Por Juan Juan Dalton (El País)
El juez de la Corte de Inmigración de la ciudad estadounidense de Miami, Michael C. Cuerno, decidió que el exministro de Defensa de El Salvador, general José Guillermo García, otrora aliado de Washington en la guerra contrainsurgente en la década de 1980, debe ser deportado por su participación en una serie de violaciones de derechos humanos, incluyendo el asesinato de un arzobispo, de cuatro monjas y la masacre de más de 1.000 campesinos, según publicó el viernes The New York Times.
La decisión fue emitida el pasado 26 de febrero, pero no fue hecha pública por la Corte hasta que el diario estadounidense solicitó darla a conocer bajo la Ley de Libertad al Derecho de Información. Tras la solicitud, los funcionarios judiciales determinaron que "el interés público en la divulgación de la información era mayor que el interés en la privacidad del general García”, según aclara la autora de la nota, la periodista Julia Preston, conocedora del drama salvadoreño desde la guerra civil (1980-1992).
De acuerdo al reportaje el fallo del juez Cuerno fue más allá de procesos judiciales anteriores y encontró que el general García había desempeñado un papel directo en algunos de los asesinatos más atroces en El Salvador en momentos en que Washington apoyaba al ejército salvadoreño en su lucha contra los insurgentes del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), en la actualidad convertido en partido político y desde 2009 partido gobernante.
Contra el general García, y contra el también general y exministro de Defensa, Eugenio Vides Casanova, se han abierto varios procesos judiciales en el pasado en el Estado de la Florida. Uno de ellos en una corte civil en la que los demandantes Juan Ramagoza, Neris González y Carlos Mauricio, de origen salvadoreño, acusaron en 1999 a los exmilitares por torturas sufridas cuando estuvieron prisioneros. El juicio fue ganado por las víctimas y los exmilitares obligados a pagar indemnizaciones por más de 50 millones de dólares a las víctimas. Otro juicio por el asesinato, el 2 de diciembre de 1980, de cuatro monjas estadounidenses de la Orden Maryknoll, también fue ganado por las víctimas y los militares obligados a cancelar millonarias indemnizaciones.
En este último caso de la Corte de Inmigración en el que se procesaba
solo al general García por fraude migratorio, el juez Cuerno encontró
"pruebas claras y convincentes" de que el general García "asistido o no,
participó en 11 episodios de violencia que marcaron a El Salvador,
incluyendo el asesinato del Arzobispo de San Salvador, Óscar Arnulfo
Romero, cuando oficiaba una misa el 24 de marzo de 1980 en la capilla de
un Hospital de cancerosos".
De acuerdo al juez de Miami también encontró que el general García ayudó a ocultar la participación de los soldados que mataron a cuatro religiosas estadounidenses más tarde ese año. Él "sabía o debería haber sabido" que las tropas del ejército habían matado a los aldeanos, entre ellos mujeres y niños, en la población de El Mozote en diciembre de 1981, considerada una de las más grandes atrocidades de la guerra salvadoreña ejecutadas por el ya fallecido coronel Domingo Monterrosa.
“Estas atrocidades formaban parte de la política militar deliberada del general García como ministro de Defensa", dice el texto del fallo, en el que se agrega que García "fomentó, y se deja crecer, un ambiente institucional en el que las Fuerzas Armadas salvadoreñas apresaba a civiles indefensos con el pretexto de la lucha contra la subversión comunista ".
La deportación del general García no será inminente, dado que el acusado apelará la sentencia, tal como expresó su abogada defensora, Alina Cruz, al afirmar que "discrepamos respetuosamente con las conclusiones y resoluciones del juez de inmigración. El caso está siendo apelado y estamos seguros de que el general García será exonerado. Lamento que no puedo comentar más sobre este caso en curso", manifestó la defensora de García a The New York Times.
El general García tiene de 81 años de edad y fue ministro de Defensa desde octubre 1979 a abril 1983, años álgidos de la guerra civil en los que se cometieron el asesinato del Arzobispo Romero, el de las cuadro monjas estadounidenses, y de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, Marianella García Villa, así como las masacres de El Mozote y del Río Sumpul, en contiendas contrainsurgentes llamadas de “tierra arrasada”. Desde 1990 reside en Miami como asilado político.
En Estados Unidos hay tres casos abiertos para deportar a exaltos oficiales del ejército salvadoreño. Además de García están procesados el general Eugenio Vides Casanova, en Miami, y el coronel Inocente Montano, en Boston. Este último está involucrado en la matanza de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus empleadas, hecho ocurrido el 16 de noviembre de 1989; también es uno de los demandados por el juez Eloy Velasco, de la Audiencia Nacional de España, por el caso abierto en Madrid de la matanza de los jesuitas, cinco de ellos de origen español, entre los que destacan Ignacio Ellacuría e Ignacio Martín-Baró, prominentes figuras de la Teología de la Liberación.
Las posibles deportaciones de los exmilitares salvadoreños, dicen observadores políticos, responden a una nueva política girada en 2011 por el presidente Barack Obama, referida a no dar refugio ni visas de entrada a territorio norteamericano a personas involucradas en genocidios y en graves violaciones a los derechos humanos, o crímenes de lesa humanidad.
