un contexto favorable para los demandantes. La otra situación que hay que tomar en cuenta es que The Center for Justice & Accontability (CJA), de San Francisco, Estados Unidos, ha adquirido gran experiencia en juicios internacionales, como los ganados en contra de los generales salvadoreños Guillermo García y Eugenio Vides Casanova (torturas), Nicolás Carranza (asesinatos) y Álvaro Saravia (caso Mons. Romero).
No hay algo que diga que este caso no tendrá éxito, aunque lo ideal sería que el conflicto lo resolviéramos de una vez entre los salvadoreños.