Padre Toño, frente a un mural dedicado al asesinado Geovani |
Por Juan José Dalton (EL PAÍS)
El sacerdote, de 37 años de edad, es originario del pueblo manchego de Daimiel (Ciudad Real), pero después de casi 15 años de residir en El Salvador se considera ya un salvadoreño y ha adoptado sus formas de hablar, aunque todavía con la entonación de su lengua madre: “La situación está yuca, hombre”, dice para expresar que el momento es difícil en lo que a violencia se refiere. El padre Toño llegó a El Salvador el 15 de agosto del 2000. “Era el aniversario de nacimiento de Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Tres años después me licencié en Teología de la Liberación, en la Universidad Centroamericana, con profesores como Jon Sobrino y José María Castillo. Vine aquí porque quise seguir el camino de Romero y de los padres jesuitas asesinados por soldados en 1989. Siempre quise desarrollar mi trabajo en América Latina. Presioné mucho ami congregación para que me enviara aquí y lo hicieron. Tenía 23 años cuando llegué”, rememora Rodríguez.
El sacerdote se asentó en Mejicanos, un municipio de San Salvador, la capital. “Venía de Europa a una de las zonas más pobres de América, y me impactó la violencia de la pobreza. Comencé a ver a niños y jóvenes asesinando niños y jóvenes…”. Afirma que desde que llegó han sido asesinados unos 300 jóvenes en esta zona. Otros 170, dice, están presos. Y unos 1.000 se han acogido a diversos programas de reinserción. A través del contacto directo con el problema, el padre Toño se ha convertido en una autoridad sobre las maras (las pandillas) y su evolución en El Salvador.
Sobre la reciente detención en España de pandilleros salvadoreños, el sacerdote considera que es un indicio de la colusión entre los delincuentes y sectores de las instituciones. “No podemos hablar de un fenómeno de internacionalización de las maras sin la penetración del Estado en ellas o de ellas en el Estado”.
En la operación de la Guardia Civil española cayeron 35 miembros de la Mara Salvatrucha, a la que el cuerpo de seguridad calificó como una estructura mafiosa que había abierto una sucursal española para lavar dinero procedente de El Salvador y de otros países centroamericanos por medio del establecimiento de bares.
En El Salvador, Honduras y Guatemala las maras se dedican especialmente a la extorsión en contra de la pequeña y mediana empresa, así como contra el transporte público. El padre Toño subraya el poder alcanzado por estas bandas ilícitas a través de su penetración en el Estado, por sus vínculos con la policía y con el ejército, que les han dado más fuerza. “Por ello han llegado hasta España”, apunta.
“Ya hemos tenido hallazgos en estos dos últimos años de comisionados de la policía vinculados con las pandillas y con gente que trabaja para organismos de la inteligencia del Estado. Incluso de un miembro del ejército vinculado al cartel narco de Texis”, asevera el sacerdote, tras señalar que “lo que las pandillas no han calculado es que en España no pueden desarrollarse debido a la realidad social diferente a la que existe en El Salvador y a la efectividad investigativa de la policía española”. “En El Salvador”, asegura, “lo que se hace es correr a los muchachos a través de redadas; en España se investiga el tema integralmente y luego se les golpea para desarticularlos”.
El sacerdote, de 37 años de edad, es originario
del pueblo manchego de Daimiel pero después de casi 15 años de residir
en El Salvador se considera ya un salvadoreño
El sacerdote es párroco de la iglesia de San Francisco de Asís, en Mejicanos, que se haya en el corazón de un territorio de maras y pandillas, donde dirige un centro de prevención de la violencia. Lo custodian dos policías de porque Rodríguez ha sido amenazado de muerte en varias ocasiones y algunos de sus colaboradores han sido asesinados. El último de ellos, Geovani Morales, un ex pandillero que fue acribillado a balazos a las puertas de la oficina del padre Toño, a plena luz del día, 5 de marzo de 2013.
El sacerdote pasionista asegura que en El Salvador ha habido un incremento de los homicidios relacionados con las pandillas. “Significa que todavía no hemos sido capaces de ejecutar una política efectiva de sostenibilidad de la paz. Todos los proyectos hasta ahora implementados, inclusive la tregua, han fracasado porque no han roto con la raíz y las causas estructurales de la violencia”.
La tregua fue un pacto entre los liderazgos principales de la Mara Salvatrucha y la 18, acordado en marzo del 2012, por medio del cual se logró reducir el promedio diario de homicidios de 15 a 5. Sin embargo, en los dos últimos meses el promedio ha ascendido a entre 8 y 10 homicidios diarios, y su tendencia es al incremento.
“Nos hemos equivocado de manera solemne en los planes antipandillas”, admite el religioso, para asegurar que el nuevo Gobierno, que encabezará el exguerrillero izquierdista Salvador Sánchez Cerén a partir del próximo primero de junio, deberá “desarrollar los territorios a nivel nacional, dedicando un presupuesto anual de entre 100 y 150 millones de dólares para programas dirigidos a la juventud y la niñez”. “Aquí es donde tenemos un retraso tremendo, en la atención social a la gente excluida”, asegura.
En segundo lugar, afirma, se debe “depurar a la policía y humanizarla, olvidarse de la mano dura y respetar los derechos humanos; al mismo tiempo retirar a los militares de la seguridad pública”. Finalmente, dice, hay que hacer efectiva la ley especial de retiro, de reinserción y rehabilitación de jóvenes pandilleros, es decir, “llevar adelante esta política pública de la rehabilitación”.