POR JUAN JOSÉ DALTON (ContraPunto)
SAN SALVADOR - Leyes y códigos enmarañados difíciles de comprender para los no expertos, así como el silencio de las autoridades estatales y de la prensa local dominante, esconden las irregularidades y quizás graves delitos de operaciones en el sistema financiero salvadoreño.
Prueba de ello son las supuestas evasiones fiscales y los perdones estatales a favor de tres bancos (Cuscatlán, Agrícola y Credimatic) por un monto mayor de 14 millones de dólares –del ejercicio de 2002) descubierto sin pagar al fisco y por tanto, incurriendo en una aparente ilegalidad.
El experto salvadoreño, Inmar Reyes, en declaraciones a ContraPunto, pone el “dedo en la llaga” de posibles actos de corrupción que debieran ser investigados y judicializados, pero hasta el momento lo que existe son “conspiraciones del silencio”. No obstante, la madeja de las irregularidades llegan a tanto que estallan en los momentos menos esperado, como ha sido el fiasco del ahora ex director de la policía, Francisco Rovira, quien al parecer también tiene “nefastas herencias” en sus gestiones en el Ministerio de Hacienda.
¿De qué se trata esta situación? En otros países, como Estados Unidos –para citar el ejemplo de la esencia del capitalismo global-, evadir impuestos es penado por la ley con años de cárcel y millonarias multas. La famosa leyenda de Al Capone capturado por evasión de impuestos ante la imposibilidad de probarle crímenes de sangre, nos da evidencias de la persecución, con la fuerza de un consenso social democrático, contra el delito fiscal.
En cambio, en El Salvador pocos se dan cuenta de los delitos fiscales. Casi siempre está detrás la complicidad del Estado. A ello se le llama corrupción y es un mal al que, como los homicidios y asaltos, los salvadoreños también se han acostumbrado.
En el resto de naciones centroamericanas hasta expresidentes han sido procesados y encarcelados por temas de corrupción. En El Salvador la corrupción es un “mito”; se habla de ella, pero no se ve.
“No hay espacio para gorrones”
“Los salvadoreños deben pagar sus impuestos. No hay espacio para gorrones que le roban la posibilidad de un mejor futuro para sus conciudadanos”, dijo el ex embajador de Estados Unidos en San Salvador, Douglas Barclay, el 16 de octubre de 2006 en su discurso al terminar su misión diplomática. Dijo más: que la inseguridad jurídica y pública, la corrupción son causas de la poco inversión que se realiza y ello disminuye las expectativas de desarrollo.
Inmar Reyes, experto auditor y fiscalizador, con 32 años de experiencia como empleado del Ministerio de Hacienda, y en la actualidad también diputado suplente del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), explicó a ContraPunto que en tres auditorias hechas en 2002 se determinó que el Banco Cuscatlán debía pagar 5,9 millones de dólares; el Banco Agrícola, 8 millones y el Credomatic, 232 mil dólares.
Dichas instancias bancarias, en razón de la ley, acudieron al Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y de Aduanas, instancia que procesó el caso y en febrero de 2008 emitió una sentencia en la que se “perdonó” a los bancos en detrimento del Estado.
El hecho de que un tribunal falle a favor o en contra no es delito, sin embargo, y en lo que denuncia Reyes, la composición del tribunal, de cinco personas, pero de ellas tres “inexpertas” o “no idóneas”, llama a sospecha que debería ser investigada de oficio por el Fiscal General, como apoderado del Estado, porque el fallo afecta al Estado en su conjunto.
Más aún, Reyes asevera que otras instituciones bancarias estaban siendo investigadas y que se detuvieron los proceso, de tal manera que los resultados de dichas auditorías no se conocen. ¿Debe esto ser investigado? Claro, de lo contrario el Fiscal General caería en ilegalidad, apuntó el experto.
Prueba de ello son las supuestas evasiones fiscales y los perdones estatales a favor de tres bancos (Cuscatlán, Agrícola y Credimatic) por un monto mayor de 14 millones de dólares –del ejercicio de 2002) descubierto sin pagar al fisco y por tanto, incurriendo en una aparente ilegalidad.
El experto salvadoreño, Inmar Reyes, en declaraciones a ContraPunto, pone el “dedo en la llaga” de posibles actos de corrupción que debieran ser investigados y judicializados, pero hasta el momento lo que existe son “conspiraciones del silencio”. No obstante, la madeja de las irregularidades llegan a tanto que estallan en los momentos menos esperado, como ha sido el fiasco del ahora ex director de la policía, Francisco Rovira, quien al parecer también tiene “nefastas herencias” en sus gestiones en el Ministerio de Hacienda.
