JUAN JOSÉ DALTON (EL PAÍS)SAN SALVADOR - Después de mes y medio de una polarizante campaña, los nicaragüenses acuden mañana a las urnas para votar a 146 alcaldes. Sin embargo, un proceso que podría resultar normal en cualquier democracia, en Nicaragua, el dramatismo político actual, lo ha convertido en una elección entre el mal mayor o el mal menor.
Será la primera contienda política desde que el presidente Daniel Ortega asumió su segundo mandato, en enero de 2007, por lo que los comicios se consideran un referendo contra el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), aunque las papeletas del sufragio no contemplan pregunta alguna sobre la aceptación o no del actual Ejecutivo.
En siete municipios no se votará; son los pertenecientes a la Región Autónoma del Atlántico Norte y que fueron devastados por el huracán Félix en septiembre del año pasado. La decisión provocó protestas de las empobrecidas comunidades indígenas de la zona, que tendrán que esperar al próximo enero para elegir a sus mandatarios. Por lo demás, 3,6 millones de nicaragüenses votarán en más de 12.000 puntos del territorio, que estarán vigilados por 20.000 policías y soldados.
Aunque en los comicios participan cinco partidos o alianzas electorales, los principales protagonistas son el FSLN y el derechista Partido Liberal Constitucionalista (PLC), dirigido por el ex presidente Arnoldo Alemán, quien cumple una condena de 20 años de cárcel (arresto domiciliario) por grave corrupción. FSLN y PLC cuentan con un antiguo pacto por el cual se han repartido la institucionalidad del Estado. Aun así, en época de elecciones son encarnizados enemigos.
Las cabezas más visibles de la actual contienda son el ex campeón mundial de boxeo, Alexis Argüello, candidato a alcalde de Managua por el FSLN, que pretende noquear al empresario y ex candidato presidencial Eduardo Montealegre, postulado en la actualidad por un PLC unificado, que incluso ha tenido el apoyo de disidentes sandinistas, así como de organizaciones sociales, estudiantiles y religiosas, que creen que un triunfo del oficialismo le daría tal legitimidad que Ortega buscaría reformar la Constitución —como en Venezuela y Ecuador— para poder contemplar la reelección presidencial.
Antes del inicio de la campaña, el Consejo Supremo Electoral (CSE), dominado por el FSLN, anuló la participación de dos partidos: el Movimiento Renovador Sandinista (MRS) y el tradicional Partido Conservador (PC). La maniobra se interpretó como una "eliminación de bultos para que haya más claridad y menos confusión". La cosa no quedó ahí: organizaciones no gubernamentales y críticas con el sistema llegaron a ser acusadas de "lavado de dinero". Además, los movimientos feministas que acusan a Ortega de haber abusado sexualmente de su propia hija han sido vilipendiados y periodistas como Carlos Fernando Chamorro, director de programas de opinión en la televisión, reciben amenazas de cárcel por sus críticas.
La confrontación alcanza también a la Embajada de Estados Unidos y a las sedes diplomáticas de varios países de la Unión Europea, hasta el punto de que Finlandia ha decidido cancelar la cooperación con Nicaragua. El despotismo oficialista actual ha llevado incluso a que el organismo electoral haya decidido negar la acreditación a organismos nacionales y extranjeros para que supervisen las elecciones, algo que Ortega reclamaba cuando estaba en la oposición y se consideraba "víctima" de los fraudes y arbitrariedades de la derecha.