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/04/12/actualidad/1397333601_017760.html
El juez de la Corte de Inmigración de la ciudad estadounidense de Miami, Michael C. Cuerno, decidió que el exministro de Defensa de El Salvador, general José Guillermo García, otrora aliado de Washington en la guerra contrainsurgente en la década de 1980, debe ser deportado por su participación en una serie de violaciones de derechos humanos, incluyendo el asesinato de un arzobispo, de cuatro monjas y la masacre de más de 1.000 campesinos, según publicó el viernes The New York Times.
La decisión fue emitida el pasado 26 de febrero, pero no fue hecha pública por la Corte hasta que el diario estadounidense solicitó darla a conocer bajo la Ley de Libertad al Derecho de Información. Tras la solicitud, los funcionarios judiciales determinaron que "el interés público en la divulgación de la información era mayor que el interés en la privacidad del general García”, según aclara la autora de la nota, la periodista Julia Preston, conocedora del drama salvadoreño desde la guerra civil (1980-1992).
De acuerdo al reportaje el fallo del juez Cuerno fue más allá de procesos judiciales anteriores y encontró que el general García había desempeñado un papel directo en algunos de los asesinatos más atroces en El Salvador en momentos en que Washington apoyaba al ejército salvadoreño en su lucha contra los insurgentes del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), en la actualidad convertido en partido político y desde 2009 partido gobernante.
Contra el general García, y contra el también general y exministro de Defensa, Eugenio Vides Casanova, se han abierto varios procesos judiciales en el pasado en el Estado de la Florida. Uno de ellos en una corte civil en la que los demandantes Juan Ramagoza, Neris González y Carlos Mauricio, de origen salvadoreño, acusaron en 1999 a los exmilitares por torturas sufridas cuando estuvieron prisioneros. El juicio fue ganado por las víctimas y los exmilitares obligados a pagar indemnizaciones por más de 50 millones de dólares a las víctimas. Otro juicio por el asesinato, el 2 de diciembre de 1980, de cuatro monjas estadounidenses de la Orden Maryknoll, también fue ganado por las víctimas y los militares obligados a cancelar millonarias indemnizaciones.
Estas atrocidades formaban parte de la política militar deliberada del general García como ministro de Defensa", dice el fallo
De acuerdo al juez de Miami también encontró que el general García ayudó a ocultar la participación de los soldados que mataron a cuatro religiosas estadounidenses más tarde ese año. Él "sabía o debería haber sabido" que las tropas del ejército habían matado a los aldeanos, entre ellos mujeres y niños, en la población de El Mozote en diciembre de 1981, considerada una de las más grandes atrocidades de la guerra salvadoreña ejecutadas por el ya fallecido coronel Domingo Monterrosa.
“Estas atrocidades formaban parte de la política militar deliberada del general García como ministro de Defensa", dice el texto del fallo, en el que se agrega que García "fomentó, y se deja crecer, un ambiente institucional en el que las Fuerzas Armadas salvadoreñas apresaba a civiles indefensos con el pretexto de la lucha contra la subversión comunista ".
La deportación del general García no será inminente, dado que el acusado apelará la sentencia, tal como expresó su abogada defensora, Alina Cruz, al afirmar que "discrepamos respetuosamente con las conclusiones y resoluciones del juez de inmigración. El caso está siendo apelado y estamos seguros de que el general García será exonerado. Lamento que no puedo comentar más sobre este caso en curso", manifestó la defensora de García a The New York Times.
El general García tiene de 81 años de edad y fue ministro de Defensa desde octubre 1979 a abril 1983, años álgidos de la guerra civil en los que se cometieron el asesinato del Arzobispo Romero, el de las cuadro monjas estadounidenses, y de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, Marianella García Villa, así como las masacres de El Mozote y del Río Sumpul, en contiendas contrainsurgentes llamadas de “tierra arrasada”. Desde 1990 reside en Miami como asilado político.
En Estados Unidos hay tres casos abiertos para deportar a exaltos oficiales del ejército salvadoreño. Además de García están procesados el general Eugenio Vides Casanova, en Miami, y el coronel Inocente Montano, en Boston. Este último está involucrado en la matanza de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus empleadas, hecho ocurrido el 16 de noviembre de 1989; también es uno de los demandados por el juez Eloy Velasco, de la Audiencia Nacional de España, por el caso abierto en Madrid de la matanza de los jesuitas, cinco de ellos de origen español, entre los que destacan Ignacio Ellacuría e Ignacio Martín-Baró, prominentes figuras de la Teología de la Liberación.
Las posibles deportaciones de los exmilitares salvadoreños, dicen observadores políticos, responden a una nueva política girada en 2011 por el presidente Barack Obama, referida a no dar refugio ni visas de entrada a territorio norteamericano a personas involucradas en genocidios y en graves violaciones a los derechos humanos, o crímenes de lesa humanidad.
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/04/12/actualidad/1397333601_017760.html