¿De qué se trata esta situación? En otros países, como Estados Unidos –para citar el ejemplo de la esencia del capitalismo global-, evadir impuestos es penado por la ley con años de cárcel y millonarias multas. La famosa leyenda de Al Capone capturado por evasión de impuestos ante la imposibilidad de probarle crímenes de sangre, nos da evidencias de la persecución, con la fuerza de un consenso social democrático, contra el delito fiscal.
En cambio, en El Salvador pocos se dan cuenta de los delitos fiscales. Casi siempre está detrás la complicidad del Estado. A ello se le llama corrupción y es un mal al que, como los homicidios y asaltos, los salvadoreños también se han acostumbrado.
En el resto de naciones centroamericanas hasta expresidentes han sido procesados y encarcelados por temas de corrupción. En El Salvador la corrupción es un “mito”; se habla de ella, pero no se ve.
“No hay espacio para gorrones”
“Los salvadoreños deben pagar sus impuestos. No hay espacio para gorrones que le roban la posibilidad de un mejor futuro para sus conciudadanos”, dijo el ex embajador de Estados Unidos en San Salvador, Douglas Barclay, el 16 de octubre de 2006 en su discurso al terminar su misión diplomática. Dijo más: que la inseguridad jurídica y pública, la corrupción son causas de la poco inversión que se realiza y ello disminuye las expectativas de desarrollo.
Inmar Reyes, experto auditor y fiscalizador, con 32 años de experiencia como empleado del Ministerio de Hacienda, y en la actualidad también diputado suplente del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), explicó a ContraPunto que en tres auditorias hechas en 2002 se determinó que el Banco Cuscatlán debía pagar 5,9 millones de dólares; el Banco Agrícola, 8 millones y el Credomatic, 232 mil dólares.
Dichas instancias bancarias, en razón de la ley, acudieron al Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y de Aduanas, instancia que procesó el caso y en febrero de 2008 emitió una sentencia en la que se “perdonó” a los bancos en detrimento del Estado.
El hecho de que un tribunal falle a favor o en contra no es delito, sin embargo, y en lo que denuncia Reyes, la composición del tribunal, de cinco personas, pero de ellas tres “inexpertas” o “no idóneas”, llama a sospecha que debería ser investigada de oficio por el Fiscal General, como apoderado del Estado, porque el fallo afecta al Estado en su conjunto.
Más aún, Reyes asevera que otras instituciones bancarias estaban siendo investigadas y que se detuvieron los proceso, de tal manera que los resultados de dichas auditorías no se conocen. ¿Debe esto ser investigado? Claro, de lo contrario el Fiscal General caería en ilegalidad, apuntó el experto.
La posible impunidad
Reyes observa graves fallas no sólo en el Tribunal de Apelaciones, sino en la demora y en la agilidad para resolver los casos en la Dirección General de Impuestos Internos y en la Dirección General de Aduanas, que estaban a cargo de Francisco Rovira, quien recientemente tuvo que renunciar de la jefatura máxima de la Policía Nacional Civil (PNC), precisamente cuando se descubre que dos de sus asesores están involucrados en graves irregularidades cuando ejercían cargos en el Ministerio de Hacienda.
“Cuando se comenzó a conocer estas irregularidades del Tribunal de Apelaciones, pararon el seguimiento de emitir opinión de resoluciones en otros bancos, porque sabemos que se hicieron auditorias al resto de entidades. Estas entidades están inscritos como Grandes Contribuyentes. Ahí debe estar la información”, afirmó Inmar Reyes.
Finalmente Reyes apuntó que “así como hay quienes cometen delitos de evasión, hay cientos que están cumpliendo con la ley”.
Reyes observa graves fallas no sólo en el Tribunal de Apelaciones, sino en la demora y en la agilidad para resolver los casos en la Dirección General de Impuestos Internos y en la Dirección General de Aduanas, que estaban a cargo de Francisco Rovira, quien recientemente tuvo que renunciar de la jefatura máxima de la Policía Nacional Civil (PNC), precisamente cuando se descubre que dos de sus asesores están involucrados en graves irregularidades cuando ejercían cargos en el Ministerio de Hacienda.
“Cuando se comenzó a conocer estas irregularidades del Tribunal de Apelaciones, pararon el seguimiento de emitir opinión de resoluciones en otros bancos, porque sabemos que se hicieron auditorias al resto de entidades. Estas entidades están inscritos como Grandes Contribuyentes. Ahí debe estar la información”, afirmó Inmar Reyes.
Finalmente Reyes apuntó que “así como hay quienes cometen delitos de evasión, hay cientos que están cumpliendo con la ley”.
“También, tal como existen personas jurídicas, también hay personas naturales que cometen delitos... Del 2000 hacia acá llegan los auditores a preguntarle a los directores: ¿Y a don Fulano de Tal cuánto le decimos que pague de IVA?... Hubo a un director de Impuestos Internos que lo quitaron porque quiso hacer cumplir la ley, pero porque estaba tocando a los grandes, fue despedido”, acotó el experto.
