Por Juan José Dalton (ContraPunto)ANTIGUA GUATEMALA – Descendientes de los fundadores de lo que ahora se conoce como Mesoamérica (región maya), así como de los territorios incas y aztecas, hicieron advertencias desgarradoras para la humanidad por los daños cometidos contra el sagrado elemento llamado agua, precisamente en el Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA), que sesionó recién en Guatemala.
Huracanes más arrasadores, caídas de montañas y sequías se nos vendrán encima porque los “dioses están furiosos”, coinciden autoridades indígenas de todos los confines. Científicos y expertos en temas ambientales le llaman al fenómeno “Cambio Climático”, cuyo origen está en la depredación de la Naturaleza.
El líder indígena José Carrillo de la Cruz, de 59 años de edad y originario de los territorios de las comunidades aztecas Wixaritari, viste con orgullo sus atuendos de “mayor de la casa”, encargado de las cosas de los dioses y el patio sagrado, pero aclara que no es sacerdote, a como lo conocemos los “no indígenas”.
El indígena, bautizado en su lengua como Haitemai (Nube Joven), fue uno de los presentes en las audiencias que el Tribunal Latinoamericano del Agua celebró en Antigua Guatemala (del 8 al 12 de septiembre), donde se procesaron y se resolvieron 10 litigios relacionados con el agua en territorios indígenas.
“Nosotros estamos aquí porque tenemos una amenaza en contra del agua que para nosotros es lo sagrado”, explicó Haitemai, quien añadió: “También están amenazados nuestros bosques y nuestras tierras porque allí está el agua”.
“Las grandes empresas internacionales quieren entrar en nuestras tierras y privatizar el agua con fines de mercado. Entonces, en los cuatro puntos cardinales donde las comunidades wixarikas tienen manantiales sagrados, ya no nos permitirían llegar ni obtener el agua para hacer nuestras ceremonias”, apuntó la autoridad indígena.
“Los dioses están molestos, es por eso que hay catástrofes en el mundo: el agua sobre sale del mar, por lo mismo que ya no soporta esa contaminación ni desastres; las tormentas cada vez más se hacen huracanes; en ocasiones se caen los cerros, porque tampoco soportan el daño... Eso es lo que nos dicen los dioses, que busquemos un equilibrio a favor de todo lo que existe. Por eso estamos en esta lucha”, finalizó Haitemai.
El tribunal
El Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA), es una organización no gubernamental que tiene su sede en Costa Rica y la dirige Javier Bogantes, quien la fundó hace más de 10 años. Quizá Bogantes nunca de imaginó que su labor llegaría a sentar en el banquillo de los acusados a Estados y a grandes empresas, acusadas de dañar gravemente el agua, de ríos, lagos y hasta la del subsuelo.
Pero las audiencias de este último septiembre se centró únicamente en “territorios indígenas”. “En la última década hay un fuerte impacto y una presión sobre los territorios indígenas ya que ahí se encuentran las mayores riquezas de biodiversidad, minas y los reservorios de agua más importantes”, explica Bogantes.
En contubernios, gobiernos y empresas, apoyándose en “leyes” de que el subsuelo es del Estado o aduciendo los derechos individuales, pretenden despojar a las comunidades indígenas de sus territorios para sacar provechos para el mercado.
Bogantes está contento porque en esta audiencia se presentaron tanto los demandados como demandantes (autoridades gubernamentales, de alcaldías y también de empresas). “Eso significa que se reconoce la jurisdicción del tribunal”, apuntó y agregó que “lo novedoso en esta última audiencia han sido los acuerdos de entendimientos entre los estados y las comunidades indígenas, por ejemplo, en cuatro de los 10 casos presentados”. (Ver Veredictos de la Audiencia en Guatemala, 2008).
El tribunal, que tienen un alto contenido ético y moral, pese a que no es vinculante, está ganando cada vez más credibilidad. Bogantes explica que “si los estados aplicaran realmente las leyes, las convenciones y los tratados internacionales, pues el TLA no tendría razón de existir, sin embargo, las audiencias se han hecho constantes y las denuncias que recibimos son cada vez más abultadas”. En Guatemala se procesaron 10 casos, además se recibieron otras 12 denuncias.
Entre sus jueces, en esta oportunidad estuvieron: Augusto Willemsen, destacado jurista especialista en Derechos Humanos de los pueblos indígenas, quien se desempeñó como funcionario de ONU y como Procurador Adjunto de Derechos Humanos durante más de 20 años, además ejerció el cargo de presidente del jurado del TLA en esta oportunidad; Philippe Texier, magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Francia y presidente del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas; Ángel Graña, geógrafo cubano especialista en espeleología que ha participado en múltiples expediciones y proyectos de investigación y Bolívar López Cansuet, subsecretario del Congreso General Kuna de Panamá que ha traducido obras del castellano al kuna y que ha representado oficialmente a la nación kuna en diferentes oportunidades.
Caso salvadoreño no divulgado localmente
El caso salvadoreño procesado en Antigua Guatemala, por el TLA, apenas se conoce localmente, pese a que los demandados por las Comunidades indígenas del cantón de Sisimitepet y Pushtan del Municipio de Nahuizalco son la Presidencia de la República, el Ministerio de Medio Ambiente, el de Salud Pública y Asistencia Social, así como la Alcaldía de Nahuizalco, en Sonsonate. A las audiencias no asistieron representantes de los demandados.
En concreto el TLA resolvió: 1) - Responsabilizar a las autoridades salvadoreñas por su negligencia en atender y resolver la seria contaminación que padece el río Sensunapán que aqueja a las comunidades de Pushtan y Sisimitepet. 2) - Responsabilizar a las autoridades municipales de Nahuizalco por su desentendimiento en atender las necesidades sanitarias y el bienestar de las poblaciones bajo su jurisdicción. 3) - Exhortar a las autoridades salvadoreñas a erradicar las fuentes de contaminación provenientes de las tres empresas agropecuarias, que operan al margen de las normas sanitarias salvadoreñas e internacionales. 4) - Exhortar a las autoridades salvadoreñas a abstenerse de otorgar permisos para la construcción de la represa Sensunapán II, atendiendo los principios 10 y 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (1992), del cual El Salvador es signatario. Ver: Veredicto sobre el caso salvadoreño.
